"Es urgente modernizar el Sistema Penitenciario"

El fin del Sistema Penitenciario de Guatemala es mantener la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad en resguardo de la sociedad y proporcionar a las personas privadas de libertad las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad.

Un estudio presentado recientemente por el CIEN señala que a junio del año 2022 el país contaba con más de 24 mil privados de libertad (prácticamente la mitad en prisión preventiva), en 22 centros -cinco para cumplimiento de condena y 17 de prisión preventiva- ubicados en 12 departamentos.

Algunos pueden pensar que el país tiene muchas personas privadas de libertad; sin embargo, cuando se compara con la tasa de privación por cada 100 mil habitantes en otros países de Latinoamérica, resulta que Guatemala tiene la menor con 143 por 100 mil habitantes. Honduras tiene 206 por 100 mil, seguido por Belice (258) y Costa Rica (298). El Salvador es el país de la región con la mayor tasa de privados de libertad por 100 mil habitantes (564).

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El reto más grande que tiene el Sistema Penitenciario (SP) en Guatemala es su hacinamiento por la falta de infraestructura. En los últimos años no se ha invertido en el aumento de espacios carcelarios ni en la construcción de cárceles. Prácticamente, desde hace una década se cuenta con alrededor de 6,800 espacios carcelarios. Se calcula que actualmente faltan más de 17 mil espacios (sin contar con proyecciones a futuro). Adicionalmente, hay privados de libertad muy peligrosos y no existe realmente una cárcel de alta seguridad.

La tasa de ocupación carcelaria en Guatemala es de 363% -lo que significa que por cada espacio hay cuatro privados de libertad-. Este resultado convierte a Guatemala con el SP más hacinado de la región latinoamericana y uno de los primeros lugares del mundo. Los países del Triángulo Norte cuentan con una ocupación menor a 200%: Honduras con 196% y en el Salvador es de 136%. Sin embargo, en México y Chile la tasa baja a 104% y 91%, respectivamente. Ahora bien, si se compara el hacinamiento por centro penitenciario en Guatemala es aún más alarmante debido a que hay nueve prisiones que están por arriba del promedio de la tasa nacional; especial mención el Boquerón (1,049%), Puerto Barrios (937%) y el Centro de Orientación Femenina -COF- (758%).

El hacinamiento no permite la rehabilitación de los privados de libertad, hace imposible convivir y tener el manejo interno de parte de las autoridades. Esta situación permite, entre otros efectos, que la población reclusa siga delinquiendo desde las prisiones. Según otros estudios realizados por el CIEN, aproximadamente el 90% de las extorsiones salen de centros penitenciarios, además de que se planifican otros delitos. Por lo tanto, un mayor control de las instalaciones incidirá en una mejor seguridad para los ciudadanos.

Lamentablemente, por muchos años se ha dejado de planificar la construcción de infraestructura necesaria para el Sistema Penitenciario. El hacinamiento puede resolverse por un lado con tecnología. Sin embargo, en el caso de Guatemala, es urgente la construcción de mayores espacios carcelarios y prisiones de alta seguridad. El estudio del CIEN señala que, en los últimos siete años, dos de los tres países del Triángulo Norte han tenido avance en la construcción de espacios carcelarios. El Salvador ha construido más de 25 mil espacios y hay 20 mil en construcción. Honduras ha optado por edificar grandes cárceles, pero no ha podido terminar todos los proyectos por problemas en la ejecución; aun así, ha construido 5,612 espacios y hay 4,400 pendientes.

Mientras tanto, en Guatemala no se ha logrado habilitar espacios penitenciarios adicionales (de 2014 a la fecha solo se agregaron 160 espacios en total) ni tampoco se ha logrado poner en marcha medidas alternas, como la aplicación de las fases de prelibertad y libertad controlada del Régimen Progresivo, o el control telemático. Actualmente, hay una licitación en el Ministerio de Gobernación que contiene el diseño, construcción y equipamiento de un nuevo centro para tres mil personas, que, según el Ministerio de Gobernación, será una cárcel de máxima seguridad ubicado en Escuintla. El proyecto será financiado mediante un préstamo del BCIE. Se creó la unidad ejecutora especial para efectos del préstamo y actualmente el proceso de licitación se encuentra en la fase de adjudicación.

¿Qué se recomienda? Importante realizar un plan de mediano y largo plazo para la infraestructura penitenciaria, basado en criterios técnicos, proyecciones a futuro e incluyendo posibles fuentes de financiamiento y los diseños de los proyectos. Definitivamente, hay que priorizar la construcción de espacios de cumplimiento de condena, tomando en cuenta los departamentos y regiones con mayor déficit. Determinante construir al menos un centro de máxima seguridad y, para la licitación en curso, debe existir una evaluación transparente y técnica de las empresas que ofertan para asegurar que cuentan con las capacidades para cumplir con las características del proyecto y las fianzas. Ideal contratar una firma internacional para supervisar la obra en construcción. Sin embargo, la mejora del sistema va acompañado de un moderno modelo de gestión penitenciaria con un régimen interno distinto, que se ponga en práctica en los nuevos centros que se habiliten con el objetivo de lograr que estos se conviertan en espacios seguros, ordenados y debidamente supervisados. Con estos cambios, el SP puede cumplir con sus fines de resguardar a la sociedad y rehabilitar al recluso. ¿Qué opina del Sistema Penitenciario? ¿Cómo evitar que los privados de libertad tengan privilegios? ¿Cómo rehabilitar a los reclusos?