Opinión

María del Carmen Aceña: "Elecciones y democracia"

"El reto es gobernar con los principios democráticos y la separación de poderes, tema que en nuestros países ha sido sumamente difícil."

La semana pasada fue intensa para los guatemaltecos. Estamos a un mes de las elecciones y aún no tenemos claridad quienes serán los candidatos. A todos sorprendió que un perfil como el de Carlos Pineda, quien no tenía trayectoria ni experiencia política partidaria saliera en primer lugar como en las encuestas presidenciales. Un político que se suma al proselitismo antisistema, por lo que, siguiendo el guion, constantemente busca romper los rituales de forma y fondo de los tradicionales discursos partidistas y provoca situaciones que pocos se atreven. Usa la tecnología y redes sociales muy eficientemente, lo que le ha dado notoriedad y vigencia, para lo que la mayoría de la población encuestada le da la preferencia. Se postula por el partido Prosperidad Ciudadana -partido que “le dio jalón”, como él mismo ha dicho-.

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Luego de que el partido Cambio, donde el candidato Pineda participó, le interpusiera un amparo tramitado ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual el 19 de mayo otorgó un amparo provisional al señalar irregularidades en la asamblea del partido Prosperidad Ciudadana celebrada el 20 de noviembre en la cual fue proclamado Carlos Pineda y Efraín Orozco, como binomio presidencial, en el corto plazo, lo dejan fuera de la contienda electoral -a él y a todos los postulados a los distintos puestos del partido Prosperidad Ciudadana-. Lamentable que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral cometa este tipo de errores -saber cuántos hay similares-, y además preocupa la temporalidad del amparo.

A Pineda le queda presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, institución que deberá resolver el asunto. Es de recordar que aún no han resuelto la candidatura de otro binomio encabezado por Roberto Arzú, y la semana pasada resolvieron la firmeza de la candidatura a la presidencia de Zury Ríos.

Nuestro sistema democrático se está deteriorando y la República desmoronando. Si lo que buscamos es una democracia liberal no solo debemos llevar a cabo periódicamente elecciones -que ya están judicializadas políticamente y perdiendo credibilidad-, es imperante que prevalezca el Estado de derecho y un sistema de pesos y contrapesos, de lo contrario la arbitraria voluntad de los gobernantes someterá los derechos políticos y civiles del individuo. Definitivamente sin libertad de expresión no hay democracia. Las instituciones del Estado ya no están cumpliendo su rol.

Latinoamérica está presentando grandes desafíos de gobernanza y las democracias se están convirtiendo en autocracias. En Guatemala, debido a una resolución de la Corte de Constitucional respecto a la elección de las cortes, violando un plazo finito de la constitución, su relevo quedó en un impase entre la VII y la IX Legislatura. Con esta acción varios coinciden que inició la ruptura de la República. El Congreso actual, aunque constantemente lo pone en agenda, no ha llevado a cabo el proceso. Es de recordar que el Congreso concentra mucho poder, ya que, por un lado, elige a la mayoría de los altos funcionarios (Magistrados de las Cortes -Constitucionalidad, Suprema, apelaciones y Tribunal Supremo Electoral, Contralor, Procurador de Derechos Humanos, entre otros) sumando a la discrecionalidad que tiene en asignar y modificar el presupuesto. Con 19 bancadas en estos años era difícil creer que la mayoría “se pondrían de acuerdo” con una agenda legislativa. La pregunta es a qué costo. De los diputados actuales, el 78% está buscando la reelección.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha tomado todas las instituciones -el Congreso, las Cortes y la Fiscalía-. Lleva más de un año con un régimen de excepción donde los ciudadanos han perdido sus garantías. Tiene plenos poderes. La mayoría de los salvadoreños le aplauden por su decisión respecto a combatir a las pandillas, sin embargo, es a costa de la libertad. Y aunque su constitución prohíbe la reelección del presidente, hay una clara intención de quedarse en el poder.

Daniel Ortega metió presos a todos sus contrincantes políticos para luego celebrar elecciones y obviamente ganó. De una democracia electoral pasó a una autocracia electoral. Crítico de Anastasio Somoza, quien estuvo 16 años en el poder, y él lleva más de 27. La pareja presidencial se ha adueñado de Nicaragua.

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El reto es gobernar con los principios democráticos y la separación de poderes, tema que en nuestros países ha sido sumamente difícil. Cuando el presidente pertenece a un partido cuya oposición es mayoría en el Congreso resulta difícil mantenerse en el poder.

Un caso es el Perú, que en los últimos cuatro años ha tenido seis presidentes. Perú está en una crisis política tras la decisión del expresidente Pedro Castillo el año pasado de disolver el Congreso y de instaurar “un gobierno de excepción”, decisión que lo llevó a la cárcel por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Recién en el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión de aplicar el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana que se refiere a la Muerte Cruzada. Este le permite disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales. Esta decisión la tomó el presidente Lasso luego de que el Congreso le iniciara un juicio político y que no le permitía gobernar. Interesante que Rafael Correa quien fue presidente por una década (2007-2017), que apoyaba esa constitución, ahora comente que lo que hizo Lasso es ilegal.

Guatemala se encuentra ante un gran desafío. Los próximos días son cruciales para las elecciones para ya sea el debilitamiento o el fortalecimiento de la democracia. La mayoría de los guatemaltecos están cansados de lo disfuncional que se volvió el país para los ciudadanos. La judicialización de la política está perjudicando las elecciones, así como decisiones erráticas y mediocres que se han tomado en el TSE. Demasiados candidatos y una confusión total de quién terminará en la contienda. Como en elecciones anteriores, la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra. La situación angustia. ¿Qué opina que no haya certeza de los candidatos que pueden participar? ¿Cree en las elecciones? ¿Va a ir a votar?

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