Unas de las preocupaciones que he tratado de compartir con ustedes en las últimas columnas son los efectos que la corrupción genera en todos los ámbitos y a todo nivel. La discusión pareciera ser repetitiva y sin mucho sentido en un contexto con un gobierno y autoridades corruptas.
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No obstante, a pesar de que parece aburrido, no hay que dejar de poner sobre la mesa de discusión las múltiples relaciones y los efectos nocivos y dañinos que tiene la corrupción en la institucionalidad pública, y cómo debilita la capacidad de respuesta para atender las necesidades de la población.
En estos días leí un informe muy interesante publicado por Wilson Center y Latin American Program en el que se analizan los efectos de la corrupción en el sistema de justicia en el llamado Triángulo Norte. En otro momento discutiremos por qué no me termina de convencer de que se utilice ese término para agrupar a tres países de la región centroamericana: Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, quiero compartir un par de reflexiones que me dejó la lectura de este estudio para Guatemala.
En el caso de nuestro país estamos enfrentando un huracán de impunidad que está debilitando la independencia del sistema judicial. Las redes corruptas de clientelismo, corrupción, narcotráfico y crimen organizado se han planteado debilitar y derrumbar los pocos avances que se habían logrado en esta materia.
Por ejemplo, ayer aprobaron en el Congreso una ley que anula las posibilidades de promover la carrera judicial y además regresa el poder a la Corte Suprema de Justicia –CSJ–, generando posibilidades para que los jueces independientes e incómodos sean objetos de presiones de todo tipo, minando su independencia judicial.
Si bien los avances que se habían logrado en materia de la carrera judicial no generaron resultados significativos, era un paso importante hacia el objetivo de promover un sistema judicial de jueces independientes. No este sistema de justicia con jueces que están doblegados a los intereses de los políticos. Una creciente lista de casos respalda sólidamente este argumento. No hay que rebuscar mucho.
El panorama es bastante desolador y en los últimos años, con esta corriente revanchista que está debilitando el sistema de justicia y que tiene cooptado el sistema, se han dedicado a destruir y minar la independencia judicial.
Estas actitudes se evidencia en situaciones como la deliberada y estratégica negativa a elegir magistrados a la CSJ (incumpliendo el plazo constitucional y manteniendo a jueces que no son independientes) en la desafortunada reforma a la Ley de la Carrera Judicial, o bien se va a evidenciar en el juego de interés que se pondrá en juego en la elección del próximo fiscal general del Ministerio Público. El objetivo es muy sencillo y lo tienen bien claro: impunidad.
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La relación es muy fuerte entre la corrupción y un sistema de justicia cooptado. Las estructuras de “corrupción” necesitan de un sistema en donde no se investigue penalmente, en donde los jueces puedan ser objeto de presiones o bien, respondan directamente a estos intereses y, a su vez, el sistema en su conjunto funcione para protegerlos.
Por ello, se ha insistido en la necesidad de promover una reforma constitucional en materia de justicia que atienda los problemas del sistema y promueva una justicia independiente, eficaz y pronta. Lamentablemente, el Congreso está más interesado en ver de qué manera termina de destruir la independencia judicial.
Se nota que los fuertes intereses de las “estructuras de corrupción” buscan mantener un sistema judicial doblegado al poder político que les asegure impunidad. ¿Qué opina usted?
