Con el objeto de lograr una mejor calidad de leyes y ante lo que ha sucedido en este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, donde se han aprobado 27 decretos sin profundidad y sustento técnico, la Alianza por un Congreso Eficiente realizó un estudio que analiza el cumplimiento del proceso legislativo de aprobación de los 54 decretos correspondientes a los años 2020 Y 2021.
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La Alianza diseñó una metodología, evaluando el cumplimiento de todos los requisitos de ley para cada decreto aprobado. A continuación, se presenta un resumen del estudio, así como una serie de recomendaciones con el fin de lograr un mejor desempeño del Congreso. Esta semana se contará con el documento completo en la página www.congresoeficiente.gt.
Es de recordar que el artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL- indica que todas las iniciativas que tengan como propósito presentar un proyecto de ley, deben contar con varios requisitos. Iniciando con una cuidadosa y completa exposición de motivos, también acompañar documentación que justifique la iniciativa; y algo sumamente importante, contar con los estudios técnicos, legales y financieros.
¿Qué revela el análisis? Durante la legislatura del año 2020, comenzó la pandemia del Covid-19. Durante ese año, el pleno del Congreso aprobó 34 decretos, 12 de los cuales habían estado en discusión en años anteriores y 17 relacionados con la pandemia. Preocupa que un 54% de los decretos aprobados (20) contaron con dictamen favorable de la comisión a la que fueron remitidos, pero sin tener un análisis técnico, y 16 no tuvieron un análisis financiero a pesar de ser requisito. Tres decretos relacionados con el presupuesto de 2021 fueron archivados.
El artículo 40 de la LOOL indica que las comisiones de trabajo deben rendir dictámenes de las iniciativas que se les trasladen en un plazo que no exceda de 45 días hábiles. Sin embargo, siete de los decretos aprobados en 2020 recibieron dictamen fuera del plazo establecido en la ley; a pesar de que la ley faculta la prórroga del plazo, las comisiones no la solicitaron. Además, más de una tercera parte de los decretos fueron aprobados como de urgencia nacional y en la mayoría fue dispensado el respectivo dictamen.
En el año 2021 la situación fue similar. A pesar de que aprobaron solo 20 decretos, una cuarta parte se habían empezado a discutir en la legislatura pasada (año 2019 o anterior). Hubo uno vetado por el presidente, dos relacionados con estados de Calamidad y dos con ratificación de estados de Sitio. En 2021, las iniciativas de ocho de los decretos que fueron aprobados no contaron con estudios técnicos que justificaran su necesidad y cinco no contaron con el análisis financiero.
Un 30% de los decretos (6 de 20) fueron aprobados por urgencia nacional, cinco de los cuales no fueron remitidos a comisión y no contaron con el análisis técnico, legal y presupuestario. Uno había sido remitido a la comisión y al recibir el dictamen favorable y pasar al Pleno fue aprobado de urgencia nacional. Cuatro decretos que fueron aprobados según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad también fueron dispensados de recibir dictamen de comisión.
De los 20 decretos aprobados, seis recibieron dictamen fuera del plazo establecido en la ley. De los que sí recibieron dictamen, solo cinco cumplieron con el plazo normado.
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En conclusión, después de haber hecho un análisis exhaustivo del cumplimiento del proceso legislativo en la aprobación de los 54 decretos emitidos por el Congreso en los años 2020 y 2021, se puede observar que persisten grandes desafíos. Es de suma importancia conocer el proceso de aprobación de una ley para comprender cómo se logra una norma jurídica. No debe abusarse de los precedentes legislativos para corregir malas prácticas o decisiones poco informadas o irreflexivas por el pleno del Congreso. Se cuestiona la legalidad de las normas producto de procesos en los cuales no se respeta la LOOL, ya que no se cumple el plazo para emitir un dictamen por parte de las comisiones de trabajo y a muchas iniciativas de ley les hace falta incluir el análisis técnico, legal y presupuestario o financiero cuando procede.
Conocer iniciativas o basarse en dictámenes emitidos por legislaturas anteriores a la fecha de la discusión es una mala práctica, ya que la norma que se analiza o se discute puede ya no ser necesaria, estar desactualizada o ser poco coherente con el resto del ordenamiento jurídico. La utilización del procedimiento de aprobación de un decreto por urgencia nacional no es conveniente en el caso de iniciativas que deben ser estudiadas y analizadas en las comisiones a fin de justificar su creación y estimar el impacto financiero.
El estudio presenta cinco recomendaciones: 1) Divulgar el procedimiento de la aprobación de los decretos para que la población verifique el cumplimiento de los requisitos técnicos y los tiempos establecidos en la ley. 2) Evaluar el tiempo que establece la LOOL para emitir un dictamen de la comisión de trabajo con dicho plazo. 3) Mejorar la calidad legislativa asegurando que las iniciativas de ley se presenten con fundamento en estudios técnicos y financieros, y que contengan análisis legal pertinente. 4) Utilizar la figura de urgencia nacional solo en casos concretos en los que se busque aprobar un decreto que sea necesario para atender un desafío coyuntural inmediato. 5) Revisar la pertinencia y considerar la actualización de las iniciativas de ley que han sido presentadas y discutidas en legislaturas anteriores previo a emitir los decretos y considerar si los temas planteados en estas siguen vigentes.
Es fundamental que los decretos aprobados en el Legislativo sean discutidos, analizados técnicamente y cumplan con los procesos que su ley manda. Es importante ir avanzando hacia un Congreso más eficiente. ¿Qué opina del Congreso? ¿Cómo se puede mejorar su desempeño? ¿Cómo lograr que las comisiones de trabajo sean más efectivas?
