Una profunda indignación causa la aprobación de una ley que de manera abierta está violando derechos humanos fundamentales consignados en la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales ratificados por nuestro Estado.
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La ley está plagada de sinsentidos, reformas regresivas y represivas, así como elementos abiertamente inconstitucionales. No digamos las dificultades materiales que implicaría una eventual implementación, si la ley no es vetada por el presidente o bien declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC).
No quiero detenerme mucho en el análisis detallado de la misma, especialmente desde una perspectiva del derecho, sino que deseo compartir con ustedes algunas reflexiones de carácter general. Por un lado, no es posible que la ley intente normar qué es una “familia normal”, indicando que las familias solo pueden ser concebidas cuando están integradas por padre y madre.
Esto muestra un desconocimiento de la realidad que enfrentan muchas mujeres, cabezas de hogar, y familias que no están integradas de la manera en que la ley lo indica. No estaría mal ir a revisar los datos del INE y darnos cuenta de que la sociedad está cambiando significativamente. Más allá de la discusión sobre la paternidad responsable y cómo las dinámicas machistas alteran significativamente el ideal de familia que se quiere imponer.
Por otro lado, parece un completo sinsentido que, por ejemplo, si una mujer pierde accidentalmente el embarazo puede ser considerada criminal y condenada de 2 a 4 años. No clarifica la diferencia entre el aborto espontáneo o las “pérdidas” o que no todo aborto es inducido. Hay algunas estadísticas que indican que entre las mujeres que saben que están embarazadas, aproximadamente del 10% al 25 % sufrirán un aborto espontáneo. Es decir, si esta ley se aplica de manera rigurosa, existe la posibilidad de que se vayan directo a la cárcel.
Es una ley retrógrada porque limita la educación sexual. Este elemento es clave porque, dada la dinámica real, se generan condiciones para que se agrave el problema de los “embarazos” en menores, enfermedades de transmisión sexual y muchas otras cosas.
La ley es una máquina del tiempo porque hace que el país viaje a la época del oscurantismo y ahora las personas no heterosexuales serán consideradas “anormales”, generando condiciones de odio y discriminación que atenta contra derechos humanos fundamentales.
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Por otro lado, está la dimensión de la dinámica política en la que también se inserta la discusión de la aprobación de esta ley. La clase política de este país instrumentaliza este tipo de acciones para generar polarización y desviar la atención de los actores, así como hacer avanzar una agenda regresiva en materia de derechos humanos y democracia, que está derribando la poca institucionalidad que habíamos logrado construir.
Estas llamadas “cortinas de humo” hacen que le quitemos atención al saqueo y la corrupción campante. Que nos olvidemos de un gobierno que vela por los intereses de las mineras y no para la ciudadanía. Que nos olvidemos de un Ministerio Público (MP) que está al servicio de las élites corruptas que desean que reine la impunidad y la corrupción. Que no olvidemos de la nefasta administración que en medio de una pandemia dejó irresponsablemente que se vencieran más de medio millón de vacunas.
¿Les interesa la vida? No les interesa defender la vida ni mucho menos a la familia. Si fuera lo contrario, entonces las autoridades utilizarían su poder y los recursos públicos para atender la desnutrición crónica, la campante violencia, especialmente la que se da contra la mujer, en generar condiciones de vida digna para que las personas puedan tener oportunidades. En tener un sistema de salud pública digna. No nos hubieran desamparado como lo hicieron en esta pandemia. Un sistema de educación que brinde calidad educativa.
Guatemala no es capital iberoamericana “pro vida” sino que es la capital iberoamericana “pro corrupción e impunidad”. Esa es la desfachatez. ¿Qué opina usted?
