A dos años de la pandemia del Covid-19, muchos pensamos que era el momento de modernizar el país y, entre otras acciones, llevar el servicio internet a todos los lugares en Guatemala. Sin embargo, pareciera que esta agenda no es prioritaria para los políticos. Se avanza con algunas leyes para digitalizar procesos, pero una estrategia nacional para llevar la banda ancha y dispositivos a todos los guatemaltecos está ausente.
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La conectividad es importante, pues aumenta el bienestar de los ciudadanos. En salud, por ejemplo, se puede ampliar la cobertura, prevenir pandemias, lo que permitiría una mayor gestión de casos y reducir vulnerabilidades. En el plano educativo produce una mejora en los aprendizajes, la empleabilidad, productividad e ingresos, además incrementa las habilidades laborales. También promueve la formalización de la economía, mejora el acceso a los servicios bancarios y aumenta la productividad. Adicionalmente, reduce la corrupción, refuerza la participación ciudadana y la eficiencia del gobierno, mejorando los servicios y beneficios a la población. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un incremento en la penetración de banda ancha del 10% genera un incremento entre 0.25% a 1.38% de la producción nacional (producto interno bruto-PIB).
Recientemente, el CIEN hizo una investigación con el fin de proponer cómo avanzar en la ampliación de la conectividad en el país. Realmente, el diagnóstico es desafiante. Según información del Censo 2018, tan solo el 29% de la población señaló que había utilizado internet en los últimos tres meses. Los retos son mucho más profundos en el área rural, donde únicamente el 15% de las personas manifestó tener acceso a internet, mientras que ese porcentaje fue de 42% en el área urbana. La UIT señaló que para el año 2019 el 44.4% de la población tenía acceso a internet. Puede ser que estas cifras hayan mejorado, pero no se cuenta con información reciente.
Ahora bien, cómo estamos en relación con otros países. Según el Índice de Competitividad Global del año 2019 del Foro Económico Mundial, en el pilar de la adopción de tecnologías de la información y comunicación, Guatemala ocupa la posición 110 de 141 países. La cantidad de suscriptores de teléfonos celulares ocupa la posición 68, los suscriptores de internet de banda ancha móvil está en el puesto 132, los suscriptores de internet de banda ancha fija en el puesto 99, los suscriptores de internet de fibra en el puesto 95 y el porcentaje de adultos que utilizan internet se ubica en el puesto 73. En Centroamérica, Guatemala ocupa la cuarta posición con relación a la proporción de personas con acceso a internet.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del año 2019, señala que existen en general cinco barreras para la inclusión digital en Guatemala: 1) La pobreza -tema económico-, 2) La incertidumbre para la inversión, 3) La ausencia de políticas públicas al respecto, 4) La gestión de la frecuencia radioeléctrica y 5) Un marco regulatorio desactualizado.
Con el fin de superar las restricciones identificadas en las investigaciones realizadas y las reuniones sostenidas con expertos, el CIEN propone dos caminos de acción con la finalidad de lograr llevar el internet a una mayor proporción de la población: a) Crear las condiciones para que exista inversión y la promoción de la competencia, y b) Aplicar el principio subsidiario del Estado, lo que implica crear mecanismos para llevar la banda ancha a lugares donde no es rentable realizarlo por el sector privado.
Respecto al primer camino, el CIEN insiste en contar con las políticas y regulación que fomenten las condiciones para que exista inversión y la promoción de la competencia, en un ambiente de certeza jurídica. Es importante recalcar que deben darse cambios en la regulación, por lo que es crucial la participación de los políticos para hacerlos. La Ley de Telecomunicaciones (Decreto 94-96) es del siglo pasado -que en su época fue muy novedosa, pero no está actualizada-. Por ejemplo, no contempla el internet. También se debe promover la competencia y reducir las barreras para el despliegue de infraestructura, acabando con la discrecionalidad de realizar cobros arbitrarios en el terreno (casos que se dan con algunas municipalidades y distintos Cocodes).
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Basado en una experiencia positiva en México, se recomienda elaborar de forma participativa un diagnóstico y recomendaciones para incrementar el acceso a banda ancha del país. Esto puede servir de catalizador del cambio y la creación de compromisos por parte de las autoridades para realizar las reformas. Adicionalmente, debe considerarse adoptar las mejores prácticas internacionales para la promoción de la competencia, como lo es la portabilidad numérica, la interconexión, la desagregación de redes, la colocalización y la reventa, lo cual actualmente no aplica para los operadores móviles. También se recomienda realizar la subasta de espectro radioeléctrico (Banda AWS y 700 MHz). Es crucial elaborar un plan de banda ancha que establezca las prioridades y compromisos y que sea evaluado de forma continua para conocer sus resultados. La Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- debe recopilar información relevante sobre el internet y mantener al día los datos, lo que promocionaría la transparencia.
El segundo camino de acción tiene una relación directa con la infraestructura. Contempla proyectos de inversión para la expansión de la cobertura. Se recomienda implementar un fondo de servicio universal que promueva el financiamiento del despliegue de infraestructura para la provisión de internet de banda ancha a la población que actualmente se encuentra excluida. El fondo podrá financiar la provisión de internet en municipios seleccionados en función de un proceso de focalización y realizar un concurso público y abierto para que las empresas oferten la tecnología que utilizarán para llevar internet a los puntos de acceso acordados (centros educativos, puestos de salud y parques, entre otros), a fin de seleccionar las ofertas que contemplen una mejor relación calidad-precio. Los centros de acceso (excepto los parques) deben contar con las terminales necesarias para utilizar el acceso a internet. También se sugiere implementar procesos para incrementar las competencias digitales de la población.
Ampliar la conectividad en el país debe ser un proyecto que nos una a todos. Es urgente un plan con una visión amplia, tomando en cuenta los avances tecnológicos y juntos crear futuro. La voluntad política es el ingrediente que falta. ¿Tiene internet en su casa? ¿Posee un celular con internet? ¿Cómo presionamos a las autoridades a priorizar un plan de conectividad para todos?
