La semana pasada estuvo girando en las redes sociales un video que mostraba un grupo de hombres denominado “Los Polleros”, que se dedica a traficar ilegalmente a personas a México, que agredió a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Este video evidencia que estos criminales tienen más recursos y capacidades que las autoridades locales, lo cual merece un análisis y propuesta.
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Coincidentemente, ese mismo día, el CIEN realizó una apreciación de las tendencias del Crimen Organizado Transnacional, que indica que no existe una definición universal del tema. Sin embargo, se entiende que abarca delitos cometidos en diferentes países o un país, cuando son perpetrados por extranjeros. Ahora bien, ¿quiénes los cometen? La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional indica que son grupos de tres o más personas, formados no de manera aleatoria, con un período de tiempo de existir y que actúan de forma premeditada para cometer un delito punible con al menos cuatro años de prisión, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material.
Algunos de los campos son: a) Trata de personas y migración irregular, b) Narcoactividad, c) Tráfico ilícito de armas y violencia, d) Lavado de dinero y otros activos, e) Falsificación de moneda, documentos y bienes, f) Tráfico ilícito de recursos y bienes, g) Extorsión y estafa, h) Juegos de azar y apuestas ilegales, i) Amenazas a la ciberseguridad y j) Otros.
Estos delitos mueven muchísimos recursos ilícitos, razón por la cual es importante referirse al papel que juega la corrupción en el crimen organizado transnacional. Si bien sus diferentes formas constituyen acciones criminales per se, esta también constituye una base que otorga más libertad de acción a los grupos criminales. Socava el Estado de derecho y promueve la impunidad; distorsiona los mercados y facilita el lavado de dinero y la continuidad de los grupos; distrae a los gobiernos de sus funciones básicas; y, en última instancia, menoscaba la calidad de vida de los ciudadanos.
Los estudios demuestran que durante la pandemia del Covid-19, los confinamientos, cierres de fronteras y otras medidas sanitarias interrumpieron también las actividades lucrativas de las organizaciones criminales transnacionales. Afectaron el abastecimiento, producción, transporte, distribución y venta de ilícitos. Sin embargo, los grupos criminales también buscaron formas de adaptarse y encontrar nuevos espacios para realizar sus actividades. También aprovecharon para generar mayor acercamiento local, apoyando a las comunidades.
El CIEN señala que para combatir a los grupos organizados criminales es importante la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional. A nivel local es importante el trabajo coordinado entre organizaciones gubernamentales relacionadas con el tema. En Guatemala existe el Sistema Nacional de Seguridad, pero no contempla a todas las instituciones que pueden realizar acciones. Algunas son mencionadas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero hacen falta mecanismos para su coordinación. La cooperación debería ir dirigida a la articulación para el desarrollo de acciones conjuntas, traslado de información y mejora de capacidades, entre otras. El presupuesto nacional no es suficiente para combatir a estos grupos organizados que cuentan con muchos más recursos.
El CIEN concluye que el campo de acción del crimen organizado transnacional es tan amplio y complejo que en la práctica puede abarcar la comisión de cualquier tipo de delito conforme los grupos los utilicen para alcanzar sus fines. Los grupos criminales organizados evolucionan constantemente y se adaptan a nuevas circunstancias con más rapidez que las instituciones que los persiguen. Por su posición geoestratégica y otros factores, Guatemala representa un espacio clave para la acción de grupos y redes criminales transnacionales, especialmente de las que realizan transacciones desde y hacia Estados Unidos. El combate del crimen organizado transnacional no es unilateral, debe existir cooperación entre países, además de la capacidad de coordinación y acción interinstitucional a todo nivel.
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Las recomendaciones van enfocadas en: 1) Actualizar y armonizar la normativa vigente en el país para que responda a la forma en que evoluciona el crimen organizado transnacional. 2) Generar una política marco, que sea base para otros instrumentos específicos de política pública, así como planes y programas que sirvan como guía para la acción individual y/o conjunta de las instituciones relacionadas y para la formulación y la reorientación presupuestaria. 3) Realizar una actualización a nivel institucional que parta de la mejora de procesos y procedimientos, incluya el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para enlazar a las instituciones y la ciudadanía, y lograr más flexibilidad en la capacidad para la acción y la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional. 4) Revisar el estado y alcances de la cooperación internacional, buscando su institucionalización con base en objetivos comunes y reglas claras, definiendo los roles y obligaciones de cada país, de sus instituciones y otros actores involucrados.
El reto es grande, sin embargo se debe hacer frente para lograr mayor seguridad ciudadana y crear el ambiente propicio para el desarrollo del país. ¿Cómo se puede organizar el Estado de Guatemala para combatir el crimen organizado trasnacional? ¿Qué estrategias se pueden realizar en el corto plazo para fortalecer a las instituciones como la PNC? ¿Ha sido usted víctima de uno de estos delitos?
