La corrupción afecta a todos los sectores de la sociedad, debilita las instituciones democráticas y carcome las posibilidades para brindar políticas públicas que atiendan las necesidades de la población. No digamos el impacto que tiene para el desarrollo de los países.
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Ayer se celebró una vez más el Día internacional contra la corrupción con una campaña, impulsada a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), centrada en un mensaje que se debe impulsar desde diferentes sectores y con múltiples actores para establecer una agenda común de lucha contra la corrupción.
El lema “unidos contra la corrupción” invita a reflexionar sobre el impacto que este flagelo tiene en todos los ámbitos de la sociedad, que se agudizan más en contexto de desigualdad, debilidad y fragilidad institucional.
Hay una fuerte y muy estrecha relación entre las dinámicas-prácticas de corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos. En gran medida, esta relación se encuentra en la capacidad que tienen los Estados y sus instituciones públicas para brindar y generar servicios públicos para que se velen y respeten.
No hace falta descubrir el agua azucarada ni poner en duda que dos más dos es cuatro. La relación es muy clara y la fórmula es simple porque a mayor corrupción, la institucionalidad pública tiene menos capacidad para brindar condiciones en donde prevalezcan los derechos humanos. A su vez, a menor corrupción, la institucionalidad pública contará con más recursos y capacidad para responder a las demandas y necesidades básicas de su población.
Si estamos pensando en construir una sociedad próspera, con desarrollo humano, justa y equitativa, con oportunidades y en las que todos y todas puedan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones, esto pasa por limpiar la casa y eliminar la corrupción de las instituciones públicas.
Me refiero a un compromiso real y serio, no uno que venga disfrazado de un nacionalismo perverso que disfraza el gobierno, sus aliados y buena parte del sector empresarial, que en este momento buscan adornar sus acciones para que prevalezca la impunidad y la corrupción. Para ello, necesitamos de gobernantes legítimos que auténticamente incorporen en su actuar la transparencia, la ética, la probidad, la rendición de cuentas y que el uso que le den a los recursos públicos esté orientado al bien común.
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La lucha contra la corrupción no es de izquierdas ni de derechas, sino de funcionarios y representantes púbicos que se pongan al servicio de las principales necesidades de la población y que no vean el ejercicio político y público como el mecanismo para beneficiarse o sus estructuras clientelares.
Por ello, se necesita como en otros campos un esfuerzo común de aquellos actores y sectores que, además de manifestar un compromiso abierto con la democracia, le apuesten a impulsar acciones que erradiquen la corrupción, tanto en lo público como en lo privado. No caigamos en la trampa de encajonar la discusión en los marcos ideológicos de la izquierda y derecha si lo queremos simplificar, porque la corrupción no respeta ideologías.
Por ello, uno de los esfuerzos más importantes radica en tomar conciencia del impacto y lo que la corrupción representa como uno de los males sistémicos para que eso nos haga reflexionar y ojalá actuar para no tolerarla, denunciarla, condenarla socialmente y castigarla.
La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida, por la dignidad, por nuestros derechos y por la esperanza de vivir en una sociedad con desarrollo humano y oportunidades. Una Guatemala sin pobreza, sin exclusión, democrática, incluyente, en la que los sueños y las esperanzas tengan las condiciones para realizarse.
¡No más corrupción! ¿Qué opina usted?
