En el último mes la inseguridad ha aumentado, según algunos medios de comunicación y conversación con algunos vecinos. La persecución de las pandillas por parte del presidente de El Salvador ha provocado que varios de sus miembros hayan migrado a Guatemala, entre ellos cabecillas. A pesar de que se han detenido a varios y extraditado, persisten las noticias y la alarma en las redes sociales.
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Por otro lado, resurgieron bandas que operan muy violenta y sorpresivamente. Han logrado ingresar a viviendas y condominios que tienen seguridad, cercanas algunas a barrancos. Varios comentan que las autoridades “se han tardado” en encontrar a estos delincuentes mientras que las noticias siguen girando. Es difícil que la mayoría de la gente comprenda que deben hacerse investigaciones por parte de la policía (PNC) y el Ministerio Público (MP) con el apoyo de Inacif, para que luego un juez emita la orden de aprehensión.
Lamentablemente, estos hechos nos hacen sentir más inseguros y terminan borrando los avances que ha habido en el país en materia de seguridad en la última década. Es de recordar que en el año 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 46.4 y en el año 2022 fue de 17.3 (mayor que la de los dos años de Covid, pero menor a la del año 2019 que fue 20.1). Ya no estamos entre los países con mayores tasas de homicidios, de hecho, en el año 2021 las tasas de homicidios de la mayoría de los países de Centro América, Venezuela, Belice, México, Colombia e inclusive Puerto Rico eran mayores que la de Guatemala.
En cuestiones de percepción, según la encuesta LAPOP, mientras que en el año 2012 la victimización había sido de 20.8%, la percepción de inseguridad era de 31.5%. Para el año 2021, la victimización era de 19.5%; sin embargo, la población se sentía más insegura (43.8%). Claro está que la victimización también aumentó después de los dos años de la pandemia al quitar las restricciones de movilidad. Según un estudio del Monitor Global del Emprendimiento durante la pandemia la victimización bajó. Sin embargo, en el año 2022 regresamos a niveles similares al del año 2019.
El desafío es grande y como centro de investigación opinamos que, aunque el año 2022 es un año electoral, se pueden realizar acciones clave para 2023, para ir mejorando la seguridad ciudadana y además la percepción. Esto favorecerá a la ciudadanía y además dejará un Ministerio de Gobernación más sólido para el próximo gobierno. El CIEN hace énfasis en las dos direcciones más importantes: Policía Nacional Civil -PNC- y Sistema Penitenciario -SP-. Adicionalmente, se recomienda optimizar la coordinación de las instituciones relacionadas con la justicia penal.
El gobierno actual inició una tercera reforma policial. En este sentido, las acciones a implementar deben concentrarse en mejorar el recurso humano y utilizar la tecnología para avanzar. A diciembre de 2022 se contaba con una tasa de 23.4 policías por cada 10 mil habitantes (40,647 agentes), notablemente mayor a la tasa de 14.7 en el año 2007, pero aún debajo de la tasa de 2017 (24.5). Durante el presente año, debe trazarse una estrategia para alcanzar un número óptimo de agentes, para lo cual deben alinearse las estrategias de formación inicial y reclutamiento. También es importante diseñar un nuevo modelo educativo y pedagógico para la formación inicial, para contar con un cambio sustancial en el perfil de los agentes graduandos de la Academia. Debe fortalecerse la investigación criminal y la inteligencia. Solo 13 municipios contemplan las tasas más altas de homicidios (mayores de 50 por 100 mil habitantes). El uso de la tecnología podría proporcionar información más certera para hacer intervenciones puntuales. Se recomienda realizar el diagnóstico para el diseño de la Estrategia de Tecnología Digital para la División de Información Policial -DIP- de la PNC.
Respecto al SP, los grandes retos continúan debido a la poca atención e inversión que se le ha dado durante décadas. Actualmente, la ocupación es de 354% (un espacio por cada cuatro privados de libertad) una de las más altas del mundo y se cuenta con 24,188 privados de libertad. Para mejorar estas condiciones, tomar el control y lograr que funcione el sistema, deben adoptarse acciones inmediatas para iniciar con el deshacinamiento de los reclusos. Imperante dar seguimiento a la licitación para el nuevo centro carcelario para tres mil personas que se realizó recientemente. También implementar la Ley del Control Telemático, la cual se estima que podría beneficiar a cerca de dos mil personas en prisión preventiva. Es de puntualizar que los agentes penitenciarios carecen de una carrera y tienen poca formación, por lo que se podrían sentar las bases para una transformación. Es importante continuar con la implementación del nuevo modelo de gestión del SP que quedó en pausa por algunos años.
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Sobre la eficiencia de las instituciones del sector de seguridad y justicia, la metodología del Flujograma de la Justicia Criminal (www.justiciacriminal.gt), además de mapear procesos, mide las cargas de trabajo recibidas, atendidas y pendientes de atender. Estas cargas se utilizan para elaborar los indicadores que cuantifican la eficiencia, siendo el MP y el Organismo Judicial -OJ- las instituciones que influyen directamente en la eficiencia global del sistema. El desempeño del resto de las instituciones contribuye a que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor celeridad. Para lograr una justicia pronta y cumplida, es necesario identificar estrategias para eliminar cuellos de botella de manera permanente y evitar trasladarlos de una institución a otra. Se sugiere crear un tablero de indicadores estratégicos que sea compartido entre todas las instituciones para que en la toma de decisiones consideren el impacto que generará sobre el funcionamiento del resto. Ideal que el presupuesto para 2024 sea realizado coordinadamente y que en el Congreso los diputados estén enterados del proceso para no modificar arbitrariamente los recursos financieros establecidos para cada institución.
Es importante que el sistema de justicia penal actúe pronto y muestre a la población que sus acciones van encaminadas a prevenir el delito y a atrapar a los delincuentes lo más pronto posible. Los medios de comunicación pueden apoyar con información a la población y los ciudadanos pueden denunciar de forma anónima y ser prudentes de lo que cada uno comparte en redes sociales. ¿Qué opina de la delincuencia en Guatemala? ¿Ha sido víctima durante este año? ¿Se siente seguro en la calle o en su casa?
