Pasó la Semana Santa y luego de un descanso los guatemaltecos recuperamos los retos que plantea la realidad nacional. Muchos son los temas como la vacunación, el retorno a clases, la reactivación económica, la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad y la seguridad ciudadana.
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Ahora deseo enfocarme en la seguridad ciudadana, en especial al homicidio de mujeres. En los últimos meses se ha difundido dentro de la población sentimientos de miedo, indignación y frustración al respecto. Se percibe que en Guatemala ha aumentado la violencia en general, en especial contra las mujeres. Pero aquí lo importante es guiarse por la evidencia de los datos y estadísticas, y no dejarse manipular por falsas tendencias creadas en las redes.
Con el objeto de aportar información objetiva, el CIEN elaboró un estudio titulado “Homicidios con rostro de mujer”. Es importante aclarar que no todo homicidio contra una mujer es femicidio. No existe una definición universal para el femicidio, hay diferentes definiciones teóricas y también legales. La definición del delito en el marco legal guatemalteco demanda tres condiciones: a) La víctima debe ser una mujer y el victimario un hombre, b) La muerte se da por la condición de ser mujer y c) Existía una relación de poder desigual entre la víctima y el victimario.
El CIEN señala que Guatemala ha sido un pionero en Latinoamérica, ya que fue el tercer país latinoamericano en introducir el delito de femicidio en su legislación, por medio de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008). Además, se ha ido fortaleciendo la institucionalidad para darle seguimiento. A partir de 2010 se puso en funciones la justicia especializada en género por medio de los Juzgados y Tribunales con competencia en Delitos de Femicidio, con presencia actual en 11 departamentos y adicionalmente una Sala de Apelaciones. También se creó la Fiscalía contra el Femicidio en 2016. Se ha capacitado constantemente al personal en temas de género, violencia contra la mujer y atención a la víctima para lograr un abordaje eficiente y especializado. Recién el mes pasado se inauguró el Modelo de Atención Integral de las Mujeres Víctimas de la Violencia -MAIMI- para mejorar la coordinación interinstitucional en la atención integral a las mujeres víctimas de violencia y también prevenir que estas se conviertan eventualmente en víctimas de femicidio.
Con los datos del Observatorio de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL, el CIEN señala que la tasa promedio de femicidios para 2019 fue de 1.6 femicidios por cada 100 mil mujeres. Guatemala se encuentra relativamente arriba del promedio (tasa de 1.8). El observatorio destaca las tasas más altas de femicidio en Honduras (6.13), El Salvador (3.29), República Dominicana (2.85), Trinidad y Tobago (2.83), Bolivia (2.1) y Brasil (1.81). El país con la tasa más baja es Costa Rica (0.55).
El estudio de CIEN demuestra que el promedio de muertes violentas de mujeres se ha mantenido durante los últimos seis años en un 15% en comparación a un 85% de hombres. De los delitos que causan estas muertes violentas de mujeres, alrededor de la mitad son homicidios, una cuarta parte asesinatos y uno de cada cinco son femicidios. En 2020 por primera vez se registraron más femicidios (27%) que asesinatos (22%), posiblemente por la pandemia que causó una reducción de la delincuencia general. Desde 2016, las muertes violentas de mujeres han ido bajando continuamente (-41%). Respecto a los femicidios, estos aumentaron 11% entre 2015 y 2017, pero hubo un descenso en los años que siguen de más de una tercera parte. Importante resaltar que la tasa nacional de femicidios en Guatemala bajó de 2.5 en 2017 (205 casos) a 1.5 en 2020 (130 casos). Esta reducción se debe al seguimiento de alertas tempranas en casos de violencia y agilización judicial de estos casos, un mejor acceso a las Fiscalías de la Mujer para la denuncia y la implementación de la medida de protección del botón de pánico.
Los departamentos más afectados por este delito se sitúan en la región Oriente del país. Para 2020, Jutiapa, Zacapa y Baja Verapaz registraron tasas de femicidios de dos a cuatro veces mayores que el promedio nacional de 1.6; otros departamentos que también han tenido tasas altas son Chiquimula y El Progreso.
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Adicionalmente, ha mejorado la justicia respecto a este delito. Entre 2015 y 2020 se han emitido anualmente un promedio de 50 sentencias por femicidio, con excepción de 2020, durante el cual se llegó a 22 sentencias. Esta disminución se explica por la pandemia durante la cual el Organismo Judicial suspendió sus actividades durante varios meses. El 80% de todas las sentencias han sido condenatorias.
¿Qué recomienda el CIEN al respecto? Es importante enfocar esfuerzos para la prevención de los femicidios con intervenciones focalizadas y tempranas, así como campañas de información. Muchas mujeres víctimas desconocen que el Estado tiene una institucionalidad para apoyarles, por esto es importante dar a conocer el MAIMI y monitorear y evaluar el desempeño de este nuevo modelo de atención. Es determinante seguir fortaleciendo las instituciones de persecución y judicialización de femicidio, dotándoles de suficiente personal y capacitación, así como lograr una presencia geográfica suficiente para garantizar el acceso. Adicionalmente, se ve crucial profundizar en el estudio y comprensión de las dinámicas propias de este delito para lograr su reducción continua. ¿Conoce mujeres víctimas de violencia en su hogar? ¿Cómo lograr que las víctimas denuncien? ¿Qué tan difícil es cambiar la cultura machista en Guatemala?
