En los últimos meses, el Congreso de la República ha acelerado los tiempos para aprobar iniciativas de ley. Varias tenían años de estar engavetadas y están obsoletas, otras vienen con dedicación para favorecer a algunos sectores y la mayoría carecen de sustento técnico. Por lo general, están muy mal redactadas y, al aprobarlas, su ambigüedad deja a cada quien interpretarlas como más le convenga.
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La mayoría de las iniciativas no son analizadas ni discutidas a profundidad. Tampoco la aprobación de leyes sigue el proceso que la propia Ley Orgánica del Organismo Legislativo señala. Por ejemplo, en un análisis de Congreso Eficiente del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la IX Legislatura, de los 34 decretos aprobados en el año 2020, 22 dictámenes (65%) no contaban con análisis técnico y 17 dictámenes (50%) no tenían un análisis financiero a pesar de ser fundamental.
En el año 2021 se aprobaron cinco decretos (25% del total) provenientes de iniciativas presentadas en el año 2019 o con anterioridad. Del total de los 20 decretos aprobados en el año 2021, ocho dictámenes (40%) no contaban con análisis técnico y cinco dictámenes (25%) no contaban con análisis financiero a pesar de ser necesario.
Por último, en el primer período de sesiones ordinarias del 2022 se aprobaron 27 decretos, diez (10) corresponden a iniciativas presentadas durante la legislatura anterior (2016-2020). Durante las sesiones extraordinarias celebradas del 16 al 30 de junio, se aprobaron nueve decretos en su mayoría relacionadas con el presupuesto y subsidios. Del total de dictámenes que fueron finalmente aprobados como nuevos decretos, dos terceras partes -23 de 36 decretos- no contaban con los análisis financieros, estudios técnicos o con documentos que justificaran la necesidad de las normas propuestas.
Para este segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2022, el Congreso ha decidido llevar a cabo sesiones ordinarias los miércoles y los jueves. Por lo general, los jueves no se celebran. Lo que preocupa es la agenda legislativa y las iniciativas que están abordando. Son temas muy importantes que se están abordando de forma exprés y sin un proceso de análisis y discusión en las comisiones de trabajo. En varios casos han tenido que sacar de la agenda algunas iniciativas y este año han dado marcha atrás con dos leyes, archivándolas, como sucedió con el decreto 19-2022, que daba vida a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, y el decreto 39-2022, “Ley contra la Ciberdelincuencia”.
Una de las iniciativas que más preocupa actualmente es la 6141, que dispone aprobar una ley de adquisiciones del Estado. Por años se ha estado solicitando una reforma a la Ley de Contrataciones debido a que en los últimos años ha sido parchada muchas veces, es difícil de operar y además no logra la transparencia y la eficiencia que se desea. Es momento de reconocer que el problema de las adquisiciones públicas debe abordarse desde una perspectiva sistémica, la del Sistema de Adquisiciones Públicas. La ley es un elemento más dentro de un complejo entramado de regulaciones, actores, prácticas, costumbres y estructuras de mercado.
Recientemente, el CIEN hizo un análisis de dicha iniciativa, basado en el proceso “Methodology for Assessing Procurement Systems” (MAPS), diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El estudio, en términos generales, concluye que la iniciativa 6141 representa un retroceso en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de regulación de las compras públicas. El nivel de cumplimiento de la ley vigente respecto a los estándares y buenas prácticas internacionales, según la Evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas realizado en el año 2019, era de 52% (35 de los 67 criterios evaluados cumplían total o parcialmente con lo que establecen los estándares). Con la iniciativa 6141, este nivel de cumplimiento se desploma a un 38%. Además, se señalan altas deficiencias operativas de la propuesta, la pobre redacción de algunos artículos y un retroceso en materia de transparencia.
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Entre los mayores retrocesos, destaco tres: Primero, se establecen 24 métodos de compra, de los cuales solo cinco son claramente competitivos (licitación, cotización, contrato abierto, convenio marco y subasta electrónica inversa). Las condiciones de uso de los no competitivos son poco claras y complicadas de comprender. Segundo, el Sistema Guatecompras sufre un retroceso significativo en materia de eficiencia en el sistema de compras públicas debido a que se le redefine como “un sistema para el registro y gestión de la información de las adquisiciones públicas de forma histórica y actualizada”. Guatecompras se convertiría, en el mejor de los casos, en un repositorio de información histórica, muy alejado del ideal de un sistema electrónico automatizado de compras públicas, en donde la mayoría de los procedimientos relativos a la contratación se realicen de manera automática, sin que medie la discrecionalidad de ningún funcionario. Y, tercero, se crea el método de excepción de Servicios Públicos Municipales, lo cual constituye una violación flagrante contra toda buena práctica en la materia: Reduce la transparencia, promueve las adjudicaciones a dedo y se pierde la capacidad de asegurar el valor por el dinero en las compras, dado que las municipalidades podrán realizar adquisiciones por cualquier importe, con la justificación de un acto “no previsible”.
Definitivamente, es necesaria una nueva ley de contrataciones y qué mejor hacerla en el marco de un sistema de adquisiciones que tome en cuenta la planificación de las compras y que culmine con verificación y control, asegurando la adopción de las mejoras prácticas existentes en materia de efectividad, eficiencia, valor por el dinero, transparencia y rendición de cuentas, así como la consecución de los resultados de desarrollo que se esperan alcanzar con las compras públicas.
El Congreso debe cambiar la forma en que está aprobando las leyes. Es importante contar con una agenda legislativa clara, de beneficio para el país. Los decretos legislativos deberían cumplir con los estudios técnicos, legales y financieros que su ley interna demanda. Es sumamente importante que las iniciativas se basen en las mejores prácticas, se abra a discusión sus contenidos, cuenten con una buena redacción de los artículos, no contengan ambigüedades y se tome un tiempo prudencial para su análisis. Por el momento, se debe detener el proceso de aprobación de la iniciativa 6141 y regresarla a la comisión correspondiente con el objetivo de llevar a cabo una reforma integral al Sistema Nacional de Compras basada en las mejores prácticas en beneficio de una mejor y transparente gestión pública. ¿Qué opina de las leyes exprés? ¿Cómo mejorar la calidad de leyes en el país? ¿Cómo lograr un Congreso más eficiente?
