La libertad se ve amenazada en el mundo. Luego de la pandemia, surgieron más autocracias y aumentaron las restricciones de los gobiernos para los ciudadanos. Todos queremos vivir en libertad, siempre conscientes que va acompañado de la responsabilidad individual. Deseamos libertad de expresión, de locomoción, de decisión, de opinión, de pensamiento, de religión y de escoger. También deseamos la libertad económica cuyos pilares son la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad de entrar en los mercados y competir, la seguridad de la persona y de la propiedad privada.
PUBLICIDAD
Recientemente, se presentó en Guatemala el resultado del Índice de la Libertad Económica Mundial publicado por el Fraser Institute. Este mide el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica. Nació en 1995 y utiliza 42 puntos de datos para construir un índice junto con un ajuste de derechos legales de género para medir hasta qué punto las mujeres tienen el mismo nivel de libertad económica que los hombres. El grado de libertad económica se mide en cinco grandes áreas. 1) Tamaño del gobierno, 2) Régimen jurídico y derechos de propiedad, 3) Dinero sólido, 4) La libertad de comercio internacional y 5) Regulación. El índice clasifica 165 países y los datos están disponibles anualmente desde 2000 hasta 2020. Este conjunto de datos hace posible que los académicos y el público en general analicen el impacto de las diferencias entre países en la libertad económica y los cambios en esa libertad a lo largo de un período de tiempo de varias décadas. También es una referencia importante en las áreas y campos donde cada país debe mejorar. (shorturl.at/h4569)
Importante estudiar los resultados para Guatemala. En general el país ha bajado su calificación en el índice pasando de 7.8 en el año 2019 a 7.59 en 2020, de un total de 10 puntos. Actualmente ocupa el puesto 31 de 165 naciones analizadas. Respecto a las cinco áreas que mide, su puntaje para 2020 sobre 10 puntos fue el siguiente: A) Tamaño del gobierno -9.19, B) Régimen jurídico y derechos de propiedad -4.93, C) Dinero sólido -9.49, D) La libertad de comercio internacional -7.56 y E) Regulación -7.76.
El mayor reto que tiene el país está en el área de régimen jurídico y derechos de propiedad con un valor muy bajo que resalta respecto a los otros. Es de mencionar que, a pesar de tener un resultado tan bajo, se ha mejorado en comparación con el año 1980, cuya evaluación fue de 2.47/10. Esta área comprende 8 campos y que a continuación se abordará cada uno. En referencia al primer campo “mayor independencia judicial”, definitivamente se debe resolver la situación del Organismo Judicial, en especialmente de cara a lo que sucedió hace tres años, cuando la Corte de Constitucionalidad interrumpió el plazo constitucional. El proceso que demandó para elegir a los miembros de las cortes ha sido inoperante, ambiguo e ilegal. Es tan complejo y comprometedor que los diputados siempre lo incluyen en la agenda de sus sesiones para no caer en desobediencia ante el fallo judicial, pero no lo atienden por no saber cómo resolverlo.
El índice califica de 3.66/10 “la imparcialidad de los jueces” (campo número 2), tema que debemos abordar con seriedad en Guatemala. Lo que inicia y termina con una verdadera carrera de mérito, competitiva, donde los mejores juristas lleguen a las cortes. La protección de las personas y de sus bienes legítimamente adquiridos es un elemento central tanto de la libertad económica como de la sociedad civil (campo 3). De hecho, es la función más importante del gobierno, pues sin los frutos de su trabajo al individuo le es inviable su supervivencia. Guatemala obtuvo 5.31/10, y en los últimos años este valor se ha mantenido como constante. Es indispensable que el Estado retome una de sus funciones prioritarias e indelegables como es proteger la vida y la propiedad de agresores y depredadores.
En relación con el campo 4 “interferencia militar en el imperio de derecho y política” el país tuvo una calificación de 6.67/10 en contraposición de 0.97 en los años 80. Es importante sostener un sistema judicial apartado de la influencia de grupos de poder. Respecto a la integridad del sistema legal (campo 5), el país está por debajo de la calificación media, con una puntuación de 4.78/10, que se desprende una alta percepción de corrupción en consecuencia de una falta de credibilidad en el sistema judicial, criterio muy influido por su inoperancia.
El sexto campo se refiere al “cumplimiento legal de los contratos”. Una calificación muy deficiente (3.39/10) debido a la ambigüedad y mora judicial frente a los reclamos de violaciones contractuales. Es imperativo concientizar al sistema judicial sobre su papel imparcial y pronto en las disputas ciudadanas. Un séptimo campo aborda “las restricciones regulatorias en la venta de inmuebles” con una nota de 8.36 -el campo más alto de todos, mostrando una leve baja luego de una década-.
PUBLICIDAD
A pesar de haber trabajado por varios años una reforma policial, el más bajo de todos los campos es el octavo referente a la “confiabilidad de la policía” con un valor de 3.32/10. En los últimos años ha subido muy poco. Se requieren medidas profundas y de cambio de concepción para las fuerzas de seguridad interiores del país. Respecto a los derechos legales de género, el valor es menor de 1/10, lo que implica un análisis más profundo y objetivo al respecto. Es de señalar que actualmente son mujeres las que ocupan la mayoría de los altos cargos en el país como el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.
El reporte señala claramente lo urgente de una mejora sustancial en el Organismo Judicial como con la Policía Nacional Civil. Podemos aprender de los países que han mejorado estos índices en los últimos años y trazarnos metas para ir avanzando. Sin Estado de derecho no habrá certeza jurídica. Es momento de trabajar todos juntos por una mejora en el régimen legal y los derechos de propiedad. ¿Qué opina del sistema de justicia? ¿Confía en la policía? ¿Cómo modernizar y mejorar el sistema jurídico de Guatemala?
