La elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) está inmersa en una compleja crisis política que evidencia la necesidad de impulsar una reforma que efectivamente asegure la independencia judicial. Necesitamos sentarnos a pensar y configurar un diseño institucional que sacuda del sistema a las redes político-clientelares que están incrustadas para promover impunidad.
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Esta discusión está alimentada por los resultados que se están dando en este proceso de elección, que ha generado, además, una crisis política y de gobernabilidad, y ya está anunciada una jornada extensa de manifestaciones, una intrincada estrategia jurídica que busca cambiar el aparente rumbo que podría tomar la nueva CC.
Por ello, la atención está puesta en lo que está haciendo cada uno de los órganos encargados en designar a los magistrados, tanto titulares como suplentes. El Congreso de la República esta semana colocó las primeras dos piezas en el tablero.
La Junta Directiva del Congreso junto con la alianza oficialista impulsó un proceso que representa un grave retroceso en materia de publicidad, transparencia y objetividad. Esta decisión afecta por un lado el proceso mismo, pero también afecta la legitimidad de los candidatos y eventualmente la de la CC. No consideraron varias propuestas que la oposición presentó para impulsar un proceso distinto.
Lo más lamentable de esta decisión es que se perdió una valiosa oportunidad para impulsar una discusión que permitiera, más allá de conocer y analizar bajo criterios objetivos a cada uno de los candidatos, una reflexión sobre el momento político que atravesamos y, en función de ello, tomar una decisión y elegir a los magistrados que aseguraran una CC independiente. Algo que está siendo fuertemente cuestionado por actores que dudan de la imparcialidad de las personas designadas.
Al momento de escribir esta columna se está desarrollando la elección en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, en medio también de fuertes cuestionamientos, procesos legales en los que se revelan redes muy complejas que se han dedicado a cooptar el sistema de justicia. Ojalá que a pesar de estas acciones no prevalezcan estos intereses y este órgano denominador elija a personas comprometidas con la independencia judicial.
Hoy es el turno del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que realizará la segunda vuelta. Un proceso también empañado por investigaciones penales y acciones judiciales. En este caso, nosotros, los agremiados (abogados y notarios, politólogos, internacionalistas, sociólogos y carreras afines), tenemos un compromiso con la independencia judicial.
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En síntesis, esta semana al menos tres de los cinco órganos denominadores habrán cumplido su tarea. Quedará el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como los órganos que designarán a los magistrados en los próximos días. Estos procesos también han sido criticados desde la perspectiva de la transparencia y se han presentado cuestionamientos a algunos candidatos, en el caso de la CSJ, y algunos nombres que se han rumorado en el Ejecutivo.
Por ello, más allá del resultado de los diversos procesos y cómo eso vendrá a configurar escenarios políticos que eventualmente afectarán la gobernabilidad democrática del país y vulnerarán la independencia judicial, hay un aspecto que no tenemos que perder de vista: la reforma del sistema de justicia. ¿Qué opina usted?
