La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, terminó de tomar partido, despejando las dudas que se tenían sobre su compromiso con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. La última carta que jugó fue despedir al fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de manera repentina y con una legalidad cuestionable.
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Esta acción, desde mi perspectiva, tiene varias lecturas. Por un lado, es un mensaje simbólico que envían las redes político-clientelares y corruptas que tienen cooptado el sistema de justicia, al quitar una pieza del tablero que estaba comprometida con la lucha contra la corrupción e impunidad y que además representaba un alto riesgo para ellos.
No solo para las personas que están involucradas en los casos que se han ventilado, sino también para las que podrían estarlo. Por ejemplo, el exfiscal fue muy enfático en señalar que hay posibilidades de que el presidente Giammattei y personas cercanas a él estén vinculadas a casos de corrupción.
Sin duda, muchos celebraron con bombos y platillos la salida de Sandoval porque ven en el horizonte un escenario de impunidad que les promete una alianza que tiene cooptado el sistema de justicia.
Por ello, estas redes mandan un mensaje simbólico diciendo que están recuperando los espacios políticos e institucionales para promover un país en donde reinará la corrupción e impunidad. Que todos los avances logrados desde la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) se revertirán porque se tuvo la osadía de tocar intereses de élites corruptas y subrayan de manera explícita e implícita que eso jamás volverá a suceder.
Además del mensaje simbólico, la salida de Sandoval tendrá un efecto directo en los casos de corrupción que están en proceso judicial (si le sumamos la variable de la cooptación del sistema de justicia) y del trabajo que tendrá la FECI. Incluso podemos estar cerca del escenario en donde esa fiscalía sea disuelta si continúan con la idea tonta de vincularla a la existencia de la CICIG.
Esta movida pone cuesta arriba la lucha contra la corrupción e impunidad y configura escenarios bastante complejos porque estas redes ejecutaron con mucha precisión el plan que tenían para cooptar el Estado y especialmente el sistema judicial. Cada una de las piezas en el tablero fue colocada para promover corrupción e impunidad.
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Por otro lado, esta acción, además de ser una amenaza seria para la institucionalidad democrática y la gobernabilidad del país, también juega con una variable de política exterior con los Estados Unidos de América (USA, por sus siglas en inglés).
La expulsión de Sandoval representa una acción desafiante y retadora de parte de estas estructuras corruptas al vecino del norte, que había puesto de manifiesto en las visitas de la vicepresidenta de USA y de otros altos funcionarios del Gobierno de ese país una plena confianza y un irrestricto apoyo al exfiscal y a la FECI, que representaba, luego de la salida de la CICIG, la esperanza institucional en materia de la lucha contra la corrupción e impunidad.
La gobernabilidad e institucionalidad democrática están en riesgo por una red de políticos corruptos que cooptaron las instituciones y esto compromete nuestro futuro. Afortunadamente, las reacciones de rechazo y descontento están cada día creciendo más a la luz de exigir renuncia del presidente y de la fiscal general, que brindaría una posibilidad para reconfigurar el balance de poder. ¿Qué opina usted?
