Muchos actores sociales, técnicos y políticos han mostrado preocupación porque está avanzando una iniciativa de ley que busca, además de ampliar los canales de la corrupción, financiar de manera descarada las campañas clientelares que impulsarán en época electoral los alcaldes aliados del oficialismo.
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De manera sorpresiva se presentó en el Congreso una iniciativa de ley que busca aprobar una nueva Ley de Adquisiciones del Estado, bajo el número 6141. La iniciativa tomó por sorpresa a muchos, no solo por la forma en que se presentó, sino también por la premura y la prisa con la que en la Comisión de Finanzas Públicas le dio dictamen favorable.
Lamentablemente, estamos evidenciando cómo los intereses mezquinos de la alianza oficialista se ha dedicado a erosionar y destruir la institucionalidad y los procesos legislativos, en este caso específico, el de formación de la ley.
Una iniciativa de tanta importancia no puede tomarse a la ligera y esa prisa lo único que evidencia es la desesperación por impulsar leyes que faciliten la corrupción y, en este caso, alimentar financieramente las campañas electorales de los aliados al oficialismo.
Imagine usted que la comisión de Finanzas analizó y emitió el dictamen favorable para esta iniciativa en menos de dos días hábiles y en una sesión que duró menos de dos horas. Evidenciando la forma apresurada, autoritaria e irracional con la que de manera descarada y sin escrúpulos quieren hacer mover la ley.
No hubo espacio para desarrollar, dada la importancia de esta iniciativa, un proceso de análisis y discusión profundo sobre esta propuesta y determinar especialmente las serias implicaciones que tiene, entre muchos aspectos, en la transparencia y la calidad del gasto.
Una vez más estamos perdiendo una valiosa oportunidad para sentarnos como sociedad a discutir y analizar reformas a la Ley de Adquisiciones del Estado para hacer más eficiente, eficaz y transparente la calidad del gasto y mejorarla.
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Necesitamos sentarnos a dar una revisión exhaustiva e incorporar, por ejemplo, mecanismos que permitan aprovechar las ventajas de la tecnología, así como promover un sistema que favorezca la transparencia. Atender las profundas debilidades del sistema de inversión pública que estamos sufriendo por el descalabro de la infraestructura en el país, por citar un par de cosas que se necesitan discutir.
Este objetivo se truncó una vez más por los intereses políticos electorales que esta alianza, de manera desperada y miope, busca para financiar campañas clientelares en todo el país, un valioso espacio para discutir una reforma necesaria para mejorar los procesos en la institucionalidad pública.
Sin lugar a duda, esta iniciativa se constituye en una de las piezas que el oficialismo y sus aliados en el Congreso están colocando en este rompecabezas de la corrupción y un elemento más de la fórmula electoral, que han diseñado, para que el oficialismo tenga éxito electoral.
La fórmula de éxito está principalmente sentada en articular a nivel municipal las maquinarias de los alcaldes, aceitadas con millones de quetzales que estarán destinados para beneficiar a las redes clientelares que se activarán en campaña electoral, menospreciando y desvalorizando a los electores.
Hay suficientes ejemplos, al menos en las últimas elecciones, de cómo la variable del clientelismo, si bien es de mucho peso, no es la determinante en el resultado electoral, sino que hay otros factores que también deben considerarse, que van más allá de la compra y venta de votos a granel.
No obstante, más allá de sentarnos en esta ocasión a analizar las variables que deben considerar los partidos para sus estrategias de campaña electoral, lo importante de enfatizar es que en el Congreso se está impulsando una iniciativa de ley que busca promover la corrupción y beneficiar a las redes clientelares de los alcaldes aliados del oficialismo. ¿Qué opina usted?
