Como dice el dicho: “Toda escoba nueva barre bien”. Así pensaban varios guatemaltecos que iba a suceder con el Congreso de la República luego de la toma de posesión de la IX Legislatura en enero del año 2020.
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Recientemente, la Alianza por un Congreso Eficiente presentó el informe de las actividades del primer año analizando temas como la actividad legislativa, asistencia de los diputados al pleno, comisiones de trabajo, acceso a la información, recursos humanos y presupuesto.
Respecto a la actividad legislativa, se presentaron 200 iniciativas, solo 80 fueron trasladadas a las comisiones para su análisis y únicamente 18 recibieron dictamen. En 2020 se aprobaron 34 decretos, 13 de los cuales fueron aprobados de urgencia nacional. La mayoría de los decretos fueron para aprobar y ampliar el estado de Calamidad o normas relacionadas con la pandemia de Covid-19 y aprobación de préstamos.
El Congreso sesionó en el pleno durante 69 días. A pesar de la emergencia sanitaria, se registró una alta asistencia de los diputados.
Se encontró que 32 diputados (20% del total) asistieron al más del 90% de los días sesionados, mientras que 10 asistieron al menos el 50%, algunos de ellos tuvieron licencia por tiempo indefinido para ausentarse debido a problemas de salud.
Con relación a las comisiones de trabajo, siempre se da seguimiento a cinco; sin embargo, el año pasado la de Legislación y Puntos Constitucionales no fue integrada ni se nombró presidente. De las cuatro restantes, la mayoría cumplió con el mínimo de sesiones requeridas y hubo mejora en el quorum de asistencia a estas. De 26 sesiones que realizaron las cuatro monitoreadas, en 21 se contó con quorum de votación, consistente en la asistencia de la mitad más uno de los integrantes. Aún así, hubo algunos meses en que las comisiones hicieron las dos sesiones del mes en un mismo día, esto se observó en la mitad de las 26 sesiones realizadas, lo cual no tiene sentido. No todas las sesiones fueron grabadas en medios audiovisuales.
Hubo avances en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aunque persisten desafíos. De una revisión realizada a la página web del Congreso, el resultado es que se está cumpliendo con el 90% de lo requerido por la LAIP, lo cual es una mejora notable respecto al 66% de cumplimiento observado en el mes de junio pasado.
Al darle seguimiento a la cantidad de empleados del Congreso, se observó que en 2020 tuvo la cifra más alta de los últimos cinco años, con 2,355 empleados contratados en noviembre. Se observó una pequeña reducción en los empleados fijos en el renglón 011, pero un aumento drástico de los empleados temporales. En 2020 había contratadas 926 personas en el renglón 022, esto representa un aumento del 57% respecto a 2016 (591).
En el renglón 029 había contratadas 152 personas, un 73% más que las contratadas en 2017 (88). Además, en estos renglones de personal temporal se contrataron 400 personas para realizar labores administrativas. La ley interna no contempla usar estos renglones presupuestarios para contratar personal administrativo.
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El presupuesto devengado en 2020 fue el más alto de los últimos cinco años, a un costo de Q783.5 millones (Q4.9 millones por diputado). Aun con las crisis sanitaria y económica que significó la pandemia del Covid-19 para el país en 2020 y la lenta recuperación económica pronosticada a futuro, el Congreso contrató más personal y aumentó su gasto.
En resumen, se identificó un cambio en las prioridades legislativas debido al Covid-19, lo cual no permitió avanzar en otros temas importantes para el país. La asistencia de los diputados a las sesiones del pleno fue alta, las comisiones de trabajo monitoreadas cumplieron con las sesiones del mes y su asistencia mejoró.
Aumentó la contratación de empleados temporales lo que se reflejó en un aumento del gasto. Lamentablemente, se sigue incumpliendo algunos aspectos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL- tanto en las comisiones como en la contratación de personal.
Para lograr un Congreso eficiente, la Alianza recomienda como primer punto generar una agenda para modernizar el país e implementar un gobierno digital. Para lo primero es necesario mejorar la coordinación entre los distintos órganos del Estado para colaborar en la agenda legislativa y contar con una hoja de ruta. Con relación al gobierno digital, el Congreso puede ser el primer órgano del Estado en realizarlo. Por ejemplo, las sesiones de las comisiones pueden ser virtuales y además filmadas.
Aunque los datos están en la página web, la información es tediosa en organizarse; por lo tanto, se recomienda generar un reporte automatizado de la asistencia de los diputados a las sesiones del pleno. Esto dará la posibilidad que los ciudadanos den seguimiento a la asistencia de sus representantes. También se recomienda mantener el cumplimiento de la LAIP respecto a la información que debe ser de acceso público.
Actualmente, el Congreso cuenta con 38 comisiones de trabajo, lo cual por el número de diputados (160) se considera muy alto. Se recomiendan pocas comisiones, pero que realmente cumplan su misión de revisar o generar iniciativas de ley con sustento técnico y bien fundamentadas. Es necesario en todos los aspectos que los disputados cumplan la LOOL con relación a las comisiones de trabajo, la contratación de personal temporal, aspectos administrativos y de información.
Debe adecuarse el presupuesto de 2021 a las prioridades del país. Se recomienda ser austero, no contratar más personal y si se requiere invertir en infraestructura, es de suma importancia la transparencia en la adquisición o construcción del bien inmueble.
Será un año importante para la reactivación económica y social, así como para iniciar la modernización del país. Estamos pendientes de las reformas al presupuesto, tema que mostró ser muy sensible para la población. ¿Qué opina de este Congreso? ¿Cómo lograr que todos los diputados respeten su propia ley? ¿Cuáles son las prioridades para el presupuesto de 2021?