Hay que ser muy cuidados y responsables al impulsar una reforma electoral a unos meses de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diga “en sus marcas, listos y fuera” en la competencia electoral.
PUBLICIDAD
No estoy discutiendo la necesidad de impulsar una reforma electoral, al contrario, el sistema de partidos y electoral enfrenta una profunda crisis de representación y legitimidad, por lo que un cambio normativo es indispensable y necesario.
En este sentido, considero que en la discusión se deben abordar algunos aspectos que no se han contemplado o que se han visto de manera muy superficial. Tampoco se han medido con mucha claridad los impactos que tendría la aprobación de una reforma, no solo en este momento, sino también a largo plazo en el sistema político.
Por ello, desde mi perspectiva, no hay condiciones para impulsar una reforma electoral que fortalezca el sistema y que genere resultados positivos para el país. Al contrario, embarcarnos en una aventura de este tipo puede resultar contraproducente y que la medicina sea peor que la enfermedad.
Uno de los aspectos a considerar es la temporalidad de la aprobación. La cercanía del evento electoral genera condiciones muy propicias para que una reforma electoral termine siendo muy desafortunada. Especialmente, si se considera la fase de implementación de la norma por parte de la institucionalidad electoral y el natural proceso de adaptación que deberán tener los actores que están involucrados en el proceso electoral (partidos, TSE y electores, entre otros).
Un escenario muy distinto hubiera sido si la reforma se aprueba en 2020 y eso habilitaba las condiciones para al menos tener dos años y medio de un proceso de implementación serio y responsable, así como un prudente proceso de adaptación de los actores a la norma.
En otro campo, también hay un problema serio para definir el objetivo que busca la reforma. No hay claridad a qué quiere apostarle, cuáles cambios va a impulsar y de qué manera esos cambios están articulados a un objetivo de fortalecimiento democrático y representativo del sistema de partidos políticos. Hasta el momento, solo han aparecido de manera evidente los intereses regresivos en materia de fiscalización y medios de comunicación.
PUBLICIDAD
Por otro lado, hay varias propuestas que son bastante “populares”, que no necesariamente vendrán a solucionar los problemas de representación política o vendrán a generar peores problemas de los que tenemos. Me refiero específicamente a la propuesta de abrir los listados de los candidatos a diputados, generando la posibilidad de que el elector pueda votar por una persona directamente y no por la lista que presenta el partido.
Indudablemente, resulta muy ingeniosa, atractiva y llamativa. No la desestimo de entrada ni tengo una posición en contra de la medida, como tal, sino que lo que argumento de manera desfavorable es la ligereza con la que se ha discutido. No se han puesto sobre la mesa los riesgos y efectos negativos que puede traer al sistema.
Al contrario, lo que sí resulta interesante es promover una discusión seria sobre el objetivo que se busca con este tipo de reformas y las opciones que se podrían diseñar para alcanzarlo, analizando desde luego las listas abiertas y otras medidas complementarias, como la modificación al tamaño de los distritos.
Es muy irresponsable por parte de la clase política levantar expectativas y estar interesada en impulsar un proceso de reforma en este momento, de manera apresurada y a lo loco, sin poner de manera explícita los intereses y objetivos que busca la reforma. Haciéndolo todo a última hora, cuando tuvieron al menos tres años para desarrollar una discusión seria, aprovechar los espacios y las propuestas que vienen de la sociedad civil y elaborar una propuesta de reforma seria y beneficiosa para el sistema. ¿Qué opina usted?
