Muchos hemos quedado escandalizados cuando la semana pasada la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) llegó a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con una orden de juez para “extraer las actas 4 y 8” en un plazo no menor de 48 horas.
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No se conocía a qué caso obedecía esta acción, sin embargo, el Ministerio Público (MP) puso en su página web una infografía, donde se refería que las diligencias de la FECI en el TSE se debían a denuncias que están siendo investigadas por distintas fiscalías tanto en el ámbito de delitos electorales, delitos administrativos, corrupción e impunidad. También decía que la investigación no tiene ninguna relación con el partido Movimiento Semilla ni sus dirigentes, pero sí con guatemaltecos que posiblemente han violado la ley.
El último fragmento de la explicación llamó especialmente la atención al decir: “La investigación se desarrolla en respuesta de los derechos de los denunciantes y únicamente busca averiguar la verdad, además se complementa con otros indicios obtenidos y declaraciones brindadas por guatemaltecos valientes a quienes agradecemos su respeto a la verdad y la ley. El pueblo de Guatemala puede tener por seguro que luego del análisis científico de la evidencia, en la audiencia pública, se podrán conocer todos los detalles al momento de levantar la reserva del caso”.
El viernes 29 de septiembre, el TSE presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del juez Freddy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, quien ha autorizado cuatro allanamientos en dependencias del ente electoral. La CC aceptó para su trámite las acciones y las remitió, por razones de competencia, a diversos órganos jurisdiccionales.
Los fiscales del MP y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvieron en la sede del TSE desde el viernes 29 hasta la madrugada del sábado 30, abriendo cajas y revisando papelería, llegando a extraer muchos documentos que pertenecen al TSE y, según comentó una magistrada, no se suscribió un acta de cuáles se llevaron. Fue indignante ver cómo los magistrados defendían la custodia de los documentos y de forma violenta y sin respeto extrajeron la información de la institución.
Hay al menos tres casos respecto al proceso electoral: el caso de Semilla, la denuncia a los miembros del TSE por la compra del sistema de informática y este tercero donde ponen en duda el escrutinio.
La mayoría tenemos claro que las elecciones tanto en la primera y la segunda vuelta se llevaron a cabo de forma pacífica y transparente. El sistema de Juntas Electorales ha demostrado desde el principio de la era democrática que funciona, cuida y respeta el voto ciudadano. Es este sistema piramidal que forman alrededor de 125 mil ciudadanos desde las Juntas Departamentales (24), las Juntas Municipales (339) y las Juntas Receptoras de Votos (24,427) que lo hace posible.
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La clave está en que el voluntariado de las Juntas Receptoras de Votos juntamente con los fiscales de los partidos políticos son quienes custodian los votos y hacen el escrutinio, para luego plasmar su resultado en el acta número 4. Obvio, imposible que queden nítidas, especialmente cuando, en la primera vuelta, hubo cinco elecciones con un promedio de 25 candidatos en cada papeleta. Seguidamente, esta acta se lleva a la junta municipal, la junta municipal traslada los resultados a la Junta Electoral y después de la audiencia de revisión, donde se analizan los votos impugnados en las mesas, se concluye el proceso. Las Juntas Departamentales (incluyendo la del Distrito Central y la del Voto en el extranjero) emiten el acta número 8 con los resultados finales al TSE.
Sin duda, fue una sorpresa que en la primera vuelta el partido Movimiento Semilla ganara el segundo puesto. Varios no estaban de acuerdo con el resultado. De hecho, algunos partidos políticos interpusieron una acción de amparo ante la CC y esta mandó el 1 de julio a repetir la audiencia de impugnaciones de los escrutinios de las elecciones generales del 25 de junio (primera vuelta) y remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después del cotejo de acta por acta por parte de las juntas electorales, ante los fiscales de los partidos, rindieron informe al TSE y este a su vez a la CSJ, autoridad que dio por cumplidas las disposiciones del amparo y el paso a la segunda vuelta el 20 de agosto. Es de resaltar que no hubo cambios significativos luego del cotejo. Se oficializaron los cargos, se otorgaron las acreditaciones correspondientes, luego se celebró la segunda vuelta, siendo ganadores Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Todo este proceso fue avalado por observadores locales e internacionales.
Aun así, un pequeño grupo mantiene la teoría de que hubo fraude en las elecciones. Especialmente, los que en las primeras encuestas sus candidatos salían en los primeros puestos. Sin embargo, días antes de la segunda vuelta las encuestas publicadas por la Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup el 16 de agosto explicaron que en la primera vuelta 6 de cada 10 votantes tomaron la decisión de por quién votar dos semanas antes y de estos 2 de cada 10 en la urna.
Los que hemos participado en las Juntas Electorales nos sentimos realmente indignados y no aceptamos la violenta y mediática intervención que ha tenido la FECI en el proceso electoral. Los guatemaltecos tenemos confianza y fe en nuestro sistema, estas acciones ponen en peligro por un lado la valiosa colaboración del voluntariado y por el otro no solo desacreditan el sistema electoral sino al propio país.
¿Qué va a encontrar la FECI? Preocupa que analice las actas desde una lógica punitiva y no electoral, lo que puede ser una amenaza en general. Desconozco quiénes son esos mil guatemaltecos valientes que según la FECI buscan la verdad, para conocer realmente cuánto conocen de nuestro sistema electoral y qué le han aportado. Esperamos una resolución rápida de las cortes y que el MP despeje todas las dudas. Basta ya, aceptemos todos los resultados de las elecciones, enfoquémonos en cómo resolver los desafíos de desarrollo que tenemos y emprendamos un nuevo camino hacia el cambio. ¿Qué opina de la intervención de la FECI en el proceso electoral? ¿Cómo nos debemos informar los ciudadanos evitando sesgos? ¿Cómo fortalecemos la democracia del país sin sacrificar la investigación?
