El presidente, Alejandro Giammattei, está enfrentando una crisis política muy severa derivada del pésimo manejo que su gobierno ha tenido de la pandemia y sus efectos en la economía y en otras áreas de la vida de nuestra sociedad. Estamos en el fondo del ranking de los procesos de vacunación en América Latina y una reciente encuesta de opinión coloca al gobierno como el segundo peor evaluado en la región.
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La ineficiencia e incapacidad de este gobierno se está traduciendo de manera trágica en miles de muertes, un creciente y descontrolado contagio que en esta nueva ola, con la presencia de nueva cepas -más agresivas y contagiosas- y una población sin vacunas, configura un escenario crítico de salubridad. La situación se hace más compleja con la variable de un inexistente plan de vacunación que está descansando en la caridad de otros países que nos han donado vacunas.
El gobierno no acepta ni se responsabiliza del pésimo manejo de la pandemia y del plan de vacunación. Además, está tratando de saludar con sombrero ajeno con las donaciones. No es posible que las autoridades y los responsables, no solo políticos, sino también técnicos de atender la pandemia, ante los riesgos que la población tiene al no estar vacunada, hayan dejado por un lado el bien común y la salud de los guatemaltecos.
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Las autoridades han sido sumamente indolentes, indiferentes e incapaces de brindar explicaciones contundentes sobre el proceso de compra de las vacunas. Por el contrario, ha primado una actitud de resistencia y opacidad, que sumada a la poca credibilidad y confianza que tiene frente a la población, lo único que el gobierno ha logrado es alimentar una creciente ola de críticas y dudas; en las que desafortunadamente se percibe que está más interesado en esconder los negocios, que tristemente y de manera desalmada se presume han hecho con la compra de las vacunas, que en brindar explicaciones y vacunar a la población.
En este escenario, varios actores han salido en los últimos días con posicionamientos públicos exigiendo la renuncia del presidente. La demanda está fundamentada principalmente por el pésimo manejo de la pandemia y que como principal responsable político debe asumir su responsabilidad y renunciar.
Esto ha generado una discusión sobre la pertinencia y el impacto que la renuncia tendría en el manejo de la pandemia y la institucionalidad democrática del país. En este segundo aspecto hay algunas voces que de manera poco coherente argumentan que este tipo de demandas generan inestabilidad, que no es lo más adecuado en estos momentos y que además termina siendo una suerte de salida no democrática e institucional.
No está de más hacer un par de reflexiones sobre algunos elementos que deberían considerarse y, desde luego, se alejan por completo de las posturas que ven como inoportuna y peligrosa la renuncia del presidente. Que los actores políticos y sociales presenten este tipo de demandas es un acto completamente democrático e institucional.
En un sistema democrático es legítimo y legal que actores, al momento de estar en una crisis política e identificar que el liderazgo no tiene la capacidad para solucionar y salir de ella, pidan las renuncias de los responsables políticos. No representa un golpe de Estado ni mucho menos son demandas que desestabilizan, sino que puede representar una oportunidad para salir de la crisis y dar gobernabilidad y estabilidad, algo que no tenemos en este momento y que necesitamos.
Al contrario, los sistemas democráticos como el nuestro tienen contemplados los mecanismos institucionales y constitucionales para atender este tipo de situaciones. De hecho, no hay que ir muy lejos en la historia y regresar a revisar lo sucedido en la crisis política de 2015, cuando activamos estos mecanismos y ante las renuncias de la vicepresidenta y el presidente se dieron las sucesiones en el marco de la institucionalidad y del sistema democrático.
Por ello, la discusión no debe concentrarse en si es democrático, institucional, legal, legítimo o constitucional, no solo pedir la renuncia, sino eventualmente, si esta se da, que se activen los mecanismos para la elección de las nuevas autoridades. La discusión política debe estar orientada a analizar los elementos que sustentan la solicitud de renuncia del presidente (la crisis sanitaria, política, económica y social) y las acciones que se deberían tomar para generar estabilidad y gobernabilidad política en el país. ¿Qué opina usted?