No es alentador para el país lo ocurrido ayer en tribunales. Incluso con la sensación de que pudo ser peor. Nadie dudaba de que el periodista José Rubén Zamora iba a ser condenado. No por la contundencia de las pruebas, sino por el manejo tan arbitrario del proceso. Es evidente la saña con que se ha gestionado este caso. Las intenciones del sistema para usarlo como amenaza al gremio de prensa saltan a la vista. No existe el más mínimo intento de disimulo entre los operadores que buscan intimidar. La muestra palmaria de esto ocurre cuando se pretende abrir una nueva causa penal a Zamora por supuestamente falsificar su firma en boletas migratorias de varios años atrás. Tal planteamiento convierte a las autoridades en el hazmerreír de los analistas judiciales de aquí y de allá. Tiene razón Juan Pappier, de Human Rights Watch, al afirmar que un proceso llevado de esta manera corresponde con la lógica de un país como Cuba, donde casi cualquier crítica al régimen dictatorial que allá impera es castigado de inmediato. Eso, supuestamente, no debería ocurrir en una democracia como la que, se supone, todavía hay aquí. Es decir, para los que aún no han prestado suficiente atención, perseguir judicialmente a un grupo de periodistas y lograr con ello el cierre de un medio de comunicación no encaja con este modelo político que el gobierno jura venderle con éxito a las calificadoras de riesgo. Pero eso, precisamente, es lo que le ha sucedido a “elPeriódico” y a los colegas que ahí laboraban, ya sea como editores o reporteros, o bien como columnistas.
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Artículos en grandes diarios del mundo, como el “New York Times”, el “Financial Times” o “El País”, encendieron las alertas internacionales de lo que consideran un enorme atropello a la libertad de prensa en Guatemala. Me pregunto qué tipo de inversión extranjera se pensará atraer con titulares que declaran al país como un violador de derechos humanos al encarcelar y condenar a un crítico de la corrupción. Tal vez atraiga solamente a aquella inversión acostumbrada a sobornar funcionarios o a lograr tratos bajo la mesa para alcanzar sus objetivos.
Guardando las distancias de rigor, que son enormes, el caso de Jose Rubén es de algún modo similar al que se sigue en Estados Unidos contra Donald Trump. La justicia y la democracia están en juego en ambos países, a partir de lo que resulte de estos procesos. Si la acusación dirigida hacia el expresidente no es contundente y bien sustentada, el daño será irreparable. Y si aquí las fuerzas oscuras detrás de la persecución contra Zamora y la prensa se salen con la suya, el deterioro institucional, ya sumamente avanzado, terminará muy pronto con lo poco de esperanza que queda.
En medio de todo esto, si no pasa otra cosa, vienen las elecciones. La tensión va en aumento. Las patadas marcan el pulso del ambiente; tanto las voladoras como las de ahogado. Nadie descarta que pueda haber lamentables y lúgubres exabruptos de aquí al 25 de junio. Las amenazas contra los periodistas son públicas y descaradas. Y no hay institucionalidad de justicia capaz y confiable que se ocupe de semejante anomalía. Contrario a ello, es esa misma justicia la que intimida y la que acosa, estirando la cuerda hasta los límites más imprudentes, tal y como lo hicieron sus antecesores a los que tanto critican. Eso nos obliga a vivir en ese indeseable equilibrismo del colmo de los colmos en lo absurdo de lo absurdo. Y eso refleja un descalabro en ciernes que expone a la precaria cotidianidad del país a desmoronarse en cualquier momento.
Mi abrazo solidario para Chepe Zamora y para los periodistas que están en el exilio. Asimismo, para los colegas que sufren localmente las presiones y los ataques de quienes se empeñan en silenciar a la sociedad. Las cosas son como son: Mientras el fiscal Rafael Curruchiche opina que Estados Unidos debería incluir a Zamora en la lista Engel, un alto funcionario del Departamento de Estado ve en esta sentencia una amenaza al periodismo independiente y a la libertad de expresión. Quien tenga oídos que oiga. Punto.
