Cuando cayó el Muro de Berlín en noviembre de 1989, muchos pensaron que era el fin de los países comunistas, autocráticos y represivos. Era evidente que los sistemas centralizados, con economías planificadas, con ausencia de la propiedad privada, sin libertades individuales y respeto a los derechos humanos no eran la solución para el desarrollo. También varios países que gozaban de libertad económica y no de libertad política pasaron a sistemas democráticos.
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Centroamérica dio un claro ejemplo durante los años 80, pues tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se promulgaron nuevas constituciones que buscaban convertirse en repúblicas y fortalecer sus sistemas democráticos. En las elecciones de 1990 en Nicaragua, Violeta Chamorro ganó la presidencia y obtuvo la mayoría en el congreso luego de más de una década del gobierno autoritario sandinista. Se firmaron acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, se abrieron las economías al mundo y se realizaron proyectos novedosos de educación y salud en los distintos países. Costa Rica siempre llevaba la delantera, sin embargo, la paz y la prosperidad en la región, como la democracia, favorecieron a todos. Se perfilaba un gran futuro.
Décadas después, encontramos un retroceso importante en la democracia y sus instituciones en la región. Guatemala tuvo un rápido proceso de democratización a finales del siglo pasado y, aun cuando no ha retrocedido tanto como en otros países, se puede observar un estancamiento generalizado durante la última década.
Según el V-Dem Institute, en el año 2022 Costa Rica mostraba un liderazgo en democracia liberal en la región. Incluso a nivel global ocupa una posición privilegiada, siendo el único país de la región considerado como una democracia liberal. Le sigue Guatemala, con un rezago significativo, el país es considerado una democracia electoral (pero, con riesgo de ser considerada en una categoría inferior). Por su lado, El Salvador, Honduras y Nicaragua son considerados autocracias electorales. Sin embargo, vale la pena notar que Nicaragua mostraba ya un deterioro significativo en los últimos años y está a poco de ser considerada una autocracia cerrada. Las últimas actividades del presidente en El Salvador, aún no evaluadas, son una clara tendencia más a la autocracia.
De acuerdo con el informe anual de la revista británica “The Economist” de 2022, la democracia mundial ha sufrido un retroceso sin precedentes. Por lo tanto, esto es un problema global.
Un reporte que compara 2021 respecto a 2008 del Índice de Libertad Humana elaborado por el Fraser Institute y el Cato Institute muestra una ligera disminución en el nivel de libertad global. En este reporte, más jurisdicciones han reducido su calificación (71) que las que aumentaron (67). Dicho de otra manera, 83% de la población global redujo su libertad respecto a la que tenía en 2008. En el año 2021 Guatemala se encontraba en el puesto 65 de 165 países y su calificación bajó de 7.35 a 7.21 de 10 puntos. Sin embargo, al ver los índices por separado, en términos de libertad económica ocupa el lugar 32. Pero, en términos de libertad personal ocupa la posición 81. Esto contrasta con Costa Rica (37) que en libertad económica ocupa la posición 40 y en libertad personal la 38. En términos económicos, Costa Rica está ligeramente por abajo de Guatemala, pero, mucho mejor en libertad personal, mostrando un mejor balance en su calificación global.
Recientemente, en las reuniones y foros en Guatemala surge la conversación de las elecciones, el tema del sistema político, la forma de gobernar, los abusos que están sucediendo a nivel de las altas esferas del gobierno, la falta de desarrollo y la pregunta de cómo lograr mejor la gobernanza.
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Gobernanza se define por algunos expertos como forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado, para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. El desafío es, por un lado, gobernar y, por otro, una buena gobernanza. Naciones Unidas indica que gobernanza son todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. “La buena gobernanza” añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos. Se señala que los atributos esenciales de la buena gobernanza son alta transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la participación y la capacidad de respuesta a las necesidades de la población.
Ahora bien, ¿cómo mejoramos la situación en el país? Constantemente, la población se queja de la falta y la mala calidad de servicios públicos, se señalan procesos poco transparentes y de corrupción, dice no identificarse con sus gobernantes, hay poca confianza en sus instituciones y la mayoría no aprueba el desempeño del presidente. Esta situación solo merma la democracia.
De hecho, el Barómetro de las Américas indica que el apoyo a la democracia va a la baja: En el año 2021 en Guatemala el 53% apoyaba este sistema y en promedio, el 61 % de los países que participaron está de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno.
De cara a las elecciones, debemos exigir a los candidatos cuáles son sus planes para fortalecer las instituciones, contar con una división de poderes, evitar el “Estado patrimonial”, rendir cuentas, modernizar la gestión pública y empezar a dar resultados a lo que la población que demanda: salud, educación, empleo, seguridad y justicia, infraestructura y menos burocracia.
Importante tener foros y discusiones con base en estudios técnicos para entender la situación y buscar los mecanismos para cambiar. ¿Cómo lograr que el gobierno responda a los ciudadanos? ¿Qué requiere nuestro sistema para fortalecer la democracia y no caer en un Estado patrimonial? ¿Existe otro sistema político que sea sostenible?
