La fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, una vez más toma una decisión sin sentido institucional, pero con un claro objetivo político, con pleno conocimiento y respaldo de los actores aliados que están respaldando sus acciones y que buscan consolidar el sistema de corrupción e impunidad.
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El nombramiento de José Rafael Curruchiche Cucul como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI– generó reacciones desfavorables tanto a nivel nacional como internacional. Esta acción alimenta el clima de insatisfacción, rechazo, y fortalece la demanda que varios actores manifiestan al solicitar la renuncia de la fiscal general.
Esta decisión pareciera que no tiene mucho sentido desde la perspectiva institucional y de gobernabilidad democrática. Si la fiscal de manera deliberaba cree que esto le ayuda a ganar oxígeno, tratar de rescatar un poco de credibilidad y confianza con la ciudadanía, y mostrar compromiso con el fortalecimiento institucional, contribuir a crear condiciones para la estabilidad democrática y la independencia de la Fiscalía, resulta que está muy equivocada.
Representa un desafío identificar o construir un sentido que justifique el fortalecimiento institucional a una decisión que lo único que logra es agudizar la crisis de confianza que enfrenta la fiscal general.
No logro entender, digo con un poco de ironía, la lógica que fundamenta las decisiones de la fiscal, porque pareciera que ella y su círculo más cercano de asesores viven en una realidad paralela, ignorando de manera burda la crisis que está desatando en el país.
O bien, por otro lado, las decisiones de la fiscal responden a una estrategia implementada con actores aliados como las estructuras políticas que tienen cooptado el sistema de justicia, el gobierno que también la ha respaldado y en solitario desde la sociedad, un sector empresarial que se ha atrincherado, con poco sentido democrático e institucional, también a defender las decisiones de la fiscal.
En este sentido, pareciera que los cálculos que hacen y el balance de la relación de poder institucional les hace pensar que las críticas y la inconformidad hacia las decisiones tomadas terminarán pronto. Los actores que están en la calle exigiendo su renuncia se cansarán y todo regresará a la normalidad. Es cuestión de sostener la peña.
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Por otro lado, la realidad con sus pinceles incesantes está marcando y pintando un escenario distinto. La fiscal con las últimas decisiones socavó por completo su confianza, se colocó en una posición muy débil, porque la crisis política puede convertirla en una moneda de cambio, que puede utilizar el gobierno para buscar ganar gobernabilidad y, además, si ella tenía la leve intención de reelegirse, esto sepulta cualquier posibilidad.
Los mensajes de desconfianza y rechazo aumentan cada día, no solo en el país, sino a nivel internacional. Basta con analizar las implicaciones que tendrán los movimientos que se han dado en Estados Unidos: En donde el exfiscal Sandoval fue recibido con los brazos abiertos por el fiscal general adjunto Bruce Schwartz, en el Departamento de Justicia, y condenaron la decisión de Consuelo; o el anuncio de la embajada de Estados Unidos sobre las medidas que pueden tomar a través de la cancelación de visas estadounidenses en apoyo a la democracia y contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las decisiones de la fiscal son un “sin sentido” democrático e institucional porque agudizan la crisis política y es una pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas que configura el escenario de cooptación institucional para promover corrupción e impunidad. ¿Qué opina usted?
