La dinámica del Congreso de la República está paralizada y ha girado en torno al Covid-19. No hay agenda social, económica, ni claridad política en la dirección de este organismo. La Junta Directiva ha sido incapaz de articular esfuerzos y tejer una agenda legislativa de país, sino que, todo lo contrario, se ha dedicado a estar doblegada y obediente al Ejecutivo en una alianza oficialista que tiene cooptada la institucionalidad.
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Es un Organismo Legislativo muy fragmentado, sin dirección política, con un fuerte desgaste en su imagen, aceptación y legitimidad. Este escenario complejo es el que prevalecerá para jugar dos de las cartas más importantes que tiene la agenda legislativa en el horizonte inmediato: la aprobación del presupuesto y la elección de la Junta Directiva.
La primera de ellas ha dado inicio con una serie de audiencias en la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso en donde las instituciones públicas están presentando sus principales demandas presupuestarias para que sean consideradas en el dictamen que la comisión emitirá y someterá a aprobación en el pleno.
La alianza oficialista debe manejar estratégicamente la discusión y aprobación de este presupuesto dada la experiencia del año pasado, en el que masivas manifestaciones obligaron a dar marcha atrás a un presupuesto que fue aprobado de manera autoritaria, nada transparente y sin discusión pública.
La discusión no es nada fácil porque, aparentemente, la posición del oficialismo es buscar que el proyecto de presupuesto no se apruebe, que continúe el vigente, y que eso genere condiciones para manejar transferencias y movimientos de manera poco transparente y con controles limitados.
No obstante, tampoco la posición debería ser aprobar el presupuesto tal y como viene del Ejecutivo. Al contrario, es una oportunidad para entablar una discusión pública sobre las prioridades de política pública que el Ejecutivo impulsará el siguiente año. Este escenario obliga a generar espacios genuinos de negociación política y a buscar acuerdos para reformular el proyecto de presupuesto. Algo que considero que no está dispuesto el oficialismo.
Desde mi perspectiva, en la discusión del presupuesto se puede aprovechar para analizar el origen de los fondos que financiarán las actividades públicas, los objetivos de estas y las prioridades de país, entre otros aspectos importantes. Necesitamos un presupuesto que coloque en el centro las demandas de la ciudadanía y no que gire en torno a negocios y corrupción. Un presupuesto con prioridades claras, que sea ejecutado eficiente y transparentemente.
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Por otro lado, la segunda carta que se pondrá en el hemiciclo en lo que resta del periodo legislativo es la elección de la Junta Directiva. Un proceso político que desde mi perspectiva puede ser un parteaguas en la relación Ejecutivo-Legislativo, que lejos de desarrollarse en una lógica de pesos y contrapesos, se ha caracterizado por una abierta complicidad, y en algunos casos sumisión, borrando la independencia entre los poderes del Estado. La coordinación y articulación entre los poderes es necesaria, pero respetando el marco de acción y la independencia de cada uno de ellos. Esto último se ha desdibujado e instrumentalizado.
En este contexto será clave analizar los movimientos que impulsará la alianza oficialista. Las opciones no son muchas: Buscar la reelección del actual presidente, proponer otro diputado oficialista que cumpla esa función o dejar el espacio para que sea ocupado por alguno de los diputados de los bloques que han respaldado al oficialismo.
Lo evidente, desde la perspectiva democrática e institucional, es que la elección de la Junta Directiva permita dar un viraje radical a la manera en la que se está conduciendo el Congreso. Necesitamos un Organismo Legislativo que se ponga a la altura de las necesidades y las exigencias que estamos enfrentando y, para ello, una ventana de oportunidad puede ser un cambio en la dirección política. ¿Qué opina usted?
