Esta semana presenciamos una vez más otra poco audaz triquiñuela legislativa de parte del bloque oficialista. En esta ocasión el interés era impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) que modificara la norma que regula la constitución de los bloques legislativos.
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Usted se preguntará cuáles objetivos busca el bloque oficial y sus aliados para presentar una iniciativa de este tipo. De igual manera, aparecen preguntas sobre los efectos y los resultados que provocará esta reforma en el sistema de representación política. No digamos los fuertes cuestionamientos que se pueden hacer a las formas nada democráticas y bastante autoritarias e impositivas que están utilizando para impulsarla. No me dejarán mentir, pero este tipo de acciones despiertan muchas sospechas y alimentan la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia los diputados y al Congreso en su conjunto.
El objetivo de esta reforma es cambiar la legislación para brindar salidas “legales” a los problemas que enfrentarán, en un futuro muy cercano, varios diputados que se quedarán sin partido. Hay varios procesos de cancelación de partidos políticos en curso que alimentarán ese escenario.
El problema se agudiza cuando varios diputados que integran la Junta Directiva del Congreso de la República y que presiden varias comisiones de trabajo se queden sin partido político. Según la LOOL, no pueden seguir integrando la Junta Directiva (JD) ni presidiendo esas comisiones. Generando condiciones para que se tenga que elegir una nueva JD y asignar esas comisiones de trabajo legislativo, utilizando los criterios proporcionales establecidos en la LOOL, a otros partidos políticos. Los diputados independientes no tienen el derecho de integrar estos órganos y pierden espacios de acción política.
Por ello, el interés de la alianza oficialista, anticipándose a este escenario, es mantener el control y actual balance de poder de la JD. Este factor es clave, principalmente para favorecer sus intereses de cara a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y designar al magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. De esta manera, se entiende, por ejemplo, el retraso intencional e injustificado en la elección de los jueces de la CSJ que responde a una estrategia que busca cooptar el sistema de justicia y es en ese contexto donde tener el control de la JD termina siendo un recurso político clave y fundamental. Evidentemente, no están dispuestos a perder ni a que ese balance de poder cambie. Hay muchos intereses externos e internos en juego.
En ese sentido, el miedo y la incertidumbre por las posibilidades que se genere un escenario de elección de una nueva JD hace que el bloque oficial y sus aliados asuman unos costos políticos altos y estén en plena disposición para impulsar de manera apresurada una cuestionada reforma sin discusión, burlando el interés general y utilizando de manera irresponsable mecanismos del proceso de formación de la ley, sin generar espacios de discusión y reflexión.
Nadie niega que eventualmente este tipo de aspectos deben ser discutidos. No obstante, en un marco democrático que asegure un ambiente de análisis y reflexión, no solo de la importancia y conveniencia, sino también desde la perspectiva de los efectos y resultados que este tipo de reformas tendrán en el sistema de representación política. No con triquiñuelas legislativas ni mucho menos con reformas coyunturales de este tipo. ¿Qué opina usted?
