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El Ministerio Público de Consuelo Porras y la FECI de Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, avalados por el juez Freddy Orellana, los cuatro incluidos por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, abrieron varias cajas electorales de la primera vuelta. Lo hicieron basados en la denuncia de un ciudadano. Una denuncia que no conocemos a fondo, presentada por un ciudadano del que tampoco disponemos de mayores datos. Nadie sabe qué iban a buscar. Lo hicieron con lujo de fuerza. Tanta, que uno podía creer que era el operativo contra una red de narcotraficantes o alguna banda de trata de personas. Pero no. El aparatoso movimiento de policía y de fiscales era, aunque lo nieguen, para perseguir el voto ciudadano. Para intimidar a la población. Para demostrar cómo, con abusos de poder y vejámenes a la ley, nos siguen retrocediendo a los años más oscuros de la lucha armada.
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No sé cómo se ven en el espejo estos funcionarios. No me explico cómo intentan conciliar el sueño. No concibo cómo se atreven a darle la cara a sus familiares y amigos. No quiero ni siquiera imaginar lo que sentirán cuando se cruzan con sus vecinos. ¿Podrán visitar un centro comercial o ir a un restaurante sin que la gente alrededor se queje o muestre su rechazo? Ha de ser terrible y patético ser ellos. Ha de ser espantoso y cruel llamarse como ellos. Ha de ser espeluznante y horrible estar cerca de ellos.
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Ya no será suficiente la condena de la Historia. Ahora es imprescindible que una justicia renovada, imparcial y no vengativa se ocupe de los Porras, los Curruchiche, los Monterroso y los Orellana. El repudio social ya lo tienen. La vergüenza los perseguirá el resto de sus vidas, incluso siendo lo sinvergüenzas que son.
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Callar no es opción en este momento. Tampoco jugar a que no pasa nada. Toca actuar con resuelta serenidad y en el absoluto marco de la ley. Sin incurrir en ninguna violencia. Aunque la sangre hierva en las venas de la ciudadanía, es preciso controlar hasta donde se pueda las reacciones del vaso rebalsado. No será fácil. La provocación es descarada y rústica. El desborde podría llegar a ser inevitable. La receta para lograr evitarlo, si la hay, se resume en tres palabras: indignación con dignidad. Que la bajeza que está en ellos, quede en ellos. Recuerdo la frase de Mandela: “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas de manera correcta”.
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Seguimos sin la posibilidad de concretar una pacífica y civilizada transición. No hay manera de tomar en serio este proceso en medio del acoso del MP. Hace bien el presidente electo, Bernardo Arévalo, en retirarse de esas reuniones. Las circunstancias distan mucho de ser las propicias y no es descabellado pensar que la aparente buena voluntad de entregar el poder sea parte de una audaz y malévola puesta en escena. El contexto sugiere que la intención es hacerle la vida imposible a la próxima administración. Está claro que, por aberraciones ideológicas, hay algunos que verían con ojos de gran satisfacción que el gobierno del doctor Arévalo fracasara. Pero me estoy apresurando demasiado. Antes es inaplazable solventar este momento tan crispado. Primero hay que salvar la democracia. A los que levantan la narrativa del fraude no les importa nada. Carecen de escrúpulos. Prefieren la debacle del país que admitir la derrota. Así de malos son.
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Un compañero de trabajo me dijo esto después de los allanamientos del MP en el Parque de la Industria: “Lo que sentí cuando los fiscales abrieron las cajas electorales fue como si gente extraña fuera a revisar el ataúd en el que descansa mi padre en el cementerio. Lo vi como una profanación. Porque eso que estaban violando y ofendiendo era mi voto; el voto de todos”. Más claro, ni el agua.
