La conflictividad social no se debe atender con medidas autoritarias y represivas, sino que con elementos que permitan impulsar acciones democráticas, como el diálogo.
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Esta sin duda debe ser la lección que como país debemos extraer de la reciente imposición del estado de Sitio en Izabal. No es posible que el gobierno tenga como primera opción para “solucionar” la conflictividad social los estados de excepción, que empeoran la situación y no solucionan nada.
Lo que se está sucediendo en El Estor, Izabal, nos permite reflexionar sobre varios aspectos de la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico del país. En principio, la institucionalidad pública debe, dada las características y las condiciones socioeconómicas del país, tener acciones concretas y efectivas para atender de manera integral la conflictividad social.
Los principios orientadores de las acciones públicas deben ser elementos potenciadores para buscar el bien común y el bienestar para todos. Lo que está sucediendo en El Estor refleja todo lo contrario y muestra un actuar público que en lugar de buscar la unidad está dividiendo, que en lugar de buscar mecanismos de diálogo para atender la conflictividad está reprimiendo, haciendo prevalecer los intereses privados sobre el bien común.
Hubo una imagen que circuló en redes sociales en la que se ve cómo las fuerzas de seguridad pública resguardan los camiones de la empresa. Es lamentable ver que las autoridades son más efectivas para proteger los intereses de la mina que para proteger la vida y la seguridad de las personas. ¿En dónde están las prioridades?
La situación se pone peor si analizamos lo que está pasando desde la perspectiva de los derechos humanos. Por un lado, hay muchas dudas y cuestionamientos sobre el proceso de consulta que se está llevando a cabo para validar el funcionamiento de la mina. Se cuestiona legitimidad de los actores que están representando a las comunidades afectadas por la operación de la mina, si se está respetando el principio de buena fe que debe regir en este tipo de consultas, hasta los mecanismos que están utilizando para realizarla.
El espíritu de este tipo de consultas debe ser democrático, participativo, en donde los actores involucrados sean representativos. Las consultas deben asegurar que las personas y sus representantes den un consentimiento previo, libre e informado cuando hay proyectos que afecten sus vidas, territorios y otros recursos. Eso no se está configurando en este caso y es uno de los factores que alimenta el conflicto.
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Por otro lado, hay fuertes cuestionamientos hacia el respeto y la vigencia de los derechos humanos porque muchas organizaciones, medios de comunicación y personas han estado denunciando violaciones a los derechos humanos, allanamientos y detenciones ilegales.
La dimensión económica de este problema nos sitúa en la necesidad de cuestionar el modelo extractivo y los beneficios que genera para el país. Es claro, si analizamos las condiciones en las que esta industria opera, el balance termina siendo negativo. Desde una perspectiva de ver quién gana y quién pierde, el mayor ganador es la empresa. Este tipo de proyectos termina siendo un pésimo negocio para Guatemala porque pierden las comunidades, pierden los municipios, pierde el ambiente, pierde el fisco y perdemos todos.
Por ello, necesitamos apostar por inversiones que generen ingresos y empleo digno, que respeten la naturaleza, que valoren y respeten los derechos de los pueblos originarios y de todos los guatemaltecos, que contribuyan al desarrollo del país.
Además, necesitamos una institucionalidad que apueste por buscar soluciones democráticas para la conflictividad social y que deje a un lado las medidas autoritarias y represivas que complican los problemas y no solucionan nada. La vía es el respeto a los derechos humanos, el diálogo y abordar los conflictos de manera integral. ¿Qué opina usted?
