La semana pasada se contó con la visita de funcionarios de Estados Unidos de parte de la Casa Blanca encabezada por Ricardo Zúñiga, delegado para el Triángulo Norte de Centroamérica por el gobierno de Joe Biden. Durante una conferencia de prensa, se refirió a tres mensajes clave: 1) Aclarar que la frontera de los Estados Unidos está cerrada, 2) Crear las vías legales para que las personas no tengan que atravesar la frontera de forma ilegal y generar condiciones para los vulnerables que desean cruzar, y 3) Trabajar en conjunto con los países del Triángulo Norte buscando fortalecer el Estado de derecho e impulsar una mejoría en condiciones en Centroamérica a mediano y largo plazo.
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Obvio que los Estados Unidos está preocupado por la cantidad de migrantes menores de edad de la región que han ingresado de forma irregular en los últimos tres meses. Según la “Agencia Nacional de Noticias Télam”, la Patrulla Fronteriza encontró a 18,663 niños y jóvenes no acompañados en la frontera con México en marzo 2021, muy por encima de los récords previos de 11,475 de mayo de 2019 y de 10,620 de junio de 2014.
La situación no obedece exclusivamente a los desafíos que presentan nuestros países en materia de desarrollo y oportunidades, sino a la decisión del presidente Biden de revertir las políticas inmigratorias del expresidente Donald Trump aplicada a los migrantes irregulares menores de edad. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la gran diferencia con respecto al gobierno de Trump es que más niños están siendo admitidos en suelo estadounidense en lugar de expulsados bajo una orden de salud pública por causa del Covid-19. Además, Biden prometió una política migratoria más abierta y canceló un programa de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio extranjero.
Estos anuncios se regaron como polvorín en la región centroamericana, donde los familiares y los operadores conocidos como “coyotes” aprovecharon la situación para convencer a la gente de arriesgar su vida para migrar. Actualmente, los albergues fronterizos en Estados Unidos se encuentran abarrotados y han tenido que improvisar lugares para atender a los migrantes menores de edad, lo cual tiene un alto costo para ese país, no solo económico, sino que también político.
La pregunta es: ¿Cómo solucionar la situación? Lo más importante es conocer las causas y motivaciones por las que migran los guatemaltecos a Estados unidos con el fin de ir buscando soluciones conjuntas. Es de señalar que, aunque se habla del Triángulo Norte como región (Guatemala, Honduras y El Salvador), los datos muestran que los tres países no son homogéneos.
Según un estudio del BID titulado “Tras los pasos del migrante” del año 2019, basado en una encuesta en Estados Unidos, casi el 90% de los migrantes guatemaltecos reportaba razones económicas como la principal motivación para abandonar su país de origen -el desempleo (43%), la falta de trabajo suficiente para cubrir las necesidades (22%) y los bajos salarios (15%)-.
Muchos de los migrantes guatemaltecos tenían trabajo en su país, quienes en su mayoría buscaron inicialmente una estadía transitoria en Estados Unidos, con la idea de regresar; mientras menos de una tercera parte de los hondureños y salvadoreños lo miraban como temporal.
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En el caso de los migrantes guatemaltecos, solo el 11% que se encontraba separado de sus hijos pensaba traer a alguno de ellos -en comparación a más del 25% de Honduras y El Salvador-. Siete de cada 10 envían remesas a su país, en comparación con la mitad de los hondureños y los salvadoreños. Los progenitores eran los destinatarios de remesas más frecuentes (68%), seguidos de hermanos (14%), hijos (10%) y cónyuges (9%). Nueve de cada 10 guatemaltecos invirtieron sus remesas en necesidades básicas (alimentación, vestuario, agua, luz, gas y teléfono).
Los guatemaltecos reportaron ahorrar en mayor proporción y las inversiones están concentradas en el país de origen. Más del 50% de los migrantes informó tener ahorros. Solo un 2% de los migrantes guatemaltecos comentó haber comprado una casa en Estados Unidos, en comparación con un 7% y un 8% en el caso de los migrantes hondureños y salvadoreños, respectivamente. Solo una tercera parte de los migrantes guatemaltecos mantiene sus ahorros en Estados Unidos.
Ante los estudios y las cifras, lo que es urgente es generar el desarrollo para los guatemaltecos. Esto requiere una modernización del país, con servicios públicos de calidad, certeza jurídica, ambiente para la inversión y el fortalecimiento del Estado de derecho. Generar más y mejores empleos debería ser la meta. Debemos partir por realmente disminuir la desnutrición crónica, una educación para todos que genere las competencias para la vida, principalmente laborales para lograr empleos dignos. Es de seguir trabajando en mejorar la seguridad ciudadana y hacer más eficiente la justicia. La gestión pública está obsoleta, razón por la que la pandemia es una oportunidad para transformar procesos y digitalizar la mayoría. El avance de la tecnología es de aprovechar. La corrupción pareciera un mal endémico, que crece; sin embargo, no contamos con una medición precisa de esta, razón por la que debemos generar mecanismos transparentes y eficientes para ir eliminando estas prácticas. Sin embargo, esto tomará tiempo y requerimos estrategias de corto plazo. ¿Qué tal una política más agresiva de trabajo temporal regularizado en Estados Unidos para guatemaltecos?
Tengamos fe en Guatemala y en sus habitantes, hombres y mujeres de bien que trabajan cada día por lograr un mayor bienestar. Solicitemos apoyo a los países desarrollados como Estados Unidos para lograr nuevas condiciones y diseñar un sueño propio donde cada uno logre su potencial. ¿Qué opina de un trabajo temporal regularizado en Estados Unidos? ¿Cómo generar más empleos formales en Guatemala? ¿Qué debemos hacer para avanzar en una estrategia de desarrollo del país?
