En estos días se ha estado hablando sobre una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). La discusión y la aparente voluntad política de los diputados para aprobarla, además de las demandas puntuales de varios actores y sectores que piden una reforma electoral, entra en un momento complicado por la cercanía de la elección.
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La discusión sobre la reforma electoral plantea la necesidad de conversar sobre varios aspectos que se deberán considerar si la decisión final de los diputados en el Congreso es que esta reforma camine.
Uno de los primeros puntos que se deben abordar es el objetivo de la reforma. Es decir, tener mucha claridad en lo que se busca alcanzar con la reforma normativa. La ausencia de una discusión profunda de este aspecto puede ser contraproducente y nos puede salir caro.
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Entiendo, aunque no la posición, el sentir de que las reformas aprobadas en el año 2016 dejaron un mal sabor de boca y no alcanzaron sus objetivos. Una cosa es ver el proceso de reforma como una oportunidad para perfeccionar las cosas que no quedaron bien y arreglar otras que están mal, y muy diferente es asumir una postura regresiva que busca desmantelar lo reformado.
La posición más peligrosa desde mi perspectiva es la segunda, la que busca demoler todo lo construido en 2016. Esto abre la puerta para que algunos avances que se habían logrado se vengan abajo. Por ejemplo, se logró reducir significativamente la influencia que tenían los dueños de los medios de comunicación en el proceso electoral.
Este aspecto distorsionaba por completo el panorama electoral, generaba una competencia desigual porque los candidatos con más dinero y favores de los medios de comunicación lograban más espacios publicitarios, desplazando por completo a los candidatos y partidos que no contaban con esos elementos.
Por eso me resulta muy débil el argumento, que algunos tratan de esgrimir, de que antes de este nuevo régimen de medios teníamos una campaña de “altura” con discusión y en la que todos los candidatos se podían promover.
Esto no es cierto porque la campaña era desigual y no competitiva. Solo se promocionaban los que tenían mucho dinero, además de las perversiones que se generaban por las relaciones que se establecían entre los partidos y los medios de comunicación.
No obstante, sí estoy de acuerdo en que el modelo tal y como está no funciona muy bien, pero las reformas al régimen deben estar orientadas a mejorarlo. Por ejemplo, cambiar la tarifa electoral para que se ajuste a los precios del mercado y otras medidas que mejorarían lo que tenemos aprobado.
Por otro lado, también se debe considerar el tiempo de aprobación de la reforma y el tiempo que requiere implementar los cambios aprobados. Se necesita que todos los actores que están involucrados en el proceso electoral conozcan y se ajusten a las nuevas normas.
En las próximas columnas abordaré otros aspectos que se están discutiendo, como el régimen de medios de control y fiscalización y una propuesta que busca cambiar la forma en que se eligen a los diputados, entre otros.
No obstante, hay que considerar una variable determinante: los tiempos políticos. El calendario está corriendo y cada día que pasa le resta viabilidad política y técnica a una reforma electoral. El proceso electoral se avecina y eso aleja las posibilidades de aprobar e implementar de manera responsable una reforma electoral. ¿Qué opina usted?