"Estado de Derecho"

Complicado para una persona que no es experta en derecho entender qué es lo que está sucediendo con varias de las candidaturas y los desafíos que se están llevando a cabo en este proceso electoral. Como bien se había advertido, es peligroso judicializar la política, ya que a menos de un mes de las elecciones muchos casos los están resolviendo las cortes. Hay incertidumbre de quiénes serán todos los candidatos; además, que la cantidad de partidos es muy grande, difícil diferenciar sus propuestas políticas y reconocer a los binomios y candidatos a diputados y alcaldes.

Es importante fijarnos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta debe cambiarse luego de las elecciones. A pesar de que se hizo una comisión luego de las elecciones pasadas y se trabajó mucho de parte de sociedad civil al respecto, no hubo cambios sustantivos. No ha habido un fortalecimiento de los partidos en los últimos tres años. Se sabe que “los dueños” de algunos partidos los venden, como que fueran meramente vehículos que los llevarán al poder, pero no hay organización ni formación política, ideología, principios y valores, y planes. Adicionalmente, hay candidatos que no son parte del partido.

Muchos comentan la ausencia de un Estado de derecho. Lo interesante es que pareciera que ciertas acciones para algunos fortalecen el Estado de derecho, pero para otros no. Definitivamente, sin Estado de derecho no hay democracia, razón por la que tenemos que velar por fortalecerlo.

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Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un Estado de derecho es: “Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

El Estado de derecho demanda de las siguientes características: (a) El Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio; (b) Los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y (c) La organización y regulación de la actividad del Estado debe incluir el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía -libertad, igualdad y propiedad-, la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones.

La existencia de un Estado de derecho brinda garantías para los miembros de una sociedad respecto al conjunto de acuerdos mínimos bajo los cuales se regirá su comportamiento y del proceso a través del cual se penalizará su incumplimiento. Asimismo, facilita la creación de condiciones para mejorar el nivel de vida de la población al contar con un gobierno efectivo para proveer bienes y servicios de calidad y un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas beneficiosas para el país.

Ahora bien, ¿cómo lo medimos si es débil o fuerte? En el año 2012, el World Justice Project (WJP) creó el Índice del Estado de Derecho (IED), analizando ocho factores y 44 subfactores. Cada factor y subfactor se mide a través de una escala de números decimales entre cero y uno, siendo uno la nota que evidencia un Estado de derecho más fuerte y cero la que muestra uno más débil. La medición proviene de un ejercicio de carácter cualitativo, en donde se asigna el punteo descrito a 463 respuestas a preguntas realizadas a dos grupos de cada país analizado: una muestra de mil personas representativa de la población y a un grupo de personas expertas en distintas ramas del derecho. En este ejercicio participan 140 países de todo el mundo: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global.

Acá los países se pueden clasificar como en cinco grupos desde los que gozan de un Estado de derecho fuerte hasta los que tienen uno más débil. Los países escandinavos y los países desarrollados son los que obtienen las mejores puntuaciones por arriba de 0.80 de 1, siendo el mejor Dinamarca, con 0.90. Sorprende Uruguay como el mejor de América Latina en el puesto 25 con 0.71 puntos. Guatemala se encuentra en el puesto 110 con 0.44 puntos, muy similar a los países vecinos.

Lo importante es analizar en qué estamos fallando y cómo mejorar para lograr un Estado de derecho más fuerte. La semana pasada, el CIEN presentó la evolución a lo largo del tiempo que ha tenido la calificación obtenida por Guatemala a nivel general y en cada uno de los ocho factores que forman parte de la medición. Los resultados para 2022 evidencian que el país puede ser catalogado como un lugar con un débil apego al Estado de derecho, una condición que ha experimentado poca variabilidad desde la primera medición -hace más de una década-. Los ocho factores son: 1. Límites al poder gubernamental (0.51), 2. Ausencia de corrupción (0.33), 3. Gobierno abierto (0.51), 4. Derechos fundamentales (0.53), 5. Orden y seguridad (0.59), 6. Cumplimiento regulatorio, 7. Justicia civil (0.34) y 8. Justicia criminal (0.28).

Como se puede observar, “orden y seguridad” es el que mayor punteo obtuvo, mientras que “justicia criminal” es el factor con menor calificación. Es importante señalar que tanto el factor “límite al poder gubernamental” como el de “orden y seguridad” se han mantenido durante la década con el mismo puntaje. “Ausencia de corrupción” pasó de 0.29 a 0.33; en años como 2014 y 2017 llegó a los picos más altos con apenas a 0.37. Ha mejorado en “gobierno abierto”, aunque estancados en los últimos cuatro años. Se ha perdido puntaje en “derechos fundamentales” de 0.59 a 0.53, el “cumplimiento regulatorio” sigue muy similar. Sin embargo, los aspectos de “justicia civil” y “criminal” preocupan: “Civil” pasó de 0.41 a 0.34 y “criminal” de 0.37 a 0.28, cuya evaluación en 2012/2013 fue de 0.37, pasó a 0.29 en 2016, luego hubo una leve recuperación en el periodo 2017-2020 y actualmente el puntaje es de 0.28.

La plataforma provee la evaluación de los subfactores de cada factor, lo cual, con un análisis profundo, se podría determinar cómo mejorar estos aspectos para fortalecer el Estado de derecho. Este es un análisis cualitativo -basado en las percepciones de los entrevistados-, razón por la que el CIEN recomienda analizar detenidamente cada subfactor, evaluar procesos y, en lo que se pueda, crear indicadores cuantitativos, trazar metas y con un esfuerzo conjunto ir robusteciendo el Estado de derecho. ¿Qué entiende por Estado de derecho? ¿Son las reglas claras, estatales y parejas para todos en el país? ¿Qué puede hacer cada ciudadano para fortalecerlo?