La corrupción siempre nos pega duro, pero en estos días ha sido más evidente y esto nos debe motivar a reflexionar sobre las acciones que debemos impulsar para combatirla.
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Los escándalos de corrupción, los casos que se están “cayendo” en los tribunales, el desastre en el hundimiento de Villa Nueva y las mágicas soluciones que en un inicio trataron de implementar, el Congreso despachándose con la cuchara grande y desfinanciando el presupuesto de salud para reasignarlo a obras de infraestructura, en donde campea la corrupción.
Las noticias son desalentadoras y muestran a una clase política que sin pudor y descaro está dedicándose a saquear el erario, sacrificando las necesidades de la población, pero llenando sus cuentas bancarias.
En este contexto, hace poco La Americas Society/Council of the America y el Control Risks presentaron un interesante índice que busca medir la capacidad que tienen los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio adopta una visión regional y comparativa que permite identificar cómo estamos respecto a otros países y cómo hemos evolucionado en este índice en los últimos años.
Me gustaría presentar en esta columna resultados positivos para nuestro país, pero, lamentablemente, el estudio refleja, con mucha frialdad, lo que a todas luces vemos todos los días: una descontrolada y descarada corrupción.
El informe indica que la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo en América Latina durante el año pasado. Resalta que algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países de la región México y Brasil sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto.
En este sentido, muchos de los ciudadanos de la región coinciden en que hay muchos desafíos en la región, problemas económicos, como la inflación, la pandemia del Covid-19 y, desde luego, la lucha contra la corrupción.
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Muchos de los gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor. En consecuencia, resalta el estudio, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando en la región se instaló una corriente muy esperanzadora anticorrupción, que llegó a capitalizar políticamente un respaldo significativo de la ciudadanía y de los actores políticos e institucionales.
El estudio evidencia la corriente regresiva que se instaló en varios países y que en el caso de Guatemala, aunado al proceso de desinstitucionalización y desbaratamiento de los logros alcanzados, que empezó con no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Impunidad en Guatemala (CICIG), y otras acciones que evidencian una regresión preocupante.
De hecho, Guatemala experimentó un descenso significativo en el índice porque registramos un retroceso en las tres áreas que son evaluadas, dando como resultado que ocupemos la posición 13 de 15, solo superando a Bolivia y Venezuela.
Necesitamos retomar la lucha contra la corrupción desde un esfuerzo conjunto en el que se logre “despolarizar” la discusión y las acciones para establecer una agenda común que nos marque un camino, una ruta para continuar con esta tarea. Reconstruir la confianza entre los diversos actores, recuperar la institucionalidad pública y la esperanza en instituciones eficientes, eficaces y transparente. ¿Qué opina usted?
