Luego de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, con un 45% de participación, el triunfo del binomio presidencial del partido Movimiento Semilla -Bernardo Arévalo y Karin Herrera- fue contundente con el 58% del total de votos. Sin embargo, el binomio del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres y Romeo Guerra, con 37%, aún no acepta la derrota.
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La segunda vuelta fue realmente una jornada excepcional. Aunque había temores que iba a haber problemas en los centros de votación, todo transcurrió con relativa tranquilidad y civismo. Prácticamente, a las 20 horas del 20 de agosto era claro que Arévalo sería el próximo presidente de Guatemala. Luego de contabilizar las 24,585 actas, la tendencia no cambió. Los resultados fueron muy similares a las dos encuestas realizadas con anterioridad y con las cifras que dio la tabulación paralela de votos realizada por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT). Obvio que varios no están de acuerdo con los ganadores, ni comparten sus propuestas, pero hay un sentimiento de unidad para sacar adelante al país y en general la mayoría de los guatemaltecos respeta los resultados y apoya la democracia.
Muchos seguidores del partido Movimiento Semilla celebraron en las plazas y en general la gente estaba satisfecha con la logística electoral del 20 de agosto. Sin embargo, poco duró la alegría. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 18 de agosto, dejó en firme el amparo interpuesto por Semilla para frenar la suspensión de su personalidad jurídica, privilegiando el período electoral, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) estuvo muy activa durante la semana.
El 22 de agosto, la FECI solicitó información respecto a las elecciones generales. Cuatro oficios se enviaron a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pidiendo datos de la primera y de la segunda vuelta electoral. Requirieron datos desglosados por municipio y departamento sobre la ubicación de los centros de votación. Además, los nombres, cargos y lugares donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), tanto por municipio como por departamento. También información sobre los miembros del cuerpo de revisores y los coordinadores de digitadores que fueron contratados en relación con las elecciones que tuvieron lugar el 25 de junio y el 20 de agosto en los 23 distritos electorales.
Los oficios establecen que la información solicitada debe entregarse tanto en formato físico como digital en la sede de la Fiscalía, dentro de un plazo que no exceda los cinco días. Esta acción causó, por un lado, indignación y, por el otro, temor. Es incomprensible por qué desean ese detalle de información, la que en ese plazo es imposible de recolectar, pues son más de 120 mil miembros de las JRV. Además, es de recordar que fueron reclutados de forma descentralizada por las juntas municipales y no por el TSE. Se percibe como una acción de intimidación, pues los voluntarios cuentan los votos, junto con los fiscales. Como me decía un amigo: “Van a acabar con el sistema electoral de Guatemala, donde participa la ciudadanía, ya que, después de tantos señalamientos, muchos no querrán aceptar dentro de cuatro años”.
De forma incomprensible, el 24 de agosto el Ministerio Público (MP) notificó al Congreso de la República sobre la suspensión del partido político Movimiento Semilla ordenada por un juzgado penal el 12 de julio. La presidenta del Congreso ha solicitado a su departamento jurídico que determine cómo proceder en este asunto, pues la suerte de la suspensión del partido fue temporalmente detenida por dos tribunales constitucionales.
Añadiendo más tensión a la situación, el mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al presidente y vicepresidenta electos, debido a la existencia de un plan para asesinar al presidente electo, llamado “Plan Colosio”. La CIDH solicitó al Estado guatemalteco tomar medidas para proteger sus vidas e integridad personal, ya que se encuentran en una situación grave y urgente. Las amenazas y seguimientos aumentaron después de la primera vuelta electoral y se informó sobre dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.
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El malestar de la gente, especialmente los simpatizantes de Semilla, han criticado severamente a la fiscal general y a otros dos fiscales y muchos se pronuncian en las redes sociales faltando el respeto a las autoridades. Públicamente, pidieron la renuncia de los tres y se manifestaron el viernes 25 de agosto frente al MP a las 11:00 horas, previo a una convocatoria. De manera sorpresiva resultó que la noche anterior la fiscal general interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente de la República, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. Su petición se basa en la preocupación que estas acciones violen la autonomía e independencia del MP en el ejercicio de la acción penal pública, como se establece en la Constitución. La medida de la fiscal busca que los funcionarios “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”. También, se está solicitando que la Procuraduría de los Derechos Humanos intervenga y pida medidas cautelares a la CIDH.
Luego, el viernes por la noche, la CC aceptó para su trámite el expediente que contiene el amparo interpuesto y solicitó los informes correspondientes para volver a sesionar hoy, lunes 28 de agosto. Muchos están preocupados de que se presente una acción contra la libre emisión del pensamiento. Y como si lo anterior no fuera suficiente, el mismo día, la UNE solicitó al MP investigar el sistema informático de conteo de votos, según un comunicado, “por una serie de irregularidades en las actas”. Solicita a la Contraloría General de Cuentas que realice una auditoría informática forense de todos los sistemas informáticos del TSE, entre otros.
Mientras tanto, las juntas departamentales, la del Distrito Central y la del Voto en el Extranjero continuaron trabajando. Se realizaron las audiencias de revisión, habiendo completado en tiempo y con el aval de los fiscales de ambos partidos. Se entregaron las cajas al TSE y ahora tocará la auditoría y la publicación donde se oficializan los datos lo más pronto posible. Esperamos que el panorama se despeje, que pronto se proclame al futuro binomio presidencial y se empiece a trabajar sin más distractores. La judicialización de este proceso ha sido excesiva y los guatemaltecos estamos exhaustos. ¿Qué opina del actuar de la FECI? ¿Cómo lograr procesos electorales con menos dificultades? ¿Por qué la UNE no acepta los resultados finales?
