Los partidos están encendiendo y calentando sus motores para competir en el proceso electoral. En el tablero político empiezan a perfilar sus colores, sus logos y sus precandidatos, en algunos casos, una que otra oferta que busca solucionar un problema público. El objetivo, para la mayoría de ellos, dado que muchos son nuevos y desconocidos, que las personas los empiecen a ubicar.
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La convocatoria oficial se realizará en enero, pero las organizaciones partidarias están afinando, unos con más detalle y precisión que otros, sus planes y estrategias electorales, y eso hace que estén concentrando sus energías para estar lo “mejor” preparados para cuando el Tribunal Supremo Electoral dé el banderazo de salida.
En este sentido, una de las principales actividades es la búsqueda de candidatos y candidatas que estén interesadas en competir por un puesto público. En gran medida, la intensa búsqueda de figuras para competir evidencia la debilidad de los partidos políticos, que en su mayoría son “nuevos”, así que están formando sus estructuras, pero los “viejos” no se dedican a formar cuadros ni cuentan con bases sólidas para que esos liderazgos, en lugar de ser paracaídas que se lanzan cada cuatro años a competir electoralmente, sean cuadros partidarios con trayectoria y formación interna.
Los partidos tienen que salir a buscar en romería a personas que deseen involucrase políticamente y presentarse en las elecciones. Este proceso pareciera ser una fase que está llena de conversaciones, acercamientos, negociaciones, acuerdos y procedimientos partidarios para concretar esos fichajes.
Sin embargo, más allá de eso, desde mi perspectiva, es una de las fases más importantes del proceso electoral y lamentablemente está plagada de prácticas nefastas que erosionan la credibilidad de los partidos, los mismos candidatos, el proceso electoral y el sistema democrático en su conjunto.
Digo esto porque, para concretar las incorporaciones en el mercado de fichajes, los partidos políticos tradicionalmente recurren a prácticas como la venta de candidaturas, la entrega de sus filiales municipales y departamentales a redes corruptas, clientelares y, en algunos casos, que es muy preocupante, a manos del crimen organizado y el narcotráfico. La idea es venderse al mejor postor: Aquel que asegura una maquinaria que movilice y asegure el voto.
Los partidos, según la proyección, el peso y la “importancia” política que representan en la contienda, cotizan los puestos de elección y los venden sin escrúpulos. Esto hace que, en su mayoría, los partidos caigan presos y se entreguen, en cuerpo y alma, a los intereses de estos actores, perdiendo autonomía y margen de acción.
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Este ciclo perverso se repite, una y otra vez, cada cuatro años en el proceso electoral porque lamentablemente el objetivo es llegar a la “guayaba” y no importa cómo, con quién y con cuáles compromisos.
Este representa uno de los grandes problemas del sistema político y electoral del país porque reproducir estas dinámicas perversas carcome la legitimidad del proceso de representación. Las personas no se sienten identificadas y representadas por los candidatos ni necesariamente motivadas e interesadas en votar, con justa razón.
Evidentemente, si los mecanismos de postulación están pervertidos con prácticas que lo único que aseguran son espacios para la corrupción, el saqueo del erario y la impunidad, dejando por un lado el ejercicio del poder para atender y solucionar los problemas de la sociedad, tenemos el patético resultado de tener gobernantes que no tienen legitimidad, respaldo y credibilidad.
Por ello, le invito a que en lo que resta del año les ponga mucha atención a las asambleas de postulación de los partidos políticos, en las que presentarán a los candidatos con los que participarán en el evento electoral y analice los mecanismos que utilizaron para definir esas candidaturas. ¿Qué opina usted?
