¿Quién no se indigna con la desaparición y muerte de una niña de 8 años? Un incidente la semana pasada realmente doloroso para la familia y la sociedad. Ahora, ¿cómo evitar a futuro que vuelva a pasar? De forma natural, un evento tan deplorable provoca una búsqueda arrebatada de un culpable, para lo que las autoridades reciben el peor desgaste, pese a haber detenido prontamente a una mujer de 41 años, sospechosa de recibir un pago por el secuestro, y a otro joven de 20 años al que se presume responsable. Es de recordar que desde el año 2010 el Sistema de Alerta Alba-Keneth trabaja en la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o sustraídos. La Coordinadora del sistema está conformada por siete instituciones. Para su funcionamiento cuenta con líneas de acción que se rigen por su misión, visión y valores. (https://www.albakeneth.gob.gt/) Cuando se tenga conocimiento de la desaparición o sustracción de un niño, niña o adolescente, se debe presentar denuncia de manera inmediata en las subestaciones y sedes de la Policía Nacional Civil (PNC), oficinas de atención permanente del Ministerio Público (MP), delegaciones departamentales de la Procuraduría General de la Nación (PGN), sede de la Unidad Operativa o llamar al teléfono 1546 de la Unidad Operativa o al 110 de la PNC.
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Según publicó un diario, de acuerdo con Suilma Cano, jefa de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, del 1 de enero al 9 de febrero de 2021 se habían activado 590 alertas, de las cuales 354 ya fueron desactivadas porque los menores fueron localizados. Si se compara con los mismos meses del año anterior, los datos fueron similares, en enero se habían activado 454 y en febrero 466; cifras que durante la pandemia fueron bajando especialmente en abril, para luego volver a la escala anterior. Según la PGN, en el año 2020 se activaron 4,930 alertas Alba-Kenneth mientras que en el año 2019 fueron 6,590.
De acuerdo con un análisis realizado por el CIEN el año pasado a octubre, dos terceras partes de los desaparecidos se encontraban entre 15 y 17 años, 9% entre 9 y 12 años, 7% entre 5 y 8 años y un 17% de 0 a 4 años. La mayoría son de sexo femenino (68%), especialmente entre los 13 y 17 años. Más del 70% son localizados.
Según una entrevista a la licenciada Cano, se ha establecido que en la mayoría de los casos los menores se van de sus casas porque son víctimas de maltrato e incluso violencia sexual de parte de algún pariente cercano. También resaltó que los departamentos con mayor incidencia durante 2021 fueron: Guatemala con 223, Escuintla 46, Quetzaltenango 38, Petén 28 y Santa Rosa 25. La funcionaria asegura “que la rapidez con la que se coloque la denuncia es vital para activar la alerta que, a su vez, ingresa en todos los mecanismos de seguridad nacional y en fronteras”.
Ante la situación, ¿qué hacemos? Por un lado, es de suma importancia prevenir y proteger a los niños, por el otro fortalecer a las instituciones. La prevención de la violencia y el delito implica un cambio importante en el comportamiento de las personas, iniciando con el núcleo familiar. Hace una década se hizo una encuesta a nivel nacional en la que se preguntaba a las personas quién o quiénes eran los mayores responsables en prevenir la violencia y el delito. La mayoría de los encuestados respondió que las personas, los padres de familia y las comunidades. Respecto a cómo disminuirla se mencionó la importancia de la educación, especialmente en valores. Cuando se preguntó cuál autoridad era importante, muchos señalaron a alcaldes, seguido por la policía y otras instituciones. También se resaltó el papel de los medios de comunicación en informar.
Luego se formularon muchas propuestas, se modificó la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-. Además, se creó el tercer Viceministerio de Seguridad, que una de sus funciones es diseñar, formular, ejecutar, coordinar y monitorear las políticas, planes, programas y proyectos de prevención de la violencia y del delito que incidan en la seguridad ciudadana. En el año 2014 fue lanzada la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, y luego se diseñó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 2017-2027 para su implementación.
El desafío es que realmente funcione la prevención. En primera instancia se requiere una agenda de desarrollo. Es imperante contar con salud y calidad educativa para todos los niños y jóvenes. Debe buscarse que los jóvenes generen su proyecto de vida y logren alcanzar sus sueños. Por medio de las escuelas se llega a los padres y madres de familia. Se necesitan docentes íntegros que apoyen a la comunidad educativa. Las organizaciones basadas en la fe también son valiosas para llegar a los hogares. Generación de empleo y oportunidades son fundamentales. Los alcaldes pueden colaborar en la prevención, especialmente si se colabora con la PNC y se trabaja un plan por municipio que busque la armonía y la paz.
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Definitivamente, la coordinación interinstitucional, buenos sistemas de información y alertas tempranas contribuyen a ser más asertivos. Denunciar es crucial al igual que las instituciones actúen pronto. Las redes sociales permiten a la población informar rápidamente, pero también hay un gran riesgo de fomentar miedo, poca paciencia y desesperación.
Tenemos por delante un gran desafío. Cada uno de los guatemaltecos tiene una tarea importante en prevenir la violencia y el delito. Trabajemos todos juntos, fomentemos la responsabilidad individual, fortalezcamos las instituciones y logremos que los niños y niñas no sufran de maltrato. ¿Cómo evitar el maltrato en los hogares? ¿Cómo organizarse en su barrio para evitar la desaparición de niños y adolescentes? ¿Qué se requiere de las autoridades para mejorar la situación?
