Los pronósticos para el clima democrático, si no se hace algo al respecto, son bastante preocupantes, analizando la tendencia autoritaria que se ha venido instalando en los últimos años y con mayor intensidad en los últimos meses, promovida por una alianza corrupta que busca impunidad y corrupción en el país.
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Las tormentas y los huracanes autoritarios y represivos se están instalando en la región centroamericana y nosotros no estamos ajenos a esta dinámica. En estos contextos, la incipiente institucionalidad democrática, la frágil estabilidad y gobernabilidad, así como el tímido y modesto desarrollo económico que alcanzamos con mucho esfuerzo están en peligro.
Las señales son preocupantes al ver la dinámica política reciente en la que se evidencian prácticas autoritarias y que van debilitando significativamente, en forma y en fondo, la institucionalidad democrática.
Estas preocupaciones que pongo sobre esta mesa de discusión están principalmente motivadas por la posición que tuvo el Gobierno de Guatemala en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que puso a consideración de sus miembros una resolución sobre la situación política en Nicaragua. En la misma se demandaba específicamente la liberalización de siete candidatos presidenciales de la oposición y 150 presos políticos.
La resolución se desarrolla en la antesala de un proceso electoral en el que Daniel Ortega, presidente del régimen autoritario, buscará una vez más su reelección en un evento electoral que no reúne condiciones mínimas ni básicas para ser un evento democrático y competitivo. Las elecciones en este tipo de regímenes se convierten en procedimientos de fachada que buscan “legitimar” la elección de las autoridades.
La posición de nuestro país, representada por la embajadora de Guatemala ante la OEA, fue de abstención. Hasta el momento no hay una explicación oficial del Gobierno guatemalteco sobre los elementos que consideraron y utilizaron para definir esa postura.
La discusión sobre este aspecto, por un lado, se puede realizar desde la dimensión de evaluar el papel que ha tenido el órgano regional en la zona, especialmente en la posición y el actuar que ha tenido frente a diversas crisis políticas y electorales que se han vivido en varios países del continente. La OEA no está ajena a la crisis que enfrenta el sistema internacional.
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Más allá de eso, es lamentable que el gobierno asuma una posición como la que prevaleció en el Consejo Permanente, deja en el ambiente una sensación bastante amarga en el clima político regional. Independientemente de la valoración que se tenga sobre la importancia del espacio y el organismo, es inconcebible que nuestra posición sea aceptar y tutelar este tipo de regímenes autoritarios.
No me extrañaría que el gobierno esté reafirmando su posición de no intervención y defensa de la soberanía. En términos muy prácticos, en nuestro caso estas posiciones nacionalistas representan más allá de un posicionamiento “ideológico”, un poco sin sentido y fuera de lugar, una defensa a la “soberana impunidad y corrupción”.
Espero que este apoyo del gobierno no sea visto como una aspiración a tomar como ejemplo el régimen autoritario de Nicaragua. No estamos lejos si vemos el proceso de cooptación de las instituciones por parte de redes político-clientelares apoyadas por élites económicas miopes que no ven los impactos que esto pude tener en nuestro futuro.
El gobierno está mostrando un preocupante desprecio hacia la democracia y está aceptando regímenes autoritarios que reprimen a la oposición, que no respetan el Estado de derecho, que persiguen y reprimen a la prensa, que generan elecciones de fachada y no competitivas arregladas para que un candidato salga favorecido. Esto es una señal muy preocupante. ¿Qué opina usted?
