La agenda legislativa para lo que resta del año parece girar en torno a dos grandes prioridades, que son la elección de la Junta Directiva y la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
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Más allá de la discusión de esos dos puntos, y especialmente de los acuerdos políticos y las formas que de manera descarada están utilizando para concretarlos, en la agenda no se perfila nada más. El oficialismo está colocando todas sus energías y esfuerzos políticos en salir bien parado de la discusión y aprobación de estos aspectos y en bloquear la juramentación de Gloria Porras.
No obstante, a pesar de este mar de incertidumbre legislativa en donde se percibe que los únicos dos barcos que probablemente lleguen a puerto son los anteriormente indicados, aparece la discusión sobre la reforma electoral.
De manera poco sorpresiva irrumpe en la discusión pública uno de los aspectos que ha tenido mucha atención y demanda de varios sectores sociales y actores políticos que depositan sus esperanzas de cambio en una eventual reforma electoral que democratice el sistema.
La apuesta desde mi perspectiva es válida, pero necesita para que cumpla con ese propósito que está sustentando la demanda, una discusión seria sobre los objetivos que se desean alcanzar con esta reforma y el tipo de modificaciones que se deberán realizar.
Pareciera que no hay necesidad de sentarnos cómo sociedad a pesar mucho sobre los aspectos que indicaba en el párrafo anterior. Ese, desde mi perspectiva, es el principal error que cometemos, porque si bien se han presentado innumerables propuestas de reforma y se han dado algunos espacios para discutirlas, necesitamos más diálogo y discusión al respecto.
La propuesta no es sentarnos para vernos las “mascarillas”, dirían por ahí, sino a abrir genuinos espacios de discusión en donde se analicen de manera profunda los problemas que enfrenta el sistema electoral y de partidos políticos.
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Una discusión que permita “desmenuzar” cada uno de los problemas y discutir soluciones para atenderlos. Esto pasa en principio por definir los objetivos de la reforma de manera muy clara y directa. Por ejemplo, no tenemos que reformar todo al mismo tiempo. Podríamos alcanzar un acuerdo que establezca una “gran ruta” de reforma electoral para los próximos 10 años.
Esta gran ruta parte de la necesidad de adoptar una vía incremental que permita perfeccionar los avances de las reformas de 2016 y corregir aquellos aspectos que no funcionaron bien, sin sacrificar los objetivos de los modelos.
Es peligroso el interés de varios actores que buscan impulsar una reforma regresiva y revertir los avances alcanzados. Eso sería un escenario contraproducente para la institucionalización del sistema electoral y de partidos políticos.
En el ambiente queda sin mucha claridad qué tipo de objetivos se busca con la reforma electoral. Lamentablemente, se respira un aire contaminado por aspectos que configuran un escenario regresivo en el que los principios de los modelos aprobados en las reformas de 2016 van a ser sacarificados.
Ojalá esté equivocado y este proceso de reforma, si se concreta, permita generar una discusión que establezca una ruta de reforma y perfeccionamiento de los sistemas de partidos y electoral de largo plazo. No pensar en parches y reformas aisladas. ¿Qué opina usted?
