En estos días, posiblemente el tema de la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público es lo más comentado en medios de comunicación y foros. Los miembros de la comisión fueron juramentados por el Congreso de la República el 18 de enero. Ya se definió la tabla de gradación a candidatos y se cuenta con un perfil. El 10 de febrero se realizó la convocatoria oficial y del 11 al 21 los aspirantes podrán mandar sus expedientes para participar. Luego se revisarán y evaluarán del 22 de febrero al 14 de marzo. Seguidamente, habrá recepción de posibles impedimentos de los candidatos y del 24 al 30 de marzo los aspirantes objetados podrán presentar pruebas de descargo. El 31 se hará la prueba psicométrica a los candidatos, del 1 al 5 de abril entrevistas, para luego del 6 al 8 una evaluación final y así el 18 de abril se presente la nómina de los seis candidatos al presidente de la República, quien tendrá que elegir a uno.
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La Constitución Política de la República de Guatemala establece como un deber fundamental del Estado de Guatemala el garantizar la justicia a sus habitantes. Y para garantizar la justicia es esencial el Organismo Judicial (OJ), institución que tiene constitucionalmente asignada la función de administrar justicia. El Ministerio Público (MP) es una institución auxiliar de los tribunales de justicia y de la administración pública, a la que le corresponde velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Dentro de sus funciones más importantes está dirigir la investigación dentro del proceso penal y ejercer la acción penal pública.
El sistema de la justicia penal también cuenta con otras instituciones que apoyan en el proceso, como lo es la Policía Nacional Civil (PNC) con la investigación de casos a solicitud del MP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que hace el peritaje, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que brinda apoyo legal a los acusados que carecen de recursos, el recién creado Instituto de la Víctima, que busca el apoyo de las víctimas de escasos recursos y el Sistema Penitenciario (SP), que está bajo el mando del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Si a lo que se aspira es lograr una justicia penal pronta y cumplida, es importante comprender que es un sistema donde participan siete instituciones y el éxito dependerá de la eficiencia institucional y global. Por medio de una metodología diseñada en el año 2016 de forma conjunta, instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil, se evalúa la eficiencia en el manejo de los inventarios (casos) y el flujo de estos en las organizaciones del sistema. Luego de varios años de trabajar esta herramienta manualmente, se digitalizó, creando la plataforma justiciacriminal.gt. Esta presenta los datos de forma abierta, los cuales se van actualizando trimestralmente de forma automática por las instituciones. Antes de que finalice febrero se podrá ver el desempeño de estas instituciones del año 2021, analizar los cuellos de botella y hacer mejoras tanto para el sistema como en cada una de las instituciones participantes.
El flujograma muestra que en los últimos años ha habido voluntad por mejorar. La eficiencia global del sistema en el año 2016 fue de 22.7%, llegó a 32% previo a la pandemia (2019) y lamentablemente bajó a un 25% en el año 2020. Sin embargo, las instituciones fueron conscientes de innovar para lograr una mejora continua.
En el caso de Ministerio Público, en los últimos años el inventario acumulado ha ido disminuyendo gradualmente. En el año 2014 este era mayor a 1.4 millones de casos, mientras que en el año 2020 fue de alrededor de un millón. Adicionalmente, esta institución ha sido beneficiada con más recursos en los últimos años. En la última década se triplicó su presupuesto, pasando de Q1,013.3 millones en el año 2012 a Q3,602.3 millones, mientras que el Organismo Judicial, que vela por la justicia no solo penal sino en otras ramas del derecho, tan solo se duplicó. Para referencia, este año el presupuesto del MP es mayor al del OJ.
Evaluar el desempeño del MP es complejo. Una institución que tiene 11,594 empleados y múltiples fiscalías: 34 de Sección (seis de alto impacto), 23 de Distrito y 46 Municipales. Además, cuenta con Agencias Fiscales en todos los municipios y Agencias Fiscales de la Mujer en los departamentos. De 340,068 denuncias recibidas el año pasado, 13 delitos representan el 75%. Una tercera parte se concentra en los delitos de amenazas (16%) y violencia contra la mujer (18%), hurto y lesiones representan el 10% (5% cada uno); las demás denuncias de delitos son igual o menor al 3% cada uno.
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La evaluación se podría hacer basado en el plan de trabajo presentado y sus logros. Muchos se dejan llevar solo por la percepción, relacionado con algunos casos, por la persona que está al mando y no por los resultados de la institución. La lección aprendida es la importancia de evaluar las instituciones con una métrica definida. Como bien lo decía William Thomson K.: “Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo no que se mejora, se degrada para siempre”. Por lo tanto, es muy importante ir definiendo metodologías para evaluar las instituciones y mejorar su desempeño.
Los requisitos para dirigir esta institución son: ser abogado colegiado, guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, mayor de 40 años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados con la misma calidad, o bien haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. A pesar de que hay toda una metodología definida por la comisión de postulación, es muy difícil elegir a un profesional cuando no se tiene una evaluación objetiva de conocimientos jurídicos y competencias en la gerencia pública y estratégica.
Sin excepción, en todos los foros se ha comentado la importancia de la transparencia, elegir a candidatos idóneos y denunciar cualquier tipo de presión al que pueden ser sujetos los integrantes de la comisión de postulación. Estaremos atentos al proceso y esperamos que los abogados más capaces y honestos participen, y que la lista corta de los seis candidatos esté integrada por los mejores profesionales para que el presidente de la República escoja a quien sea el más apto. ¿Qué opina del proceso de elección? ¿Qué espera del próximo fiscal general? ¿Cómo se logra un sistema objetivo para evaluar las instituciones de la justicia penal?
