“Buscando una mejora en la justicia criminal”

María del Carmen Aceña
"La situación es propicia para que las instituciones del sector de la justicia criminal se modernicen, usen la tecnología y mejoren su eficiencia".
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Para impartir justicia penal en Guatemala, se debe buscar que todas las instituciones que interactúan funcionen como un sistema. La eficiencia de cada una de estas, como la del sistema, es medular para utilizar los recursos de manera óptima y brindar este servicio a los ciudadanos de forma pronta y cumplida.

La denuncia o la flagrancia de un delito activa el sistema, puede ser en la Policía Nacional Civil (PNC) o en el Ministerio Público (MP). Luego de un análisis, se decide si se desestima o investiga. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, adicionalmente se requiere apoyo del Instituto de las Ciencias Forenses (Inacif), organización encargada de realizar los estudios de peritaje. Después, el MP presenta sus indicios ante un juez e inicia el proceso judicial. Si el presunto imputado no cuenta con recursos para contratar un abogado, el Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP) lo apoya durante el juicio. A los sindicados se les da medida sustitutiva o son puestos en prisión preventiva en el Sistema Penitenciario (SP). Después de una absolución, los acusados gozarán de libertad o guardarán prisión por motivo de una condena.

El proceso es largo y puede tomar varios años si no se planifica, coordina y cuenta con recursos. Conociendo la importancia de lograr una justicia criminal ágil, la Coalición por la Seguridad diseñó el Flujograma de Justicia Criminal, herramienta que mide los niveles de eficiencia del sistema y de las instituciones que lo integran. Además, permite identificar cuellos de botella y realizar planes de mejora a nivel institucional y sistémico. Recientemente, se presentó el Flujograma de Justicia Criminal 2020. Es de señalar que fue un periodo en el que Guatemala se vio afectada por la pandemia del Covid-19. La acción que más se generalizó alrededor del mundo fue la restricción de todo tipo de actividades, lo que modificó las condiciones en las cuales se prestaron algunos servicios públicos, dentro de estos, la justicia.

La eficiencia global cuantifica el desempeño del sistema, calculando la relación entre los casos que han salido de forma definitiva de un año, con la suma de los que ingresaron ese mismo año y los acumulados de años anteriores. La eficiencia global del año 2020 fue 24.9%. Esto significa que de cada 100 casos en el sistema se le dio salida a 25. Si se compara con el año anterior, hubo una caída en la eficiencia de 6.9%.

Debido a que el año pasado hubo menos delincuencia y el Organismo Judicial (OJ) estuvo parcialmente cerrado, el sistema de la justicia criminal recibió 94,160 casos menos que en el año 2019 (decremento del 19%). Pese a esa ventaja, se resolvieron 27% menos, equivalente a dejar de tramitar 151,254 casos.

El desempeño individual de cada institución se mide por medio de la eficiencia anual. Este indicador establece una relación entre los casos que la institución ha atendido en un año determinado, dividido entre la sumatoria de los casos que ingresaron en el año analizado, más los que vienen acumulados. Un indicador superior a 100 refleja que la institución resolvió una cantidad de casos superior a la cantidad que recibió y que está reduciendo casos pendientes de años anteriores. De la misma manera, una eficiencia por debajo de 100 significa que la institución en determinado año generó un aumento en la cantidad de casos pendientes de atender por parte de la institución.

El Inacif logró mejorar su eficiencia respecto al año pasado de 96.4% a 99.7%. EL MP, aunque bajó su eficiencia respecto al año 2019, logró un 111.6%, lo que significa que evacuó más casos de los que le ingresaron, reduciendo un poco su mora. El IDPP bajó de 82.6% a 73.9% y la institución que presentó el mayor desafío fue el OJ, reduciendo su eficiencia de 48.3% a 38.7%. El SP mantuvo un nivel de hacinamiento similar al del año anterior, con una ocupación del 372%.

La pandemia provocó un mayor uso de tecnología para permitir la prestación virtual de servicios. Por ejemplo, las instituciones del sector de justicia se coordinaron para realizar audiencias de manera virtual, iniciando en junio de 2020. El año pasado se llevaron a cabo 6,716 audiencias en esta modalidad y en lo que va del presente año se han celebrado 7,385. El MP amplió el tipo de delitos que puede ser denunciado de manera virtual, recibiendo en 2020 un total de 7,143 denuncias por esta vía (mientras que en 2019 se recibieron 643). El Inacif estableció los protocolos requeridos para que se realizaran de manera virtual 268 evaluaciones psicológicas forenses en 2020 y en lo que va del presente año han realizado 431. Asimismo, autorizó que 476 funcionarios de 1,226 realizaran teletrabajo. En general, muchos de los proyectos implementados ya se encontraban en consideración; la llegada de la pandemia aceleró su puesta en marcha.

La situación es propicia para que las instituciones del sector de la justicia criminal se modernicen, usen la tecnología y mejoren su eficiencia. Es muy importante que, con los datos presentados, cada una de las organizaciones realice planes de mejora, tomen acción y tracen una meta de eficiencia individual y global para este año. También se sugiere integrar al Inacif a la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia. Se ve de suma importancia concluir el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones que lleva dos años de retraso y digitalizar el sistema. Evaluar procesos, reducir cargas de trabajo y establecer métricas es determinante para la mejora continua. ¿Qué opina del desempeño de la justicia criminal? ¿Cómo presionar al Congreso para que elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué incentivos pueden tener las instituciones para mejorar sus procesos?

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