En época de campaña, los candidatos presentan una serie de propuestas, muchas sin fundamento y sin conocer la realidad. En materia de seguridad ciudadana es importante al menos conocer las estadísticas -pocas, por cierto- y estudios recientes para al menos ofrecer reformas y políticas públicas que por un lado logren prevenir la delincuencia y por el otro fortalezcan las dos direcciones generales más importantes del Ministerio de Gobernación: la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario.
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En la última década hay que resaltar que se ha mejorado la tasa de homicidios en el país. En el año 2009 se llegó a cifras muy altas, con 6,498 homicidios y una tasa de 46.4 por cien mil habitantes. Guatemala se ubicaba entre los países más violentos del mundo de acuerdo con la violencia homicida. Ante este gran desafío, se iniciaron una serie de estudios.
En ese año se trabajó con un equipo de la sociedad civil el diseño de una política para prevenir la violencia y el delito. Se encontró que tanto víctimas como victimarios en su mayoría eran hombres jóvenes, no niños ni mujeres, como se percibía. También se descubrió que no todos los municipios en el país sufrían de este flagelo, los homicidios estaban focalizados en algunos departamentos, en especial en áreas urbanas marginales de ciertos municipios y no tenía relación alguna con el conflicto armado interno, ya que los departamentos que más sufrieron durante el conflicto tenían y mantienen tasas de homicidios bastante bajas.
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En aquella época se realizó una encuesta a nivel nacional con el objetivo de conocer la opinión ciudadana respecto a la delincuencia y cuál institución o personas deberían estar encargadas de la prevención. Fueron interesantes las respuestas, ya que la mayoría comentó que la prevención debería iniciarse en casa, reforzarse en las escuelas y vecindarios, y contar con el apoyo de las alcaldías para prevenir y fortalecer la PNC. Se refirieron también que las mejores políticas para reducir la violencia y el crimen eran la educación, el deporte y la generación de empleo, especialmente para los jóvenes.
Además, se tenía la percepción de que las pandillas en Guatemala eran las causantes de la mayoría de los crímenes. Sin embargo, se encontró que, a diferencia de El Salvador y Honduras, Guatemala tenía menos pandilleros; de hecho, menos del 10% de los privados de libertad eran pandilleros.
Toda esta información sirvió para iniciar acciones para la prevención de la violencia y el delito. También se elaboraron encuestas de victimización para estudiar la dimensión de otros delitos, conocer cuál porcentaje se denuncia y la confianza que tiene la población en las instituciones de seguridad y justicia. La última, publicada en el año 2018, tiene datos reveladores que apoyan a mejorar las políticas públicas.
Actualmente, las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina -LAPOP- de la Universidad de Vanderbilt muestran que la cifra de personas que habían sido víctimas de un delito en el último año bajó del 23% en 2010 al 19.5% en 2021. Sin embargo, la proporción de personas que se sentían inseguras en su barrio aumentó del 38% al 44% en el mismo periodo.
Las cifras reportadas por la PNC muestran que la tasa de homicidios en el año 2022 fue de 17.3 homicidios por 100 mil habitantes, la cual se redujo desde el año 2009, que era de 46.4%, lo que significa una disminución de más de la mitad de los homicidios anualmente (3,004). Las tasas más altas de homicidios se registran en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Chiquimula y junto con Izabal acumulan dos tercios de todos los homicidios en el país. El 85% de las víctimas del último año fueron hombres y un 84% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Además, en el 58% de todos los homicidios, la víctima tenía entre 18 y 35 años.
Hay varias organizaciones que comentan que la restricción del uso de armas de fuego contribuiría a reducir la violencia homicida. Al igual que Guatemala, a nivel mundial las armas de fuego son el primer instrumento utilizado para cometer hechos violentos que culminan en lesión o muerte. Ello puede ser en un ambiente de situaciones de conflicto, tanto en guerras entre Estados como civiles. No obstante, la mayor cantidad de reportes de letalidad se toman por hechos provocados por el uso de armas de fuego en poder de civiles o sujetos no estatales, por motivos muy distintos.
El año pasado en Guatemala 8 de cada 10 homicidios fueron cometidos por armas de fuego; seguidos por armas blancas (10%), estrangulamiento (4%), arma contundente (3%) y linchamientos (0.5%). De esa cuenta, existe una natural y apresurada generalización a correlacionar la cantidad de armas de fuego en posesión de particulares con la situación de violencia homicida de un país. Para desvirtuar tal aseveración, es importante señalar que la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) reporta un aumento en el número de armas registradas, cuando Guatemala tiene un descenso de los homicidios. Según un experto del Inacif, de los homicidios cometidos con arma de fuego, alrededor del 90% se hizo con armas ilegales (no registradas). Por lo tanto, lo importante es lograr una disminución de las armas ilegales.
Importante que los distintos candidatos tomen en cuenta estos estudios para hacer propuestas concretas y coherentes con la realidad del país. La prevención de la violencia y el delito debe ser una prioridad en los planes de gobierno. ¿Cuál candidato tiene una buena política de prevención? ¿Por qué la gente se siente insegura? ¿Cómo logramos más educación y empleo para los jóvenes?