La interminable discusión sobre la reforma electoral tuvo esta semana un nuevo episodio con la presentación del último dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República.
Una propuesta que aparece en un momento en el cual la agitación sobre una posible reforma electoral levanta mucha discusión, no solo desde la perspectiva del contenido y objetivo, en términos sustantivos, sino también de la pertinencia, viabilidad y oportunidad.
No podemos negar que la cercanía del proceso electoral genera un contexto que levanta expectativas, alertas, riesgos y dudas sobre los efectos que podría tener la aprobación de una reforma electoral en la antesala de la elección. Aunque los actores que la están impulsando lo hacen con la idea de que no entrará en vigor en el próximo proceso electoral, sino que será postergada para el de 2027.
No obstante, el dictamen presentado carece de un sentido y objetivo político que oriente la reforma electoral. En otros países, los actores políticos buscan espacios de discusión y preparan el conjunto de reformas a la normativa electoral en función de objetivos muy precisos. Por ejemplo, una reforma que busque democratizar a los partidos políticos o bien otra que esté orientada a mejorar los mecanismos de control y fiscalización financiera del órgano electoral.
No incluyen todo en un proyecto de reforma y hacen un “chirmol”. Evidentemente, en estos países tienen más institucionalidad partidaria y les permite realizar este tipo de reformas. En nuestro caso, no solo la debilidad y volatilidad partidaria, sino también la poca voluntad que tiene la clase política para impulsar procesos de reforma electoral, de manera progresiva y continua.
Lo que trato de decir es que los actores se plantean un objetivo y articulan un conjunto de medidas, que abordan varios aspectos, pero que todas están alineadas y se consideran necesarias para alcanzarlo. Este tipo de enfoque y orientación de un proceso de reforma permite ir de manera ordenada y progresiva, perfeccionando y mejorando los aspectos del sistema electoral y de partidos políticos.
No obstante, en el país sucede todo lo contrario porque los procesos de discusión de reformas electorales se vuelven, en un sentido figurado, bastante caóticas. Los actores políticos y sociales no han logrado impulsar un proceso de reforma que tenga el sentido que he descrito.
Los espacios se vuelven una especie de recepción de demandas de muchos actores, que luego se intentan incorporar en el proyecto de reforma, y muchas de ellas, apunta a diferentes objetivos. Unas tienen buenos objetivos y otras terminan siendo un peligro porque son regresivas o debilitan al sistema.
Ese es el peligro, porque como bien dice la sabiduría popular, “en río revuelto, ganancia de pescadores”. El desorden genera las condiciones para que, así como pasen buenas reformas, se incluyan otras que son perjudiciales para el sistema.
Por ejemplo, algunas propuestas están orientadas a cambiar la forma en que se eligen a los diputados, mediante el cambio en el formato de la lista, para pasar de listas cerradas o bloqueadas a listas abiertas. Otras están orientadas a modificar el régimen de medios de comunicación o bien buscan promover la participación de la mujer con medidas de acción afirmativa como la paridad y alternabilidad.
En este sentido, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo se construye el proyecto de reforma, cómo se discute en la comisión específica del Congreso y, a su vez, cómo se redacta el dictamen que se presentará al Pleno del Congreso para su discusión y aprobación.
El tiempo pasó y desde mi perspectiva es poco responsable y nada oportuno aprobar una reformar electoral en este momento y mejor explorar las posibilidades para atender algunos aspectos de manera reglamentaria en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De todas maneras, no está de más recordar que no se vale seguir construyendo propuestas de reforma que no tienen sentido político, que terminan siendo un “chirmol” y que no permiten fortalecer de manera incremental y progresiva nuestro sistema electoral y de partidos políticos. ¿Qué opina usted?