Recientemente, el presidente de la República comentó que este miércoles anunciará en cadena nacional las medidas de desescalamiento por el tema de la pandemia. Él comentaba que estas medidas serán trascendentales para poder vivir con la normalidad de antes.
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Realmente, se esperaba que la pandemia de Covid-19 fuera la oportunidad para transformar al país. Era claro que el sistema de salud estaba colapsado y que el modelo educativo había caducado. Gran parte de la población en la economía informal y las remesas eran un ingreso importante. El país no tenía una visión de hacia donde dirigirse para aumentar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos. También era evidente que la mayoría de la población no tenía acceso a internet de calidad y que el transporte público había que renovarlo. No se contaba con un plan de infraestructura al servicio de los habitantes, el desarrollo y la producción.
Estábamos pendientes de la renovación de la Corte Suprema de Justicia y con la ilusión de que un Congreso con la mayoría de sus integrantes nuevos mejoraría su desempeño y modernizaría la legislación del país. Había varias iniciativas y préstamos pendientes -entre los préstamos, uno para el Sistema Penitenciario y otro para el Ministerio Público-. La seguridad ciudadana estaba mejor (baja en la victimización en los hogares); sin embargo, la población se percibía más insegura que años anteriores.
Adicionalmente, era la ocasión para analizar la gestión pública. Con tantos estados de excepción y lo engorrosa que es la Ley de Contrataciones, era el momento para plantear una ley moderna y efectiva. Se esperaba que el nuevo gobierno estableciera criterios de mérito para reclutar a nuevos funcionarios y evaluaciones de la burocracia para ser más eficientes. También se pensó que, ante un presupuesto tan grande, aprobado en 2020, se buscaría una ejecución por resultados. Era el momento de planificar para alcanzar las metas planteadas por el Plan de la Política General de Gobierno 2020-2024.
¿Qué pasó después de dos años? Seguimos contando con un sistema de salud disfuncional. Actualmente, el 41% de la población meta tiene esquema completo de vacunación. Lamentable que no se cuente con datos para conocer cómo está el estado nutricional de los niños. Durante la pandemia, hubo tres distintos equipos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, situación difícil para cambiar una institución. En educación hay un retroceso. Según expresó públicamente la ministra de Educación -ya que no se cuenta con documentos al respecto-, se ha retenido a los alumnos; sin embargo, hay una gran brecha en el aprendizaje. Se firmó un nuevo pacto colectivo y no se aprovechó para renovar la formación del docente para el siglo XXI. Era la oportunidad para remozar las escuelas e introducir la tecnología como apoyo del aprendizaje de los alumnos.
La economía tuvo una alta recuperación -7.5% de crecimiento en el año 2021. Sin embargo, para salir de la pobreza, la producción de Guatemala debería crecer al menos 6% anual de forma sostenida. Se aprobaron algunas leyes para fortalecer la economía y además se dinamizó un sistema para apoyar a las Pymes. Se trabajó un plan bastante ambicioso: “Guatemala no se detiene”, con una firma consultora estratégica, McKinsey, que busca impulsar la reactivación económica y social del país. Su objetivo es acelerar el crecimiento y generar empleo. Se enfoca en promover las exportaciones de 20 productos en sectores como vestimenta, agropecuario, productos alimenticios y químicos. Las remesas crecieron en dos años en un 46% (de US$10,508.3 millones en 2019 a US$15,295.7 millones en 2021).
En el sector de justicia, el Congreso no elige aún a los miembros de las Cortes (la Suprema y Salas de Apelaciones). Durante la pandemia estuvo casi paralizado el sistema de justicia. Sin embargo, ante la pérdida de eficiencia, se iniciaron cambios utilizando la tecnología. Proceso lento, por lo mismo de encontrarse en un limbo este organismo del Estado. Las entidades de apoyo a la justicia penal también hicieron esfuerzos por su mejora. Sin embargo, la politización de la elección del nuevo fiscal ha sido un desgaste para la institucionalidad del país. En seguridad ciudadana se logró bajar la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante el año 2020 (15.3). El año pasado la tasa de homicidios fue menor que la de 2019 (21.5 vs. 16.6); sin embargo, aumentó la victimización en los hogares (de 20% a 24%) y persisten las extorsiones. En el sistema penitenciario no cambió nada, los privados de libertad siguen hacinados y sin control. También la rotación de ministros de Gobernación (cuatro) no permite mejoras en el mediano y largo plazos.
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En infraestructura hay muchísimos retos. Es importante contar con un plan, tanto en el tema vial, como en el acceso a internet, cobertura total de energía eléctrica, e inversión en puertos y aeropuertos. Crucial comprender que estamos en la era digital, por lo cual debe actualizarse la Ley de Telecomunicaciones y lograr la subasta de las frecuencias. Vergüenza el decreto recién aprobado por el Congreso, que destinó más de Q3,191 millones para “parchar la red vial”, la cual ni cumple con el proceso de planificación ni evaluación de proyectos. Adicionalmente, el tráfico es caótico y el transporte público es muy deficiente. Urgente presentar una estrategia integral al respecto.
Por último, la gestión pública, cada vez más, propicia el desperdicio de recursos. Es importante contar con sistemas modernos, procesos claros, procedimientos transparentes y controles internos para prevenir la corrupción y eficientizar el gasto público -en general las compras y las contrataciones del Estado-.
La mayoría de los guatemaltecos deseamos un país distinto, al servicio de los ciudadanos, con oportunidades de crecimiento y desarrollo. Debemos exigir una transformación del país, especialmente de cara a las elecciones, de lo contrario, jamás lograremos el bienestar de la población. ¿Qué entiende por normalidad? ¿Cuáles son las prioridades del país? ¿Cómo iniciar una transformación del país?
