La denuncia del delito de extorsión ha aumentado en los últimos años y paralelamente las instituciones de seguridad y justicia se han fortalecido para dar respuesta para combatirlo, pero la situación actual demuestra que falta mucho por hacer. Recientemente, el CIEN presentó un estudio respecto a la respuesta institucional ante el delito. A continuación, se hace un breve resumen de los hallazgos y algunas recomendaciones.
PUBLICIDAD
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el año 2011 se realizaron 7,383 denuncias por extorsión con una tasa de 50.9 denuncias por cada 100 mil habitantes. En el año 2021 se registran casi el doble de denuncias (13,538), con una tasa de 79.1 por cada cien mil habitantes. Ahora bien, es de recordar que no toda la gente denuncia, según la Encuesta de Victimización ENPEVI 2018; en el año 2017, tan solo uno de cada tres personas que sufrió de este tipo de delito lo denunció.
En el caso de la judicialización de los delitos de extorsión, el CIEN señala que aproximadamente de 107 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en el periodo de 2010 a 2021, el 80% había sido concluido. En total, 7,896 personas recibieron sentencia en los casos de esos años, siendo el 88% de estas, sentencias condenatorias. Otras razones para concluir un caso fueron en el 68% porque el caso fue archivado debido a que ya no se podía continuar con la investigación porque no se había podido individualizar al sindicado (situación que sucede en la mayoría de los casos de los imitadores que realizan llamadas desde las cárceles) y un 24% por una desestimación (casos en los que el fiscal a cargo del caso ya ha realizado diligencias de investigación y por procedimiento tiene que solicitar al juez contralor del caso el archivo del mismo porque ya no se puede continuar con la investigación). El porcentaje de casos archivados ha aumentado en los últimos años, pasando de alrededor de un tercio de los casos en 2010 a más del 90% de los casos en 2021.
También analizó la evolución del delito de extorsiones en Guatemala. A inicios del siglo XXI, las pandillas realizaban el cobro de una “renta” en los lugares en donde operaban; sin embargo, entre 2006 y 2011 estas se fortalecieron y sus clicas empezaron a tener mayor presencia y control territorial, convirtiéndose en una extorsión sistemática. Luego, surgieron los “imitadores”, quienes inicialmente eran miembros del crimen organizado en prisión y que se hacían pasar por pandilleros para realizar cobros extorsivos. Conforme pasó el tiempo, otros privados de libertad con acceso a un teléfono móvil se convirtieron en imitadores, llegando al extremo de que, según registros policiales, actualmente el 80% de las extorsiones se le atribuye a este tipo de delincuentes.
Los “imitadores” cuentan con una estructura pequeña y que no suele ser fija, involucran a amigos, familiares y compañeros de prisión. Sus víctimas son seleccionadas al azar y las contactan a través de llamadas o mensajes telefónicos. Los cobros extorsivos en su mayoría son cobros únicos y muchas veces obtenidos mediante engaño, por lo tanto, la extorsión suele ser casual. Las llamadas a residencias o a personas individuales suelen ser la forma en que operaran y captar a sus víctimas. Una gran cantidad de imitadores comete el delito desde las cárceles.
Los operativos contra las extorsiones iniciaron en el año 2008. Posterior a ello, la PNC y el MP modificaron sus estructuras para hacer frente a este delito. En la PNC, en 2009, surgió el Programa contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, el cual fue institucionalizado como una unidad en la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) en el año 2011 y se convirtió en una División (Dipanda); desde 2014, en la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC). A la fecha, Dipanda cuenta con 13 sedes, así como con investigadores especializados.
En el año 2015, se creó la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones (FSE) en el MP y a la fecha cuenta con 11 sedes. Se han creado varias agencias fiscales especializadas para atender todo tipo de denuncias. En el caso de un imitador, usualmente ubicado en una cárcel y con una estructura mínima que le colabora, es investigado de manera distinta y suele concluir con una asesoría a la víctima, sin judicializarse el caso. Mientras que los casos de flagrancia se judicializan de inmediato, contando con la captura del presunto victimario y con el testimonio del agente de la PNC. A la judicialización de casos que involucran al crimen organizado les suelen anteceder investigaciones prolongadas para reunir evidencias acerca de la estructura criminal, sus miembros, modus operandi y delitos.
En el caso del Organismo Judicial (OJ), en el año 2009 se crearon los juzgados y tribunales con competencia de mayor riesgo, competencia que es utilizada para llevar la mayoría de los casos judicializados por la FSE en relación con pandilleros. Además, en el año 2020 se creó el juzgado y tribunal contra las extorsiones, con competencia para extorsiones cometidas en el departamento de Guatemala, con excepción de Villa Nueva, Mixco y Amatitlán. En el año 2021, el OJ conoció 3,500 casos relacionados con el delito de extorsión, de los cuales el 80% fue atendido por un juzgado ordinario de primera instancia, el 12% por el juzgado especializado en extorsiones y el 8% por un juzgado de mayor riesgo.
PUBLICIDAD
El Sistema Penitenciario -SP- es la organización que más desafíos presenta y que no ha avanzado en contrarrestar las extorsiones debido al hacinamiento, personal deficiente y poco avance en el nuevo sistema de gestión. Es casi imposible individualizar al extorsionista que llama desde alguna cárcel, al no poderlo relacionar con el aparato telefónico mediante con el que realizó la llamada.
Las recomendaciones en el corto plazo son: 1) Continuar implementando campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o coautoras de una extorsión prestando sus cuentas bancarias y que, si son víctimas, denuncien y 2) Mejorar el control en los centros de privación de libertad, implementando una estrategia de reclusión especial para pandilleros e imitadores que continúan realizando extorsiones desde las cárceles. Deben mejorarse los controles de ingreso para evitar que sigan ingresando teléfonos celulares a los centros de detención. A mediano y largo plazo, definitivamente, es importante avanzar con una reforma penitenciaria. ¿Ha sido víctima de una extorsión? ¿Confía en las autoridades para denunciar? ¿Qué opina que de las cárceles salga la mayoría de las extorsiones?
