Lo más preciado es la vida, razón por la que los guatemaltecos debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr que cada día menos personas mueran por hechos violentos. Para la Constitución, el derecho a la vida e integridad de la persona debe garantizarse por el Estado (artículo 3). El preámbulo constitucional afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, para lo que el Estado de Guatemala debe organizarse para protegerla.
PUBLICIDAD
Recientemente, el CIEN realizó un estudio respecto a la respuesta institucional frente al delito de homicidio. El homicidio consiste en dar muerte a una persona, tal como lo define el artículo 123 del Código Penal. Este delito puede clasificarse en: A. Homicidio simple intencional, culposo (negligencia, imprudencia o impericia) o atenuado; y B. Homicidio calificado o agravado, en el cual se detectan una o varias circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal (intencionalidad, previa planificación o el conocimiento del posible resultado, lo que se conoce como dolo).
Al analizar este fenómeno criminal, conforme a los registros del Ministerio Público -MP-, se encuentra que en el año 2021 los casos de homicidio culposo son los que representan la mayor ocurrencia con un 45% (que generalmente se asocian a hechos de tránsito). En segundo lugar, están los casos de homicidio simple con un 41% y en tercer lugar el asesinato con un 11%. Estos tres delitos explican el 96.6% de los casos de personas fallecidas que se registraron entre 2014 y 2021. Es de destacar que el homicidio culposo pasó a ser de menos de una tercera parte (29%) a casi la mitad (45%) del total.
Recomendados
“Cinco para despedir el año en que vivimos en peligro"
"Un amparo que Ilumina Guatemala en tiempos de transición y Navidad"
"Cinco episodios del Netflix Guatemala"
Interesante conocer la respuesta institucional ante cualquier tipo de homicidio. Luego del hallazgo de un cadáver, persona herida o restos humanos por parte de la Policía Nacional Civil -PNC- o la Unidad de Monitoreo del Ministerio Público, coordinan sus equipos de trabajo y se presentan al lugar en donde ocurrió el hecho según la jurisdicción geográfica de cada fiscalía.
Es crucial el procesamiento de la escena. Los agentes de la PNC la resguardan si llegan antes que el MP. Es responsabilidad de la Unidad de Recolección de Evidencias del MP, bajo la dirección del fiscal responsable del caso, evaluar la escena y enviar los indicios recolectados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses -Inacif- para la elaboración de dictámenes periciales (necropsias, análisis balísticos, toxicológicos, serológicos y otros). El agente fiscal o el auxiliar fiscal a cargo del caso da instrucciones a los investigadores de División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- de la PNC y a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas -Dicri- del MP para realizar diligencias de investigación en el lugar del hecho (ubicar y tomar la declaración de testigos e identificar cámaras de vigilancia, entre otras). A lo largo del proceso de investigación, el fiscal responsable del caso cataloga el delito por el cual fallecieron las víctimas, conforme a la tipificación del Código Penal.
Las primeras 72 horas son determinantes para la investigación. El equipo asignado se reúne dentro de un plazo no mayor a 24 horas luego de haber ocurrido el hecho. Luego tienen un plazo de 48 horas para preparar el plan. Dependiendo del resultado, el MP le puede dar distintas salidas al caso según el Código Procesal Penal. Cuando se logra individualizar la responsabilidad del hecho, el MP acusa a las personas sindicadas ante el Organismo Judicial (OJ). En 2021 el MP dio salida a 1,227 casos de homicidio simple e inició la acusación en 426 casos. En el caso del delito de asesinato, dio salida a 425 casos y empezó un proceso de acusación para 323. Entre 2014 y 2021, en el 76% de los casos de homicidio simple y el 35% de asesinato, se agotaron las líneas de investigación sin individualizar responsables. Ahora bien, cuando el MP presentó acusación ante el OJ en búsqueda de una sentencia, entre 2014 y 2021, el 78% de personas recibieron una sentencia condenatoria por el delito de homicidio (simple) y el 85% por asesinato.
El estudio incluyó entrevistas a fiscales de Delitos contra la Vida, para identificar los distintos desafíos en la investigación de los casos por los delitos de homicidio y asesinato. Se destacó la dificultad de encontrar testigos dispuestos a declarar en contra de las personas acusadas, en especial cuando las personas fallecidas tenían relación con pandillas o estructuras criminales. Además, la disponibilidad de medios de prueba audiovisual es escasa, pues no en todos los sectores hay cámaras. Se destacó la importancia de contar con la respuesta rápida y oportuna de las instituciones que actúan ante la ocurrencia de un hecho delictivo, como preservar la escena, lograr en tiempo oportuno los dictámenes periciales solicitados al Inacif, obtener las autorizaciones del OJ para realizar allanamientos y conocer la actividad de los celulares identificados en la escena, entre otros. Finalmente, se considera importante asegurar cargas de trabajo razonables para los equipos conformados por fiscales e investigadores de la DEIC y la Dicri, y evitar altos niveles de rotación.
El CIEN hace una serie de recomendaciones, iniciando con la prevención, especialmente frente los hechos de tránsito. Deben organizarse mejor los equipos en los sitios donde se tiene la mayor ocurrencia de delitos contra la vida. Importante articular esfuerzos para instruir a particulares y empleados públicos en la preservación de la escena del crimen. Se pueden lograr sistemas de videovigilancias en áreas de alta incidencia, impulsar a través del Inacif la creación de bases de datos para lograr medios de prueba a través del reconocimiento facial y de voz, y asegurar la capacidad de respuesta de los servicios auxiliares que requiere el MP (en tiempo y ubicación) para contar con medios de prueba en la investigación de homicidios. Es determinante fortalecer los equipos y diseñar e implementar la evaluación del impacto del cambio en el modelo de gestión de casos del MP para lograr una mejora continua. ¿Cómo evitar la muerte por accidentes de tránsito? ¿Cómo apoyar a los posibles testigos? ¿Qué hacer para disminuir los homicidios en Guatemala?