La pandemia, sin duda, ha tenido un impacto muy fuerte en nuestras vidas. Hemos vivido cosas que no imaginábamos que en algún momento íbamos a hacer, decir o ver. Aún no termina este tormento sanitario y el Covid-19 ha desnudado la fragilidad institucional, económica, política y social en la que vivimos. Nos puso frente al espejo y lo que vemos no es agradable.
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Una interesante reflexión que surge de una publicación presentada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es sobre la importancia que tiene, en nuestros contextos, la protección social universal.
No le demos más vueltas al asunto. Resulta impostergable que como sociedad nos sentemos a pensar en las vías que permitan generar condiciones y establecer un marco institucional que brinde protección social universal. Considerando que es uno de los mecanismos fundamentales que contribuye a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población.
Además, que el esfuerzo debe estar orientado a que la protección social universal se convierta en un derecho y no en un privilegio, como lamentablemente sucede en nuestro país, en donde la seguridad social tiene una cobertura muy limitada, dejando una importante proporción de la población desprotegida, agudizando los cuadros de exclusión, pobreza y marginación. No está de más recordar los preocupantes números, que la misma CEPAL ha publicado, sobre el incremento de la pobreza y extrema pobreza en la región, y Guatemala no es la excepción.
Por ello, no debemos pasar por alto la recomendación que la CEPAL hace para toda América Latina. Uno de los datos interesantes que la CEPAL resalta en el estudio es, como ellos lo califican -nunca antes visto-, el nivel de gasto público que en la región se utilizó para contrarrestar la caída de la economía por la pandemia, que sumo el 24.7% del producto interno bruto (PIB) total de Latinoamérica.
Las preocupaciones de la CEPAL están en la línea de evitar que la pobreza siga en aumento y que los países de la región continúen perdiendo su productividad. En este sentido, desde la perspectiva de la acción pública, la comisión considera necesario extender los apoyos a los sectores más excluidos y vulnerables de una manera más estratégica.
La publicación argumenta que el gasto gubernamental tendrá que invertirse en “transformar las economías y las sociedades” de la región para seguir enfrentando los efectos de la pandemia e impulsar una recuperación económica. Esto, en la línea de los pasos que nos permitan continuar avanzando en el desarrollo. Enfatiza en la necesidad de un gasto público con una orientación estratégica que apoye la transformación productiva, basada en criterios de sostenibilidad ambiental y a la vez priorice el desarrollo de sistemas de protección social universal.
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Nos merecemos y podemos construir como sociedad un sistema que brinde protección a los sectores más excluidos, que nos permita transitar de un modelo de “desprotección universal” a una en donde este derecho, la protección social, sea resguardado y prevalezca.
Evidentemente, este proceso debe involucrar a los actores productivos del país, trabajadores y empresarios, al sector público, instituciones especializadas y otros actores que puedan aportar a la discusión. ¿Qué opina usted?
