Opinión

"Desafíos y riesgos en el horizonte político guatemalteco"

"¿Corre peligro el binomio presidencial electo de tomar posesión el 14 a las 14? ¿Cuáles reacciones habrá esta semana después del nuevo caso? ¿Gozan de antejuicio un presidente y un vicepresidente electos?"

La semana pasada, el Congreso llevó a cabo el miércoles 15 una sesión maratónica en la que eligieron y juramentaron a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 mediante el acuerdo 14-2023. Es probable que el Congreso inicie esta semana la elección de los magistrados titulares y suplentes de las Salas de Apelaciones, un proceso que tomará más tiempo que el anterior debido al elevado número de candidatos, que ascienden a 270. Hace cuatro años, se hablaba de 135 titulares y 90 suplentes, cifra que podría cambiar. Aunque solo quedan 10 meses para concluir el período, es crucial recuperar el sistema republicano y no volver a permitir que la Corte de Constitucionalidad violente la Constitución.

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Además, se constituyó la comisión pesquisidora para conocer los antejuicios de los magistrados y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque algunos expertos sugieren una comisión para cada magistrado o suplente, decidieron conformar una sola comisión pesquisidora. Aunque se inició con la primera lectura del presupuesto, se interrumpió debido a la falta de cuórum. Mientras tanto, el tema de las interpelaciones permanece en pausa y las comisiones pesquisidoras avanzan lentamente, con incidentes inmaduros como el intento de cambiar a la presidenta de la comisión en el caso del vicepresidente de la República.

Simultáneamente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó su informe final, que abarca 108 páginas y analiza el período del 12 de mayo al 6 de septiembre con relación al proceso electoral. Además de proporcionar comentarios y críticas, el informe ofrece datos valiosos y recomendaciones. Destaca que las elecciones generales de Guatemala en 2023 se llevaron a cabo en un entorno generalmente tranquilo, pero con tensiones políticas. A pesar del compromiso ciudadano en defensa de la democracia, el país enfrentó limitaciones en la separación de poderes, restricciones a la libertad de expresión y el uso indebido de instituciones con fines electorales. Se señala como crítico la invalidación de candidaturas durante la inscripción, especialmente la de Carlos Pineda, primero en las encuestas.

El informe señala que el proceso electoral del 25 de junio contó con un récord de 22 candidaturas presidenciales y 28 partidos políticos. Aunque la presencia de numerosos candidatos contribuyó a la fragmentación del sistema de partidos, el resultado sorprendente fue la elección del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del partido Movimiento Semilla, quienes obtuvieron el segundo lugar en la primera vuelta, con el 11.74% de los votos, para luego remontar por su postura crítica y contra la corrupción. A pesar de tensiones e intentos de interrumpir la segunda vuelta, Arévalo y Herrera ganaron con el 60.91% de los votos el 20 de agosto. Sin embargo, la candidata Sandra Torres se negó a aceptar la derrota, generando tensiones políticas.

El documento destaca que el Congreso electo está fragmentado, con el partido Vamos liderando. Se señalan casos de abuso de poder en la campaña de la primera vuelta electoral que beneficiaron al partido Vamos en 17 de 22 departamentos. Además, se denunciaron casos de uso indebido de recursos estatales, como la utilización de vehículos gubernamentales y la distribución de dinero, alimentos y artículos domésticos, prácticas prohibidas por la ley que favorecieron al partido oficial. También se menciona que, en la segunda vuelta, el partido UNE inscribió a ciudadanos para recibir beneficios de programas sociales de resultar ganadora Sandra Torres.

El informe subraya que las tensiones políticas aumentaron después de las elecciones, con amenazas legales contra el presidente electo, denuncias y acciones de intimidación, incluyendo allanamientos a oficinas electorales. Se destaca la aplicación selectiva de la ley por parte de instituciones judiciales, afectando los derechos fundamentales y debilitando el papel del TSE. Este último organizó las elecciones de manera profesional, pero su credibilidad se vio afectada por acusaciones de partidismo y corrupción.

Agrega el MOE- UE que el padrón electoral fue mayor que en 2019 (9,361,68) y el 54% votó en la primera vuelta. Se señalan problemas de subregistro, especialmente entre los votantes jóvenes. Se destaca la judicialización excesiva y el abuso de procedimientos legales, socavando la seguridad jurídica y la separación de poderes. La libertad de expresión y prensa sufrió restricciones y las redes sociales desempeñaron un papel clave tanto para informar como para desinformar. A pesar de las deficiencias, las elecciones fueron mayormente pacíficas, con un compromiso democrático sólido por parte de los votantes y el personal electoral. No obstante, la cantidad de votos nulos (17.33%) y en blanco (6.98%) se consideró un signo del descontento ciudadano con la situación política. Es fundamental considerar este informe en las próximas discusiones en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual quedó instalada recientemente bajo el Acuerdo No. 1922-2023. Definitivamente, es crucial una transformación de la Ley Electoral.

En medio de la incertidumbre política en Guatemala, el caso “Toma de la Usac: Botín político” ha generado más preocupación. Acusaciones contra miembros universitarios, diputados y el exprocurador, por los daños estimados en Q90 millones, han llevado a solicitar antejuicio contra el binomio presidencial y diputados. La investigación vincula la toma universitaria con delitos como usurpación, asociación ilícita y destrucción de patrimonio nacional. Sin embargo, se esperan evidencias sólidas para un hecho tan grave y cargas de responsabilidad debidamente diferenciadas para cada uno de los acusados, especialmente porque algunos solo son cuestionados por girar mensajes en la plataforma X. Existe el sentimiento de que estamos retornando a la época de la CICIG donde no se seguía el debido proceso. ¿Corre peligro el binomio presidencial electo de tomar posesión el 14 a las 14? ¿Cuáles reacciones habrá esta semana después del nuevo caso? ¿Gozan de antejuicio un presidente y un vicepresidente electos?

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