Los retos que se plantean en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos exigen que las autoridades tomen acciones viables y pertinentes para hacer avanzar esta importante agenda.
En el ambiente político prevalece una corriente autoritaria que está tratando de utilizar los recursos políticos a su disposición para instalar una agenda regresiva en materia de derechos humanos, alimentada con campañas de desinformación mal intencionadas que buscan desvirtuar el sentido y la definición de lo que se debe considerar como derechos humanos, buscando confundir y desinformar.
Es preocupante porque estamos hablando de las condiciones mínimas que deben prevalecer para que cualquier persona en el país pueda vivir de manera digna, se respeten sus derechos y encuentre un ambiente con oportunidades para su desarrollo integral.
Por ello, con el espíritu de recoger tanto los avances, pero especialmente los desafíos que tenemos en materias de justicia y lucha contra la impunidad, presento en esta columna las principales conclusiones y recomendaciones del informe y coloco algunos elementos del contexto que ayudan a explicar la situación que se enfrenta en esta materia.
La independencia de las instituciones de justicia y el fortalecimiento de las carreras profesionales de los funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, incluyendo la protección de estos, y la creación de programas nacionales o mecanismos institucionales de protección que permitan detectar y abordar adecuadamente los retos en este sector.
El informe resalta que los retos estructurales del sistema de justicia, como la mora judicial y el retraso en la elección y toma de posesión de los magistrados y magistradas continuaron agravándose como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Consolidar el sistema de justicia en el país es un desafío muy importante en medio de un proceso de cooptación de las instituciones de justicia que ha derribado la independencia judicial y afecta significativamente la capacidad del sistema para brindar justicia como un derecho humano.
El Congreso no ha electo a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ha instrumentalizado la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) es instrumento de persecución política, desnaturalizando su función, haciendo prevalecer un manto de impunidad.
Esto se materializa en la persecución de fiscales, jueces y defensores de derechos humanos, entre otros, así como el malévolo plan que desbarató la institucionalidad en el MP. La duda que está en el ambiente es la decisión que tomará el presidente Giammattei para nombrar al próximo fiscal general del MP.
Indudablemente, el objetivo es continuar con la estrategia que le asegure impunidad, pero la duda está en si lo hará premiando a Consuelo Porras con la reelección o buscará a otro actor que opere para ese objetivo.
Por ello, resulta fundamental que analicemos la situación que enfrenta el sistema de justicia por este proceso de cooptación que tiene anulada la independencia judicial, que hace inoperante el sistema y que no está brindando justicia pronta y cumplida. Además, se necesita un rechazo rotundo de los ciudadanos y ciudadanas que deseamos que prevalezca la igualdad, la justicia y el Estado de derecho en el país. ¿Qué opina usted?