Estamos a cinco meses de la convocatoria a elecciones para elegir a presidente y vicepresidente, diputados (Congreso y Parlacen), alcaldes y corporaciones municipales. El país se prepara para las elecciones del año 2023. Evento tan importante, siempre trae un ambiente de esperanza e ilusión de cambio.
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Sin embargo, en esta oportunidad hay mucha ansiedad y escepticismo. Lamentablemente, aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contemplaba un proceso de mejora luego de las elecciones, hasta el momento no se ha elaborado ninguna reforma.
En los últimos años, los guatemaltecos no han sido bien atendidos en sus servicios básicos como nutrición, educación e infraestructura. La pandemia sorprendió al gobierno de turno en sus primeros meses, cuando se evidenció que el sistema de gestión pública está obsoleto y no aprovechó la coyuntura para su modernización. La generación de más empleos de calidad, la mejora de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia son temas pendientes. La transparencia y la honestidad de los funcionarios es toral, ya que la gente percibe cada vez más corrupción, según el último IPC de Transparencia Internacional y el estudio de LAPOP-2021 muestra que más de dos terceras partes de la población guatemalteca opina que todos los políticos son corruptos.
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Por otra parte, la oferta política es muy dispersa y la cantidad de candidatos es muy alta. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al 8 de agosto del presente año había 27 partidos inscritos y vigentes para participar en las elecciones. Adicionalmente, se contaba con 22 comités proformación de partidos políticos. Resaltan tres partidos por el mayor número de afiliados, UNE con más de 89 mil, Vamos con alrededor de 43 mil y muy similar el PAN con aproximadamente 42 mil. Los demás oscilan entre 30 mil y 24 mil afiliados.
Es de recordar el artículo 140 de la Constitución Política de la República, que señala que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.
Entre varios analistas, técnicos y ciudadanos hay coincidencia en que, a diferencia de otras veces, en esta oportunidad el desafío más grande será cómo lograr la gobernanza del país, la separación de poderes, el fortalecimiento de los pesos y contrapesos, y la consolidación de la democracia.
Triste que la gente está perdiendo la fe en la democracia, ya que según LOPOP-2021 solo un 38% de la población en Guatemala está satisfecha con esta. Además, se nota cómo en los distintos países del mundo la democracia se está erosionando y Guatemala no es la excepción. La pandemia influyó en restringir las libertades individuales y adicionalmente empujó a varios países a consolidar autocracias.
Desde el año 2006, The Economist Intelligence Unit (EIU) elabora un índice de democracia en el que analiza su estado en 165 países, basándose en cinco categorías: 1) El proceso electoral y el electoralismo, 2) El funcionamiento gubernamental, 3) La participación política, 4) La cultura política y 5) Las libertades civiles. Luego clasifica a los países en cuatro tipos de regímenes: a) Democracia plena, b) Democracia imperfecta, c) Régimen híbrido y d) Régimen autoritario.
En el último informe del año 2021, Guatemala se ubicó en la posición 99 de 167 países evaluados con un puntaje de 4.62 -en una escala entre 0 y 10-. Adicionalmente, se calificó como un régimen híbrido. Con relación a sus categorías, el proceso electoral y pluralismo es el mejor punteado (6.92), seguido por libertades civiles (5.88). Grandes desafíos presentan las otras tres categorías; la participación política (3.89), el funcionamiento del gobierno (3.21) y la cultura política (2.50).
Definitivamente, se debe hacer un esfuerzo en lograr la participación política, mejorar el funcionamiento del gobierno e inculcar una cultura política, además de fortalecer el proceso electoral y el pluralismo, y mejorar las libertades civiles. Es determinante aportar proyectos para cada una de las categorías, ponerse metas e ir avanzando hacia una democracia plena. De lo contrario, el país no avanzará y su democracia seguirá en declive como en los últimos cuatro años.
Por el momento, debemos presionar al Congreso de la República para que presente cambios coherentes a la LEPP para luego contar lo más pronto posible con un marco legal en el cual se llevarán a cabo las elecciones del próximo año.
Lamentablemente, según LAPOP-2021, apenas una tercera parte de los guatemaltecos confía en las elecciones, razón por la que debemos exigir al TSE que garantice un proceso electoral transparente y eficiente. Tanto la inscripción de los candidatos como las sanciones a las campañas anticipadas deben ser tratadas objetivamente y cumplir con los tiempos estipulados. Imperante lograr un proceso de logística funcional para las votaciones, confianza en el padrón electoral y un sistema informático robusto y auditado por expertos para garantizar la voluntad del pueblo el día de las elecciones programado para el domingo 25 de junio de 2023.
Esperamos que no se judicialice el proceso electoral como la elección pasada, lo cual generó mucha incertidumbre y confusión a los ciudadanos. Esperamos que la Contraloría actúe imparcialmente en la extensión de los finiquitos. Importante que distintas autoridades unan esfuerzos para desde ya evaluar posibles escenarios, y determinar cuáles municipios tienen el mayor riesgo para prevenir. Es crucial convocar a organizaciones de sociedad civil, miembros de la prensa y organizaciones internacionales expertas para que desde ya acompañen el proceso, sean testigos y formadores de opinión, logrando disminuir la incertidumbre y desprestigio del proceso. ¿Qué opina de las elecciones? ¿Confía en el TSE? ¿Participa en alguna organización cívica o política?