Ante el anuncio del presidente del Programa Nacional de Emergencia para hacerle frente al conflicto de Ucrania y Rusia, varios opinaron que era importante, debido a la influencia que ha tenido en la economía mundial, de la cual Guatemala no se ha escapado. Sin embargo, al leer el contenido, hubo gran decepción, debido a que las acciones que se tomarán serán de corto plazo, de poco contenido y difícilmente impactarán positivamente el país.
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Ya el Congreso de Guatemala desde marzo a junio ha aumentado en Q6,656 millones el presupuesto; la mitad (Q3,191 millones) se destinará en la infraestructura de una serie de proyectos que carecen de sustento técnico y que no obedecen a un plan estratégico y el resto para subsidios al gas, gasolinas y energía eléctrica.
El plan, adicionalmente, incluye utilizar otros Q3,550 millones distribuidos en tres grandes rubros: Infraestructura portuaria Q129 millones, protección social Q2,881 millones y políticas sectoriales Q540 millones -que tiene dos rubros: seguridad alimentaria Q450 millones y Q90 millones en subsidio para la tarifa social por nueve meses más.
A pesar de que se va a gastar alrededor del 10% del presupuesto original aprobado, los funcionarios públicos comentan que esto no pone en riesgo la macroeconomía del país y si los comparamos con otros países, especialmente latinoamericanos, todavía cuenta con estabilidad. Sin embargo, los recursos tienen un gran costo de oportunidad y debemos tomar en cuenta que se vienen tiempos difíciles.
El invierno se perfila fuerte, muestra el hoyo en Villa Nueva, los derrumbes en distintas carreteras e inundaciones en distintas comunidades. Por lo tanto, es de analizar qué proyectos hay que realizar, qué se está ejecutando en materia de inversión e infraestructura y cómo prevenir mayores desastres. Lamentablemente, en los últimos años, se ha sacrificado la inversión. La mayoría de los recursos públicos se están destinando a pago y aumento de salarios (especialmente por los pactos colectivos) y lo poco que se destina a infraestructura, debido en gran parte a una gestión pública obsoleta, no se ejecutan con eficiencia los escasos recursos.
Recientemente, el CIEN presentó su tercer informe del proyecto Alerta Presupuesto que analiza el Presupuesto de Egresos con énfasis en el gasto de inversión. Se encontró que a pesar de que la Secretaría de Planificación Económica (Segeplan) tiene avances importantes, principalmente durante la administración actual, en torno a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública; el desafío es que no todas las instituciones que realizan inversión pública llevan a cabo.
El estudio muestra que el gasto de inversión del período 2008-2011 fue de 4.1% del PIB, pero pasó a representar el 2.9% del PIB en el período 2012-2015. En el año 2021 ya solo representaba el 2.4%. Al comparar los períodos 2002-2006 y 2012-2016, la inversión pública de América Latina creció en 1.1 puntos porcentuales (de 2.8% a 3.9% del PIB), mientras que en Guatemala se redujo en 1.7 puntos porcentuales, (de 4.5% a 2.8% del PIB). Expertos señalan que Guatemala debería invertir US$48,199 millones en los sectores de agua y saneamiento (37.4%), energía (19.1%), transporte (19.9%) y telecomunicaciones (23.6%) para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otros académicos sugieren que el costo adicional en infraestructura de carreteras, y en agua y saneamiento debería ser 3.2% y 0.6% del PIB en 2030, respectivamente.
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Tal vez lo que más llama la atención del estudio es el señalamiento de cuáles instituciones están haciendo la inversión física y de qué monto son los proyectos. Para el año 2021 se presupuestaron 16,287 obras con un monto de Q8,845,521,027. Los que más obras tenían asignadas fueron los gobiernos locales con el 64% de las obras y con el 39% de los recursos. Los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural tenían un monto similar en recursos que los ministerios (30% y 28% respectivamente), pero los Consejos tenían 5,250 obras en comparación a 469 en los ministerios. La mayor parte de las obras son de baja cuantía, principalmente las de los gobiernos locales y los Consejos; por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, el 92% de las obras correspondieron a inversiones de hasta Q900 mil.
¿Qué se recomienda? Definir prioridades. La inversión en infraestructura es clave para el desarrollo y productividad de las personas. Se necesita un plan de mediano y largo plazos en el que las obras encajen en apoyar el desarrollo. Fortalecer las competencias de todos los involucrados en la inversión pública desde Segeplan hasta todos los actores que tienen relación con la inversión en infraestructura y procesos de adquisición. Establecer reglas fiscales y/o cambios en las reglas del juego que determinan los incentivos y el comportamiento de los tomadores de decisiones para salvaguardar la inversión pública de los recortes presupuestarios limitando la expansión del gasto público total y del gasto de funcionamiento durante las épocas de bonanza. Revertir el sesgo en contra del gasto en inversión pública junto con mejorar su eficiencia y la coordinación del gasto en inversión pública en todos los niveles del gobierno y perseguir resultados durante el ciclo de los proyectos de inversión.
Por último, revisar y modernizar la ley de contrataciones que agilice, especialmente, obras importantes y de buena calidad. Es de recordar que la ley no contempla erogaciones para emergencias, como el caso del hoyo de Villa Nueva. Los escasos recursos siempre deben ejecutarse de forma eficiente. Los subsidios darán un alivio temporal, pero no son sostenibles. Es importante ser realistas y cautos. ¿Qué medidas de austeridad está tomando usted y su familia a raíz del alza de la gasolina y el gas? ¿Qué reducciones debe hacer el gobierno para contener el gasto? ¿Cómo obligar a los que ejecutan infraestructura a que lo hagan eficientemente?
