El sistema de celebración de elecciones en Guatemala fue diseñado con mucha sabiduría, ya que el Lic. Arturo Herbruger Asturias señalaba que “una elección es tan importante que no solo debemos dejarla en manos de los políticos y de los funcionarios, sino que debemos involucrar a los ciudadanos”. Así es como surgen las Juntas Electorales Departamentales (JED), que luego forman las Juntas Electorales Municipales (JEM) y estas a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Estas últimas están integradas por cinco ciudadanos que atienden las mesas de votación, hacen el conteo y entregan los resultados a las JEM y estas a las departamentales.
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A pesar de que no se ha cerrado el proceso de empadronamiento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo una proyección de 9.8 millones de empadronados, 25,600 JRV y 3,770 centros de votación en todo el país. Se calcula que son alrededor de 130 mil ciudadanos voluntarios los que se involucran en el proceso para que el voto del guatemalteco sea respetado.
La semana pasada sorprendió a varios ciudadanos la publicación de la Resolución No. 45-2023 del TSE en la cual se hace la adquisición del “Programa informático para transmisión de resultados preliminares del Proceso Electoral 2023”, ya que sus términos de referencia no habían sido públicos. Hubo dos ofertas: la primera de Q113,957,424 millones (Productos Business Solutions) y la segunda de Q148,850,250 (Datasys Guatemala), ambas sociedades anónimas. La Junta Receptora de Ofertas resolvió irse por la segunda por tener plan alterno y llenaba requisitos de control de calidad y que cumpliría las fases de la cadena de custodia del voto.
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Al analizar los términos de referencia para su contratación, se encuentra que es un programa de software, lo cual varios expertos han mencionado que está altamente sobrevalorado. Algunos mencionan que un costo razonable podría estar entre Q1.5 y Q4 millones. Adicionalmente, para que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) del Tribunal funcione, deberá contar con toda la infraestructura tecnológica.
Si uno compara estos términos de referencia con los presentados el año pasado “Software e infraestructura tecnológica para digitalización, trasmisión, digitación, verificación y publicación de resultados preliminares e información del Proceso Electoral 2023”, mucho fue extraído de estos y el proceso se adaptó a la Ley Electoral -aunque uno de los mexicanos que explicaba a los fiscales el programa comentó que él no conocía la ley de Guatemala, por lo que se puede suponer que es una especie de licencia de un programa que se adapta.
La infraestructura tecnológica no se incluyó, por lo que de igual forma tendrán que gastar en computadoras, escáneres, UPS y conectividad, así como contratar a los digitadores por al menos dos meses (un mes por cada vuelta electoral). Deben tomar en cuenta la distribución a las 4,709 estaciones, que se encontrarán en los distintos centros de votación y realizar pruebas. Esto requerirá de una excelente planificación, una buena logística y muchos recursos adicionales. Igual se deberán hacer múltiples ensayos, auditorías e invitar a los fiscales y expertos externos para que den su opinión. Tomando esto en cuenta, resulta que el TREP podría estar costando entre Q250 millones y Q300 millones, prácticamente la mitad de los procesos electorales anteriores. Es de recordar que el costo de las elecciones en el año 2011 fue de Q505 millones, en el de 2015 fue de Q500 millones, en el de 2019 fue de Q695 millones y para 2023 hay una proyección Q1,263 millones (el doble que la pasada).
El TREP es importante, pero no se justifica invertir tantos recursos para su funcionamiento. Tradicionalmente, el TSE hacía el software y utilizaba sus equipos. Sin embargo, en la última elección hubo un error en el conteo de votos debido a que modificaron de forma errónea un código. El programa solo consideraba 20 organizaciones políticas y para elecciones de diputados por Listado Nacional, distritales y algunas corporaciones municipales el problema se dio cuando se inscribieron más de 20 organizaciones. A este se le denominó “Patrón 21”. Acá faltó auditoría.
Definitivamente, los magistrados del TSE no quieren cometer de nuevo este tipo de errores y está bien que tengan un sistema, pero a un costo razonable. De nuevo es de resaltar que debido a que los resultados definitivos de las votaciones los entregan las Juntas Electorales (JRV, JEM y JED) -ver artículos 177 (d), 178 (h) y 186 (n)- no fracasó la elección pasada; mayor razón por la que a estas se debe apoyar con recursos para la compra de equipo y tecnología necesarios para un conteo ágil y transparente de votos para dar los resultados definitivos rápidamente.
Las juntas electoras del departamento de Guatemala en distintas elecciones trabajaron un sistema con GBM. La empresa y los miembros de las juntas fueron diseñando un sistema muy eficiente para el conteo de los votos en el departamento. Había un solo coordinador y responsable de proveer el servicio. Lo que no gustaba a algunos de los miembros del TSE es que los equipos se arrendaban, no quedaban como propiedad del Tribunal. Sin embargo, era más barato, ya que la tecnología cambia tan rápido, que luego el equipo quedaba obsoleto y no le servía al TSE. En la última elección (2015) las juntas contrataron a GBM por Q12.7 millones. Supongamos que todas las juntas del país optaran por hacerlo de manera similar, se estima que el costo sería entre Q60 y Q75 millones -esto, tomando el grado de dificultad de la conectividad, la logística de algunos departamentos y la inflación-. Un sistema similar hubiera podido contratar el TSE e incluye todo el sistema. El equipo que la institución requiere para operar debería comprarse por separado. Esto daría mucha más transparencia.
A continuación, algunas recomendaciones: A los magistrados, que se dejen asesorar de personas técnicas que han tenido experiencia en elecciones en Guatemala para llevar a cabo los distintos procesos, publicar todos los eventos realizados y los que están pendientes, y ser austeros. Importante que aprueben los presupuestos y asignen los recursos a las Juntas Electorales y trabajen en equipo. A los partidos políticos, nombrar a sus fiscales informáticos, a los medios de comunicación informar y a la ciudadanía que se apodere del proceso -aceptar ser parte de una junta si se lo solicitan- y motivar a que todos los guatemaltecos vayan a votar. ¿Va a ir a votar? ¿Ya tiene en mente sus candidatos? ¿Confía que el proceso de elecciones será seguro y eficiente?