La narcoactividad angustia mucho. Por ser una actividad ilícita donde opere provocará corrupción, violencia, crimen, debilitamiento y destrucción de las instituciones. Guatemala se encuentra entre los países que han sufrido en las últimas décadas este flagelo. Es claro que la droga, especialmente la cocaína, se produce en el sur de América y se consume en su mayoría en el norte, utilizando a los países del Centro y del Caribe para su traslado, ya sea por la vía aérea, marítima o terrestre.
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Lamentablemente, varios exfuncionarios públicos han sido señalados de estar involucrados en este negocio y posiblemente hay otros, pero no tan evidentes. Algunos han sido detenidos o condenados. Se escucha que atrapan miembros de los cárteles en distintos países de Latinoamérica y que los extraditan a los Estados Unidos. Sin embargo, es un negocio tan rentable que acabar con sus cabecillas no será suficiente.
Preocupa recibir calificativos como narcogobiernos o narco Estados hacia los países de la región, no solo por ser una injusta generalización y tratarse de expresiones muy difusas. Es más, ni la Real Academia Española las contempla, por lo que el solo utilizarlas provoca una gran controversia.
Recientemente, el CIEN hizo un pequeño estudio donde se aborda el tema “El mito del narco Estado”. De las múltiples definiciones el diccionario Oxford lo define como “un Estado cuyo gobierno, poder judicial y militar han sido infiltrados por cárteles de la droga, o donde el tráfico ilegal de drogas está dirigido de manera encubierta por elementos del gobierno”.
Algunos académicos han analizado y escrito al respecto. David Jordan en 1999 define cinco fases con el “Índice de indicadores de narco-estatización” según el cual los países pueden clasificarse de acuerdo con el grado de corrupción de su régimen político debido al narcotráfico, en: 1) Incipiente, 2) En desarrollo, 3) Serio, 4) Crítico, y 5) Avanzado.
La fase incipiente está relacionada con sobornos a funcionarios de bajo nivel, el aumento del consumo generalizado de drogas y el creciente apoyo cultural al consumo. La segunda fase, denominada desarrollo, contempla el crecimiento del apoyo de miembros del gobierno al consumo de drogas, las actividades antidrogas son retiradas de las instituciones educacionales y culturales y el gobierno está infiltrado o dirigido por funcionarios a favor. La fase que obtiene el grado de “serio” contempla soborno masivo y corrupción de funcionarios públicos, considerables intimidaciones; incluido el asesinato de funcionarios que se resisten, corrupción de funcionarios policiales y judiciales locales y regionales.
En el extremo del índice se señala la fase de narco-estatización crítica y avanzada. La crítica contempla corrupción en altos niveles de la policía nacional y del sistema judicial, extorsión endémica más que soborno; policías de alto nivel ingresan al narcotráfico, protegen la actividad y autorizan asesinatos políticos. Incluye financiamiento de periodistas por capos de la droga y se conoce quienes son estos periodistas. La fase avanzada señala que los ministerios y además el Poder Judicial están relacionados con el crimen organizado. El presidente está rodeado de funcionarios implicados. Posible complicidad de la propia presidencia, el presidente puede ser acusado de Capo di Tutti Capi (jefes de todos los jefes) y el público no se sorprende.
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Pierre-Arnaud Chouvy (Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia) argumentaba en el año 2015 que en muchas ocasiones el término narco Estado es utilizado sin siquiera llegar a definirlo con exactitud. Menciona que no hay una definición generalizada del mismo. El carácter esquivo del término explica gran parte de su poder discursivo. El término se ha usado para deslegitimizar un Estado con el fin de interferir políticamente en él.
Chouvy propone tres criterios para declarar un narco Estado: 1) La superficie de tierra cultivable cubierta por cultivos ilícitos de drogas (en términos absolutos y relativos), 2) El tamaño de la economía de las drogas ilegales en relación con la economía en general y, 3) El patrocinio estatal de la producción de drogas ilegales y/o tráfico.
CIEN señala que actualmente ninguna institución u organización ha definido una escala consensuada para catalogar a un “narco Estado”. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNODC- en la encuesta sobre el opio en Afganistán en el año 2006 mencionaba que “Afganistán está pasando de ser una narco-economía a un narco Estado”, sin definir exactamente qué significaba eso. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional indicaba en el año 2003 que ese mismo país estaba acercándose progresivamente a ser un “narco Estado” y daba una amplia definición de este como aquel en “donde todas las instituciones legítimas son penetradas por el poder y riqueza de los traficantes”.
Por lo tanto, no solo se trata de señalar a los países, sino de abordar el tema de forma integral. La narcoactividad en un país avanza de manera rápida, dinámica y devastadora; Guatemala no es la excepción. Si deseamos combatir la corrupción, es indispensable una estrategia firme y contundente contra esta actividad ilícita. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado repetidamente su compromiso con el combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte, razón por la que es indispensable contar con políticas locales y regionales para contrarrestar la narcoactividad. Esperamos que la conversación que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente Alejandro Giammattei y su visita en junio se concreten acciones para hacer frente a este flagelo. ¿Cómo combatir el narcotráfico? ¿Cuál es la situación actual de Guatemala? ¿Qué tipo de apoyo se requiere de Estados Unidos para cambiar esta amenaza?
