Hay varios refranes que se podrían utilizar para tratar de evidenciar la miopía o la mezcla de los mezquinos intereses que tienen varios actores por terminar de cooptar el sistema de justicia y las instituciones del Estado para asegurarse un manto de corrupción e impunidad.
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Esta situación es preocupante porque el futuro democrático del país está en grave riesgo. Veamos casos cercanos en Nicaragua y Venezuela, solo por citar un par de casos, que pueden ejemplificar lo que termina sucediendo cuando alianzas entre políticos, empresarios, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado cooptan la institucionalidad pública.
La receta que han seguido principalmente en Latinoamérica varios partidos, o pseudopartidos que se convierten en instrumentos de estas mafias, vinculadas a redes de políticos corruptos, el narcotráfico y el crimen organizado, está asociada con ejecutar planes articulados para cooptar progresivamente las instituciones del Estado. Entre ellas, un objetivo clave es tener el control del sistema de justicia para lograr impunidad, sin castigos ni penas por los delitos que cometan.
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Este malévolo juego de intereses y procesos políticos e institucionales, que son desvirtuados e instrumentalizados por estos grupos, para alcanzar estos terribles fines, ayudan a explicar un poco los intereses que están sobre la mesa en la coyuntura nacional. De manera descarada estamos frente a un asalto al sistema de justicia. Las batallas se están materializando en la elección de los magistrados a las Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia (que tiene un año y medio de retraso) y ahora con la Corte de Constitucionalidad, que ha terminado siendo el último bastión en donde estos grupos no han tenido mucho control.
Probablemente, usted pensará que este tipo de procesos no le afectan y que son parte de los “juegos políticos” que caracterizan a nuestra desacreditada política. No obstante, esto tiene efectos en el sistema democrático, las instituciones, el desempeño económico, entiéndase la inversión y las oportunidades de empleo y desarrollo económico.
Los países que terminan siendo gobernados por estos grupos se hunden en la desigualdad, la pobreza y la exclusión. No digamos en las profundas crisis políticas de gobernabilidad que alteran la inestabilidad del sistema. En los peores casos se evidencian violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas a los opositores, ataques a la libertad de prensa, ya que no toleran ni se aceptan las críticas y cuestionamientos. En nuestra historia política reciente está aún viva esa etapa negra de represión y autoritarismo.
En este sentido, los actores que están impulsando, articulando y respaldando el avance que tienen estos actores para cooptar el sistema de justicia “están viendo llover y no se están persignando”. Esa visión miope, mezquina y de intereses espurios nos va a hundir en una profunda crisis política y económica.
Los mensajes que están enviando y las preocupaciones que cada vez varios actores, tanto internos y como externos, están manifestando como señales de alarma, sumadas a las acciones que varios están impulsando para tratar de detener la ofensiva de estos grupos para cooptar el sistema de justicia nos debe de interesar y deberíamos de apoyar. En estos contextos el que calla, consiente y permite explícita o implícitamente y se convierte en cómplice. Por ello, tenemos que repudiar estas acciones e identificar no solo a los actores, sino también evidenciar los intereses que los están moviendo.
No perdamos perspectiva que la independencia judicial está al acecho y el plan que tienen los grupos vinculados con políticos corruptos, el narcotráfico y el crimen organizado, aliados en una perversa alianza, están poniendo en riesgo la estabilidad política, la gobernabilidad, la democracia y el sistema de justicia. Estamos condenando nuestro futuro y cercenando las posibilidades para que, en medio de una crisis económica agudizada por el impacto del Covid-19, se impulse el desarrollo humano integral. ¿Qué opina usted?